La negativa del Gobierno de Andalucía a hacer PCR a todo el que llegue en patera deja en la calle a grupos de migrantes

Los ocupantes de la segunda patera llegada a las costas de Gran Canaria desembarcan de la salvamar Menkalinan, cuando aún aguardan en el muelle los llegados durante la madrugada en otra patera.

La negativa de la Junta de Andalucía a realizar PCR a todas las personas que llegan en patera a sus costas, como establece el protocolo del Gobierno central, está dejando en la calle a decenas de migrantes que no pueden entrar en el sistema de atención humanitaria, según varias quejas recibidas por el Defensor del Pueblo. A pesar de las nuevas líneas de actuación marcadas por el Ministerio de Inclusión a finales de julio, el Ejecutivo regional solo realiza la prueba diagnóstica más fiable a quienes presentan síntomas, mientras que el resto es sometido a test rápidos, con un mayor margen de error. Los migrantes que no hayan pasado por una PCR, no cumplen los requisitos para acceder a una plaza de acogida, y se ven empujados a dormir en la intemperie, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es.

Según ha informado el Defensor del Pueblo, la institución ha recibido "quejas reiteradas" desde Andalucía, que aseguran que "se están produciendo casos de personas que en este momento se encuentran en situación de calle en Almería, tras haber llegado en patera 72 horas antes y que son puestas en libertad, al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida". Desde el Ministerio de Inclusión confirman a elDiario.es que si las comunidades autónomas "no proceden a la realización de los test PCR necesarios para descartar posibles casos de COVID-19, desde la Secretaría de Estado de Migraciones no se puede realizar la asignación de plazas en centros de atención humanitaria y CETI". Según explican las mismas fuentes, "al tratarse de centros residenciales, no se estarían garantizando las condiciones necesarias de ingreso en los centros en el contexto de la crisis sanitaria y se estaría poniendo en riesgo al resto de población alojada en esas dependencias".

"Para acceder a los recursos de acogida se deben mantener unas escrupulosas medidas de seguridad sanitaria, que deben asumir las CCAA", reiteran desde la Secretaría de Estado de Migraciones.

Detrás de la queja elevada al Defensor del Pueblo se encuentra la asociación Barbecho, que asegura que el pasado martes alrededor de 12 personas tuvieron que pasar la noche al raso en Almería por no haber sido sometidas a las pruebas PCR requeridas para acceder a los centros de acogida del Ministerio de Inclusión. En estos momentos, según añaden a elDiario.es fuentes de la ONG, seis personas permanecen sin un lugar donde dormir en la ciudad andaluza, pues el resto ya han continuado su proyecto migratorio, con el objetivo de desplazarse a otros países de Europa. Los activistas denuncian que, desde su llegada, estas personas no han sido derivadas a "ningún servicio de asistencia", no han recibido información "sobre las medidas de higiene necesarias para frenar la transmisión del coronavirus".

Barbecho sostiene que no es el primer grupo de personas que se ha quedado sin acogida en Almería en las últimas semanas. El pasado 1 de agosto, la ONG denunció que un grupo de 15 personas, entre las que había mujeres y una persona menor de edad con diversidad funcional, se encontraban en situación de calle en la ciudad de Almería tras haber abandonado las dependencias del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), donde pueden permanecer detenidas un máximo de 72 horas tras su llegada en patera a las costas almerienses. "Estas personas confirmaban no ser las únicas en dicha situación, y afirmaban que la misma se debía a que no habían sido referidas a ningún recurso habitacional de emergencia o de programas de atención humanitaria", apunta un comunicado de la ONG.

La Secretaría de Estado de Migraciones aprobó el pasado 25 de julio un nuevo protocolo para actualizar las medidas que las distintas comunidades autónomas debían activar en la recepción de pateras para identificar posibles casos importados de COVID-19. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión solo establecía como obligatoria la realización de PCR a los inmigrantes que presentasen síntomas compatibles con la enfermedad -y dejaba libertada a las comunidades autónomas para ampliar su uso-, pero el nuevo documento ha extendido la realización de este test a todas las personas de cada patera o, en su caso, realizar este tipo de test "por lotes".

No obstante, la Junta de Andalucía mantiene la forma de actuar anterior a las nuevas directrices emitidas por el Gobierno central. Desde la finalización del estado de alarma, el Ejecutivo regional realiza pruebas PCR solo los migrantes recién llegados que presentan síntomas. Al resto se les hace un test rápido y, quienes obtienen un resultado positivos, son sometidos a una PCR.

Sin embargo, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido este jueves que la Junta está cumpliendo y aplicando "a rajatabla" el convenio suscrito con el Ejecutivo central para aplicar un protocolo de actuación ante casos positivos en coronavirus detectados entre inmigrantes llegados en pateras a las costas andaluzas. Según ha asegurado, la Administración andaluza ha realizado hasta ahora "más de 1.700 test y PCR a inmigrantes" llegados a las costas de la comunidad autónoma.

Sobre la petición de información realizada por el Defensor del Pueblo tras la denuncia de la asociación Barbecho, Bendodo ha pedido al Defensor solicitar "explicaciones a la Secretaría de Estado de Migraciones", que es con quien la Junta "ha pactado" el protocolo que se aplica, según las declaraciones recogidas por Europa Press.

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Publicado el
13 de agosto de 2020 - 17:56 h

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