Oxfam advierte del mayor riesgo a la pérdida de empleo de los migrantes y del aumento de la pobreza por la pandemia

Colas ante uno de los puntos de reparto de alimentos habilitados en Madrid.

La crisis del coronavirus no afectará de la misma manera a toda la población. Los inmigrantes, con fuerte representación en los sectores precarizados más afectados por la pandemia, parten de una situación de vulnerabilidad extra, con un 149% más de posibilidades de perder su empleo que los ciudadanos españoles, según Oxfam Intermón. Por esta razón, el impacto social de la COVID-19 puede provocar que "una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza en España sea una persona inmigrante", alerta un nuevo informe de la organización.

La ONG ha publicado este martes el informe No es momento para la austeridad, elijamos dignidad, en el que destaca algunos colectivos vulnerables a la pérdida de empleo en esta crisis derivada de la pandemia –como los migrantes, los jóvenes y las mujeres– y también alerta del posible aumento de la pobreza este año. Una de sus estimaciones apunta que en 2020 podría haber 700.000 personas más en riesgo de pobreza en España, aunque la proyección no se tiene en cuenta la implantación del nuevo ingreso mínimo vital para las familias con menos recursos.

Las estimaciones de la ONG, realizadas a través de la evolución de la afiliación de la población extranjera tras la declaración del estado de alarma, apuntan a que el 27,7% de la población activa de nacionalidad extranjera estará en situación de desempleo en 2020, lo que supone nueve puntos más que antes de la crisis del coronavirus y casi diez puntos por encima de la tasa de desempleo prevista para la población de nacionalidad española, que sitúa en torno al 17,7%.

Su advertencia se basa en el estudio de las diferentes tasas de desempleo existentes por nacionalidad en los últimos diez años: la población inmigrante, con gran representación en los sectores afectados por la crisis, presenta un 149% más de posibilidades de perder su empleo que los ciudadanos españoles.

"Las personas migrantes suelen tener una mayor precariedad laboral y serán las primeras en caer", afirma Iñigo Macías, coordinador de investigación en Oxfam Intermón. "Hay tres colectivos más afectados: la gente joven, las mujeres y las personas migradas. Por sus características laborales ya vemos que, en los primeros latigazos de la crisis, son los que más han sufrido", añaden desde la ONG.

El informe señala que la tasa de pobreza de la población inmigrante no comunitaria podría pasar del actual 50% al 56,8%, una tasa de crecimiento de más del doble respecto del promedio de la población total. Para los residentes extranjeros ciudadanos de la Unión europea, matizan, las cifras se reducen.

"De los sectores más afectados por la pérdida de empleo, el 70% lo componen personas de niveles de cotización bajo, con salarios más bajos. Un ejemplo se da en la hostelería y la construcción, donde hay una fuerte representación de empleados migrantes", apunta Macías.

Aunque el estudio se centra en la población extranjera en situación regular, debido a la inexistencia de datos sobre la situación de las personas sin papeles, Oxfam Intermón advierte de la mayor vulnerabilidad soportada por los inmigrantes que carecen de documentación en regla. La ONG recuerda que la crisis de la COVID-19 "ha expuesto nuestra intensa dependencia de la población migrante, que concentra su actividad económica en el empleo del hogar y los cuidados, la producción y recogida de alimentos, y el transporte de bienes, entre otros sectores y actividades clave".

Muchos de los trabajadores de estos sectores esenciales en pandemia residen de manera irregular en España, recuerda Oxfam. "Mantener a personas migrantes en la irregularidad y la informalidad viola sus derechos y limita su contribución al mantenimiento y la reconstrucción de nuestra sociedad común", denuncia la ONG, por lo que solicita al Gobierno la regularización de quienes se encuentran sin papeles, como ya han pedido más de 200 organizaciones.

"Debe aplicarse de forma estricta el principio de no discriminación, particularmente en base a la situación administrativa. La situación de irregularidad administrativa aumenta exponencialmente la vulnerabilidad de las personas frente a la emergencia sanitaria, social y económica", reiteran desde la ONG.

Más personas en riesgo de pobreza este año

Oxfam subraya que, dado que la crisis de empleo generada por la COVID-19 está impactando "sobre todo a las familias de rentas más bajas y con contratos más precarios", su previsión es que la pandemia provoque un aumento de la pobreza en el país. La organización estima que la población en riesgo de pobreza este año 2020 alcanzará el 23,1%. El estudio no tiene en cuenta la implantación del Ingreso Mínimo Vital para hogares de escasos recursos, que unas 255.000 personas ya cobrarán este 26 de junio, ya que la Seguridad Social está reconociendo su prestación de oficio.

Iñigo Macías reconoce la limitación de la predicción de aumento de pobreza al no tener en cuenta esta nueva política social, pero explica que en el momento de la realización del informe no podían determinar con exactitud qué población quedaría cubierta por la renta mínima estatal. "Y todavía no podemos saberlo bien", añade. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé que el ingreso mínimo vital llegue a unas 2,3 millones de personas, pero ese reconocimiento se logrará poco a poco, conforme se tramiten las solicitudes.

Con los datos de previsión de aumento del paro al 19% y de caída del PIB 9% para este año, en sintonía con los cálculos de varias entidades, los investigadores de Oxfam Intermón prevén que la pandemia empuje a miles de personas a la pobreza. "La población que se concentra en los deciles de renta más bajos son los que tienen más probabilidades de quedarse en paro", advierte Macías, según los datos del INE.

El estudio contempla que el número de personas que vive bajo el umbral de pobreza en España "podría aumentar en más de 700.000 personas, hasta alcanzar los 10,8 millones" este 2020.

La ONG se refiere a la población en pobreza relativa, es decir aquellas que viven con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana. El ingreso mínimo vital se dirige a la población que afronta situaciones de pobreza más aguda, por lo que muchas de ellas mejorarán su situación, saldrán de la pobreza extrema o muy alta, pero seguirán por debajo del umbral de pobreza relativa.

"Estas mismas estimaciones apuntan a un importante aumento de la desigualdad, como resultado del diferente impacto económico y social, que afecta de manera especial a las rentas más bajas", advierten también los investigadores, que estiman que en términos relativos, el decil más pobre de la sociedad española "podría llegar a perder, en términos proporcionales, más de ocho veces la renta que pierde el decil de renta más alto". De nuevo, este cálculo no tiene en cuenta el impacto del ingreso mínimo vital.

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