Las propuestas sobre inmigración de los candidatos a las europeas entran en bucle
Las hemos escuchado antes. Cada año, tras cada pico de llegadas, comienza a sonar una sintonía similar en los discursos políticos europeos sobre inmigración: avanzar en la política común de asilo, reforma del sistema de Dublín, apertura de vías legales y seguras, un sistema europeo de salvamento marítimo, refuerzo de los planes de retorno... De cara a las elecciones europeas, candidatos de los cuatro principales partidos (PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos) han debatido este miércoles en Madrid sobre política de refugio en Europa. Con sus diferencias, volvieron a escucharse las mismas medidas de siempre. Aquellas que, por más que se repiten, no llegan a cumplirse.
El bucle de las propuestas se corresponde con la situación de estancamiento en la que se encuentran iniciativas clave en trámite de negociación por los Estados miembros. Los candidatos de las elecciones europeas presentes en el primer debate electoral sobre migración, organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reconocieron el bloqueo con el que se chocan para avanzar en el desarrollo de algunas de las políticas sobre inmigración. Desde el Parlamento Europeo y la Comisión Europea se ha trabajado para avanzar en el desarrollo de algunas de estas medidas, como la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), pero acaban bloqueadas cuando son trasladadas al Consejo Europeo, es decir, a los gobiernos.
“Hemos oído hablar mucho de la vergüenza de Europa y no hemos hecho la reflexión de que mientras hablamos de la vergüenza de Europa se estaba escondiendo la vergüenza de muchos países que lo que hacían era incumplir con respecto al asilo”, afirmó este miércoles Iratxe García, número dos de la candidatura del Partido Socialista a las europeas, en relación al incumplimiento de los gobiernos europeos de la cuota de refugiados. “Hay que asumir que Europa necesita una política de asilo común. Llevamos trabajando durante toda legislatura para sacarlo adelante, pero no ha sido posible por el bloqueo constante del Consejo”, continuó la actual líder del PSOE en la Eurocámara.
“Los nuevos eurodiputados que estemos en ese parlamento tenemos que trabajar y sacar adelante una política común de asilo y refugio”, apostó Soraya Rodríguez, número tres de la lista de Ciudadanos a las elecciones al Parlamento Europeo. “En ese sentido, desde la candidatura sí tenemos un compromiso con impulsarla. No es posible que unos pocos Estados puedan impedir que avancemos en esta agenda. No es posible”, añadió.
Lo cierto es que ese bloqueo sí ha sido posible a lo largo de la última legislatura. La Unión Europea (UE) trabaja desde 1999 en la creación y mejora del Sistema Europeo Común de Asilo, que consiste en el establecimiento de una política unificada en materia de asilo para todos los Estados miembros, con el objetivo de que las personas que necesiten protección encuentren los mismos procedimientos, requisitos de asilo y condiciones de acogida con independencia del país donde registren su petición.
En 2014, se acordó un paquete legislativo de la UE que, con la aprobación de varias directivas, se fijó un conjunto de normas comunes para equiparar el trato recibido por los solicitantes de asilo. Aunque los Estados miembros deberían haberla introducido en su legislación nacional hace años, la transposición no se ha producido en la mayoría de países europeos.
El sistema común de asilo que no llega
En 2015, la institución comunitaria amenazó con sancionar a 19 Estados miembros ante la falta de aplicación de la legislación que conforma el sistema común de asilo al que aspira la Unión Europea, pero que de momento se ha visto incapaz de alcanzar: lograr que todos los Estados miembros cumplan una serie de criterios y plazos homogeneizados a la hora de conceder el derecho a la protección internacional.
En abril de 2015, tras años de repunte en las llegadas de migrantes a la UE y el aumento de las muertes en el Mediterráneo, la Comisión Europea inició un nuevo proceso de reforma del ansiado sistema común de asilo que incluía la sustitución de las directivas de procedimientos de protección internacional, requisitos y condiciones de acogida [las mismas que no fueron transpuestas por la mayoría de países europeos] en tres reglamentos para instar a los Estados miembros a su aplicación.
No hay acuerdo con el reparto de refugiados
En septiembre de ese mismo año, la crisis de acogida de refugiados de 2015 evidenció el fracaso de las instituciones comunitarias para dar respuesta al mayor éxodo de personas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las grietas del sistema de asilo se constataron en una imagen: centenares de miles de migrantes atravesando juntos distintas fronteras con el objetivo de alcanzar países del norte europeo, a pesar de que la normativa obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el primer país por el que entran a territorio comunitario.
La regulación que así lo establece, el Convenio de Dublín, demostró su ineficacia para contener los movimientos secundarios por Europa: a pesar de haber llegado a la UE a través de Grecia, más de un millón de solicitantes de asilo alcanzaron Alemania.
En busca de soluciones, la Comisión Europea impulsó la modificación del Reglamento de Dublín, que no cambiaría su esencia. La propuesta que tiene sobre la mesa el Consejo Europeo mantiene la obligación de que los solicitantes de asilo deben registrar su petición en el primer Estado miembro y busca realizar determinados cambios en la normativa para desincentivar los movimientos secundarios. Este sistema se traduce en una mayor responsabilidad de acogida para los países europeos con fronteras exteriores (España, Italia, Grecia o Malta), por lo que la Comisión planteó un sistema de reparto de solicitantes de asilo más equitativo para corregir los desequilibrios derivados de lo establecido por Dublín. Así, el mecanismo “correctivo” detectaría automáticamente si un Estado miembro se enfrenta a un número desproporcionado de solicitudes de asilo y asignaría solicitantes a otros Estados miembros. El excedente de refugiados que no pudiera asumir el país con problemas se repartiría entre los demás Estados miembros también en función del PIB y de la población, aunque además se tendría en cuenta el reasentamiento de refugiados desde países terceros que haya realizado cada país.
Desde mayo de 2016, los Estados miembros no han alcanzado un acuerdo para poner el sistema en marcha. En diciembre del año pasado, la Comisión decidió rendirse.
“Realmente el Parlamento Europeo ha hecho los deberes: la siete propuestas legislativas que el Consejo ha emitido ha sido objeto de un pronunciamiento de la Eurocámara”, defendió José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en el debate de Acnur, en la misma línea que PSOE y Ciudadanos. A juicio del número 16 de la lista de la formación conservadora a las elecciones europeas, el estancamiento de las propuestas sobre inmigración “hay que ponerlo en el contexto de la UE por el que se ha producido un desplazamiento del lado comunitario al lado de nacional. Son los gobiernos los que bloquean” las propuestas. En esta línea, el 'popular' insiste en que “el egoísmo de los Estados miembros” es el responsable de la dificultad para responder de la UE.
La jurista María Eugenia Rodríguez Palop, cabeza de lista de Unidas Podemos Cambiar Europa, citó entre sus propuestas promover la reforma del reglamento de Dublín, así como el establecimiento de vías legales de entrada a Europa y la creación de un sistema público europeo de búsqueda y salvamento marítimo en el que puedan “participar las ONG”. También destacó la necesidad de impulsar la acogida de migrantes ambientales que salen de sus países y defendió que “no lo son por el cambio climático sino también por los efectos de las transnacionales”.
Las vías legales que no se abren
La exigencia de la apertura de mecanismos legales y seguros para que personas que necesiten protección tengan la posibilidad de llegar a la Unión Europea sin arriesgar su vida es repetida desde hace décadas por las organizaciones especializadas. En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para permitir a las personas que buscan asilo puedan solicitarlo en las embajadas o consulados de la UE en el exterior. De esta manera, la Eurocámara instó a la Comisión a presentar una propuesta legislativa que permita a quienes buscan protección internacional solicitar un visado en una embajada o en un consulado europeos.
La propuesta, sin embargo, no ha llegado a fructificar por el momento. Tampoco lo ha hecho el nuevo marco de reasentamiento de refugiados desde campos de refugiados de terceros países de tránsito planteado en el seno de la Unión Europea. Según explica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el 13 de junio de 2018 el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembros (COREPER) y el ponente del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional. Sin embargo, algunos Estados miembros expresaron sus reservas acerca de algunas disposiciones, por lo que las negociaciones continúan en la actualidad.
Un sistema europeo de rescate
Entre las propuestas citadas por las candidatas de Unidas Podemos, PSOE y Ciudadanos también se encontraba un sistema público europeo de rescate (similar al servicio de Salvamento Marítimo español, pero a escala comunitaria), con la finalidad de poner fin a las incesantes muertes en las aguas del Mediterráneo. Esta propuesta también ha sonado en las instituciones europeas, y también ha sido vetada por los Estados miembros.
Cumbre tras cumbre, las decisiones del Consejo Europeo se han traducido en la imposición de límites al rescate de vidas en el Mediterráneo, por parte de servicios públicos y ONG, mientras apuesta por ceder las labores de “salvamento” a los países de tránsito, como Libia, con el objetivo de frenar su llegada a suelo comunitario.
“No es una cuestión humanitaria, estamos violando una obligación internacional”, recordaba Rodríguez Palop. “No podemos articular la omisión de socorro en nuestra legislación y obviarla cuando sucede fuera de nuestra frontera: toda persona o gobierno debe mitigar un mal cuando tiene capacidad de mitigarlo y la normativa es igual si se trata de una persona que se hunde en el Mediterráneo o alguien que se ahoga en un estanque aquí al lado”, defendió la candidata de Unidas Podemos.
