El Gobierno facilita la escolarización de niños sin papeles de Melilla, y el PP le acusa de “marroquinizar” la ciudad

Son las cinco de la tarde. Hace calor y huele a harera, una sopa típica de la ruptura del ayuno en Ramadán. Alrededor de una mesa se sienta Malika, que ha recibido la visita de Sabah. Algunas de sus hijas permanecen durante un rato atentas a la conversación de las mujeres hasta que empiezan a jugar entre ellas. La escena transcurre en el salón de una vivienda construida ilegalmente en la Cañada de Hidum, el barrio que reúne los datos más dramáticos de abandono escolar, paro y delincuencia de Melilla.

Aunque la ciudad autónoma tiene una población censada de 86.384 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cifra deja fuera a las familias que, como Malika y Sabah, cruzaron la frontera desde Marruecos para establecerse en Melilla y no cuentan con un permiso de residencia.

A pesar de la ausencia de registros oficiales, el presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, estima que la cifra de personas que residen en Melilla sin papeles ronda las 20.000. En el caso de Malika, ya han pasado más de 18 años desde que abandonó Nador para marcharse definitivamente a la ciudad autónoma. Sabah se fue Marruecos hace casi siete años, tras quedarse embarazada.

Desde entonces, las dos mujeres residen en la ciudad autónoma en situación administrativa irregular, una circunstancia que se extiende a sus hijos e hijas, quienes por ahora no han conseguido la admisión en ningún centro educativo de Melilla. La hija de Sabah, de seis años, tampoco tiene tarjeta sanitaria, a pesar de haber nacido y crecido en la ciudad autónoma.

Una puerta abierta

Un hecho hace pensar a las dos madres que sus hijos e hijas podrían correr mejor suerte a partir del próximo curso escolar: la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, al frente del socialista Juan Ángel Berbel, ha cambiado los requisitos documentales y ahora sí acepta el pasaporte de los menores como documento válido y necesario para su matriculación.

Anteriormente se exigía el padrón o la tarjeta de residencia, lo que dejaba fuera a cientos de niños que viven en la ciudad sin papeles. Ahora solo se solicita a efectos de baremación, abriendo la puerta a la presentación de documentos alternativos que permitan acreditar que los menores residen de forma habitual en la ciudad autónoma.

“Ya hemos entregado las solicitudes y estamos a la espera de respuesta”, expone Malika con cierta ilusión contenida y algo de nerviosismo. Su hija Latifa*, de nueve años, reacciona dando pequeños brincos al escuchar a su madre diciendo que podría ir a un colegio a partir de septiembre. “La niña me llora todas las mañanas cuando ve que la vecina va a la escuela y ella no”, añade la mujer.

Latifa, como sus hermanos y hermanas, acude a la Residencia de Estudiantes Musulmanes Marroquíes, un centro que se ubica en la ciudad autónoma pero cuyos estudios no son homologables en el sistema educativo español.

Antecedente en la escolarización

La aceptación del pasaporte no es el primer paso recorrido para escolarizar a niños que, según concluye la Dirección Provincial de Educación, residen en Melilla sin papeles. A principios del curso, tras una campaña de Prodein, la institución accedió a matricular a unos 120 menores tras demostrar mediante documentos alternativos que vivían en la ciudad. Sus familiares presentaron las tarjetas sanitarias de los pequeños, libros de familia y facturas que tenían acumuladas en las que constaban las direcciones de los domicilios. La ONG ha sido el apoyo de padres e hijos que, hasta entonces, tropezaban año tras año con la negativa de Educación.

Palazón sostiene que todavía hay una veintena de familias a la espera de que sus hijos sean admitidos en los colegios de la ciudad. “Después de la matriculación extraordinaria de septiembre ocurrió algo que es de vergüenza: hubo niños que asistieron a la escuela un tiempo, cerca de un mes, pero los propios colegios les dijeron que no podían seguir acudiendo”, cuenta.

Según el activista, fue una decisión de Educación que se justificó en que los niños no disponían de tarjeta sanitaria y, en consecuencia, no podían demostrar su arraigo. No obstante, Palazón está convencido que esta medida fue “el resultado de la vergonzosa presión que ejerció el ala más conservadora” de Melilla. El director provincial, Juan Ángel Berbel, no ha respondido a las llamadas ni a los mensajes de eldiario.es.

“Marroquinizar” la ciudad

En plena campaña electoral, el asunto de la escolarización de niños sin permiso de residencia, “niños que vienen de Marruecos” según los partidos locales de PP y Vox, ha vuelto a causar la polémica. Según el presidente de la Ciudad Autónoma (PP), Juan José Imbroda, la aceptación del pasaporte como documento válido supone “una línea roja infranqueable” porque, según argumenta, contribuye a la “marroquinización” de la ciudad autónoma.

De hecho, Imbroda ha afirmado ante los medios locales que, de no haber rectificación por parte de Educación, el PP actuará con “movilizaciones, concentraciones, movimientos populares o denuncias”. El PP ya denunció al director provincial en septiembre tras la escolarización de 120 niños sin papeles alegando que se había matriculado a “500 niños marroquíes” y que supuestamente se había cometido un delito de prevaricación administrativa. Ahora amenaza con una nueva querella.

El PP y Vox se oponen ahora a la posible matriculación de “niños de Marruecos” argumentando que la Educación melillense no podría soportar ese peso. Sin embargo, Melilla lleva años siendo la ciudad española con el número de alumnos por clase más alto del país y asistiendo a un aumento demográfico de la población –el más alto de toda Europa- que no ha ido acompañado de la apertura de nuevos centros educativos. 

Ante la reacción de los partidos conservadores, la candidata socialista a la presidencia de Melilla, Gloria Rojas, ha respondido asegurando que no se matriculará a ningún niño que no demuestre estar viviendo en la ciudad. “Si los padres presentan documentación que acredite que los menores residen en Melilla, se escolarizarán; si no lo pueden acreditar, no se escolarizarán. Que quede claro, dejen de lanzar mensajes falsos con el objetivo de alarmar a la población”, ha mantenido la número uno del PSOE local.

La dificultad del arraigo

Para Malika, que ha tenido a sus dos hijos y a sus cinco hijas en la ciudad autónoma, es “injusto” que se asuma sus niños no están empadronados porque proceden de Marruecos. “Hay muchos como los míos que son hijos de Melilla, han nacido aquí y han crecido aquí, y también tienen derechos”, responde la mujer. Además, no comprende que se niegue la existencia de estos menores porque, asegura, el Gobierno local sabe que viven en la ciudad.

“Cada año viene una asistente social a casa para comprobar que los niños están bien y también tienen que venir para ver que vivimos aquí cuando solicitamos la tarjeta sanitaria”, dice Malika, en lo que coincide con varias familias que están en la misma situación. Ni el consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ni la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) respondieron a este medio para contrastar que, como afirman las familias, son asistidas por trabajadores sociales.

Según explica una abogada melillense especializada en materia de arraigo social –quien prefiere que no se cite su nombre-, es “mucho más complicado” que se conceda un permiso de residencia en Melilla que en cualquier otra ciudad española y destaca el “especial celo” que tiene la Administración local a la hora de estudiar y resolver las solicitudes.

Al respecto, esta letrada explica que en Melilla, por ser territorio transfronterizo, sí se exige un permiso de residencia legal para poder empadronarse, a diferencia del resto de territorio nacional. “Es una forma de evitar la picaresca”, argumenta, aunque este mismo padrón se exige a su vez para acceder a la residencia. “Es una pescadilla que se muerde la cola, aunque con matices”, señala.

Frente a este laberinto se encuentra Mariem*, que está a punto de alcanzar los 18 años. Ella también nació y creció en la ciudad autónoma, invisible a los ojos de la Administración. A sus padres le denegaron cada intento de regularizar su situación, por lo que tampoco tiene documentación. “Hace un año le dije a mis padres que me iría a un centro de menores porque esta sería la única forma de que me dieran los papeles y poder tener un futuro”, detalla la mejor.

Según cuenta, aunque en un principio sus progenitores se opusieron, terminaron entendiendo que difícilmente tendría más opciones de acceder a un permiso de residencia. “Es muy triste que tenga que recurrir a esto siendo de Melilla, pero tampoco vi que tuviera otra salida”, dice Mariem. La menor confía en que algún día pueda residir de forma legal en su ciudad natal.