Los Mossos detectaron 59 casos de matrimonios forzados en Catalunya desde 2018

Arooj y Anisa tenían 20 y 24 años cuando, el viernes, fueron asesinadas por miembros de su familia en Gurjat, su ciudad natal en Pakistan. Las hermanas vivían en la localidad barcelonesa de Terrassa junto a sus padres, fueron casadas con sus primos, en un matrimonio concertado por la familia –del que, aunque hay indicios, se desconoce si fue forzado–. Su muerte vino de mano de sus hermanos y sus maridos, que las estrangularon y dispararon, porque se atrevieron a pedir el divorcio.

Según han declarado a EFE fuentes de la policía de Gurjat, las jóvenes viajaron a Pakistán “engañadas”. Creían que iban a pasar unas vacaciones, pero el objetivo del viaje era reencontrarse con sus maridos, que se habían quedado en el país asiático, y poder así llevarlos con ellas a Europa, apuntan las mismas fuentes. Ambas se negaron y, después de manifestar su deseo de poner fin al matrimonio, fueron asesinadas. 

El hermano y tío de las víctimas han confesado el crimen, según la policía local, que ha declarado que las hermanas fueron “asesinadas por honor”. Ahora la investigación queda en manos de la policía pakistaní. El padre de las jóvenes ha ido a prestar declaración ante los Mossos d'Esquadra en Terrassa, a raíz de que la Fiscalía encargara a la policía catalana abrir diligencias de investigación para aclarar si la familia de las jóvenes que sigue viviendo en España participó de algún modo en los hechos que derivaron en su muerte, según ha publicado El País. El cuerpo no ha querido confirmar si está participando o no en las pesquisas.

La realidad del matrimonio forzado en España es desconocida. Según los datos del Ministerio del Interior facilitados a elDiario.es, las fuerzas de seguridad del Estado han conocido de 2015 a marzo de 2022 un total de 27 “hechos” de matrimonio forzado en España en base a lo establecido por el Código Penal, que castiga de forma específica este delito. 

Asimismo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha contabilizado 14 víctimas de trata con fines de matrimonios forzados entre 2016 y 2020, otro delito que, además de coacciones, incluye alguna de las acciones de la trata (la utilización de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una persona), utilizando algún medio ilícito (como engaño, amenazas, intimidación, uso de la violencia), con el objetivo de someter a una persona, generalmente a una mujer, a casarse en contra de su voluntad. Sin embargo, solo en Catalunya, la cifra es mayor: los Mossos d’Esquadra han detectado indicios de 59 casos relacionados con uniones forzadas, debido a que cuentan con un protocolo específico para frenar este tipo de casamientos.

Una realidad “muy poco detectada”

Los matrimonios forzosos son una práctica arraigada en comunidades de distintos países del mundo que afecta muy especialmente a mujeres y niñas. Según ONU Mujeres, 12 millones de niñas y adolescentes son obligadas a casarse en el mundo. “El fenómeno no se extiende a toda la población pero sí se lleva a cabo en determinadas comunidades de países como China, India, Pakistán, Turquía, Irán, Afganistán, Bangladesh, Irak, Marruecos, Senegal, Gambia o Níger, entre otros. En un contexto de globalización, multiculturalidad y migraciones, los matrimonios forzados también aparecen en Europa”, apunta la red No Acepto, que aglutina a 70 organizaciones con el objetivo de visibilizar este tipo de violencia machista en España, bajo la coordinación de la Federación de Mujeres Progresistas. 

Estas organizaciones especializadas advierten de sus sospechas de que las cifras oficiales no reflejen la totalidad de los matrimonios forzados existentes en España, pues se trata de una realidad “invisibilizada”, “infradenunciada” y “muy poco detectada”, explica Marta González Manchón, coordinadora de sensibilización e incidencia política de Proyecto Esperanza Adoratrices. El hecho de que esta forma de violencia machista provenga del ámbito familiar, el miedo a romper con redes comunitarias y la falta de sensibilización aumentan los obstáculos a la identificación de los casamientos impuestos en España, añade.

“Son casos muy complicados porque suele haber una implicación de la familia cercana y de la comunidad. Estas mujeres, algunas adolescentes, están en una situación muy complicada. No quieren contraer ese matrimonio pero, por otro lado, se ven empujadas a elegir entre huir de su familia y aislarse de su comunidad o someterse a un matrimonio con todo lo que supone”, dice González Manchón, que desde su organización apoyan en concreto a las víctimas de trata con fines de matrimonio forzado. 

Así lo apuntan también desde la Unidad Central de Atención a la Víctima del cuerpo de los Mossos d’Esquadra. La caporal Andrea García, jefa de la unidad, explica que, en diversas ocasiones, han tenido conocimiento de un matrimonio forzado a raíz de una denuncia por desaparición. “Al investigar, vemos que la razón tras la desaparición es que la joven había huido de su hogar para no tener que enfrentarse a un casamiento obligado, sabiendo además que, de negarse, es muy posible que su familia la repudiara”, apunta la agente.

El contexto social en que viven estas jóvenes hace que sea muy poco frecuente que presenten denuncias. Así, aunque muchas “piden ayuda para no ser obligadas a casarse, no quieren interponer una denuncia porque no quieren empujar a sus familiares más cercanos a una condena o un procesamiento”, señala González Manchón. La falta de sensibilización afecta en que las víctimas o los familiares de estas no conciban el matrimonio forzoso como un delito. “Se trata de una práctica cultural, asociada a creencias religiosas mal entendidas, que hace que muchas chicas vean estos matrimonios como una muestra de amor de sus familias”, explica la caporal García.

Según la agente, hay diversos casos de uniones forzadas que se han detectado a raíz de denuncias de violencia física por parte de los maridos. “Vienen a denunciar otra cosa, sin ser conscientes de que también son víctimas de otro delito”, apunta. 

Sensibilización ante el silencio

Ante las dificultades para denunciar, es clave la detección por parte del entorno de las posibles víctimas y una mayor información sobre este tipo de violencia contra las mujeres. Según un informe de la red No Acepto, los profesionales denuncian “barreras” para detectar y prevenir estos casos, como “el desconocimiento de los códigos culturales” que se dan en las comunidades, el miedo de las mujeres afectadas por el rechazo de su comunidad, así como la falta de recursos y protocolos de actuación creados a nivel institucional para este tipo de casos. “Se ha modificado nuestro código penal, tipificando los matrimonios forzados, pero no existen medidas reales y recursos a los que puedan acceder las mujeres y las niñas”, critica Yolanda Bastiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progesistas, en el documento. 

“Debería haber protocolos para que en el entorno educativo, sanitario y social se pueda estar muy atentas y atentos para detectar indicios y saber actuar”, sostiene la miembro de Proyecto Esperanza. “Antes de que ocurra, por ejemplo, hay que estar alerta si una chica joven expresa presión por parte de su familia respecto a la posibilidad de tomar una decisiones sobre su vida, como si continúa sus estudios o no; el rechazo hacia sus relaciones de pareja. También se consideran señales de alarma si la chica expresa situaciones de un gran control familiar por parte de los padres o hermanos”. 

El protocolo de Catalunya

La red de organizaciones No Acepto destaca como buena práctica el protocolo existente en Catalunya, llevado a cabo por la Unidad Central de Atención a la Víctima, bajo el mando de la caporal García. Este protocolo lleva en marcha desde 2009 y atiende cualquier caso de violencia machista, incluyendo el matrimonio forzado. Desde 2018 han detectado 59 casos gracias, sobre todo, a las labores de sensibilización que realizan entre diferentes agentes sociales, como escuelas o Servicios Sociales.  

“Se dan charlas de prevención, también a niñas y adolescentes, para que conozcan los indicadores de este tipo de violencia y que, si creen que son víctimas, pidan ayuda”, explica la caporal García, quien añade que también han formado a profesores sobre qué hacer y a quién dirigirse en caso de notar comportamientos extraños. Así, según cuentan desde el cuerpo, muchos casos de matrimonio forzado se han podido evitar porque algunas niñas han explicado en la escuela que tenían que viajar de manera “inminente” a sus países de origen. 

En estos casos, desde los Mossos d’Esquadra se inicia una investigación y, si se cuenta con los indicios adecuados, se pide al juzgado una retirada cautelar del pasaporte de la potencial víctima y de su familia, así como una prohibición temporal de salir de territorio español hasta que se aclaren los hechos. 

Esta es la solución más extrema, pero, en caso de que se tenga más tiempo para actuar, los Mossos inician un proceso de sensibilización, acompañados de asociaciones del mismo país de origen, para que ayuden a los agentes a “entender la cultura y tradición de la familia y, a su vez, puedan comunicar a la familia desde ese entendimiento que el matrimonio forzado es un delito”, explica la caporal García. Después de realizar estas acciones de prevención, el cuerpo hace un seguimiento para garantizar que la unión no deseada no llega a realizarse. “Por suerte, la mayoría de alertas que nos llegan no se materializan”, asegura la agente. 

“Dar el paso tiene mucho valor”

Cuando las potenciales víctimas de matrimonio forzado llegan a organizaciones especializadas, su situación es de gran vulnerabilidad. “Tienen mucho conflicto emocional, mucho miedo a las represalias y consecuencias. Son chicas jóvenes a las que el hecho de desobedecer una orden familiar las sitúa fuera de su marco familiar”, apunta González Manchón, del Proyecto Esperanza. “Están rompiendo con todo y tienen miedo de sufrir un daño físico y una gran incertidumbre sobre el futuro”. Por ello, es necesario contar con herramientas para atenderlas no solo a corto plazo. 

“Las que dan el paso son mujeres muy fuertes y determinadas y, a pesar de todo esa ruptura, le da fuerza la claridad de saber que quieren poder decidir sobre su vida, poder continuar trabajando, estudiar, desarrollarse a nivel personal. Denunciar tiene un valor increíble”, añade.  

Uno de los casos atendidos por Proyecto Esperanza en los últimos años es el de Naima (18 años) y Malika (20 años). Las hermanas, de nacionalidad española y de origen marroquí, vivían en España con sus padres hasta que, hace unos años, toda la familia se mudó a Inglaterra. Durante su estancia allí tejieron su red de amistades y conocieron a dos chicos con los que iniciaron una relación. Tras un tiempo en Inglaterra, el padre organizó un viaje a Marruecos para, supuestamente, pasar allí las vacaciones. 

“Una vez en Marruecos, el padre de Naima y Malika les retira el pasaporte y los teléfonos móviles y les dice que tienen que contraer matrimonio con unos primos suyos. Para asegurarse de que no van a huir las encierra en la casa y controla todos sus movimientos. Los pasaportes son custodiados por él todo el tiempo”, cuentan desde la organización. Naima y Malika, a través de un teléfono móvil que tenían escondido, consiguieron ponerse en contacto con una persona cercana a Malika en España, le explican la situación y piden ayuda para escapar, según el relato de la organización. Finalmente, el matrimonio impuesto por el padre no llegó a celebrarse. Naima y Malika consiguieron escapar y viajar a Inglaterra.