Solicitantes de asilo excluidos del colapsado sistema y de las ayudas en pandemia: “Llevo meses sin pagar el alquiler”

Alexander y su pareja piensan cada día en la posibilidad de quedarse en la calle. El estado de alarma les ha dejado sin trabajo, sin ingresos; sin poder pagar el alquiler, ni el teléfono, ni la luz. Como solicitantes de asilo, deberían encontrarse en la red oficial de acogida, pero a su llegada a España el sistema ya colgaba desde hacía tiempo el cartel de “colapsado”. Pudieron salir adelante por su cuenta, hasta que la pandemia, como a tantos, los empujó para atrás. 

Con abrigos y gorros superpuestos, Yanine, Leandro y su hija pasaron varias noches al raso frente a la sede del Samur Social de Madrid. “Desde que llegamos nos dicen que esperemos y esperamos. Reconocen que los niños tienen prioridad, pero no hay plazas libres”, contaba entonces la familia a eldiario.es. Esperaron, hasta que se hartaron. Un hombre ecuatoriano vio su historia publicada en los medios de comunicación y les ofreció su casa. Nunca supieron nada del sistema de acogida oficial, hasta este jueves, cuando se habían desplazado hasta Almería en busca de una oportunidad. En su caso, esquivaron los efectos económicos de la COVID-19 gracias a su red de contactos y acaban de encontrar un trabajo. 

Son la cara y la cruz de un confinamiento especialmente duro para muchos solicitantes de asilo. La pandemia aterrizó en España con un sistema de acogida saturado y, como ha denunciado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los efectos del virus “han exacerbado los problemas de protección en general de los solicitantes de asilo, comenzando con la falta de recursos para ganarse la vida, hacer frente al pago de alquiler o comprar comida”.

Tanto Alexander y su pareja, como Yanine y Leandro fueron excluidos de los canales oficiales de asistencia a potenciales refugiados a su llegada a España, a pesar de no contar con recursos económicos para sobrevivir en el país. Ante la falta de respuestas de la vía oficial, las buscaron por su cuenta. Al salirse del sistema, volver a entrar resultaba complicado. Es la cara y la cruz de centenares de solicitantes que nunca accedieron a la plaza que les corresponde por ley.

A Alexander nos lo encontramos en abril en un reparto de alimentos organizado durante el estado de alarma por las redes vecinales de la Comunidad de Madrid. Era la primera vez que pedía este tipo de ayuda, pero ya presentía que no sería la última. Desde entonces, ha llamado a decenas de puertas, pero solo ha obtenido respuesta de las informales. Es solicitante de asilo, tiene los papeles en regla, pero ninguna de las ayudas económicas aprobadas por el Gobierno están pensadas para él. Los solicitantes de asilo fueron excluidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde CEAR, solicitan al Ejecutivo que los demandantes de protección sean incluidos como posibles beneficiarios del IMV durante el desarrollo parlamentario de la normativa.

“Es difícil para nosotros no tener un empleo y vivir de las ayudas que los vecinos y las organizaciones nos brindan”, lamenta Alexander, de origen colombiano. Hasta el inicio del estado de alarma, la pareja podía pagar el alquiler de una pequeña habitación en un barrio del sur de Madrid. Aunque aún no tenían permiso para trabajar en aquellos meses, se enteraron de una manera peculiar de ganar algo de dinero de forma informal: acudir de público a programas de televisión. 

“Casi todos los días íbamos a la televisión. Por estar aplaudiendo y estar en el público, te pagan algo. Muy poco, algo casi simbólico, pero los dos, nos daba para lo más básico”, detalla el joven colombiano. “Ganábamos alrededor de 380 euros entre los dos. Con eso y los pocos con los ahorros que teníamos pagábamos el alquiler”, sostiene el solicitante de asilo.

Llegó el estado de alarma, la distancia obligatoria empujó a los programas a prescindir del público, se quedaron sin ingresos y los ahorros se agotaron. “No me da para pagar. Hablé con el casero, nos ha dado tiempo, pero se lo tendremos que pagar. Nos presiona, pero no tenemos cómo pagarlo todavía”, continúa Alenxander, quien en estos meses está acumulando una deuda con el arrendatario que aún no sabe cómo logrará financiar.

Una angustia añadida ocupaba su cabeza durante los primeros meses del estado de alarma. “Estamos esperando para obtener tarjeta roja (el documento de identificación para los solicitantes de asilo), pero está todo parado”, describía angustiado el colombiano en aquel momento. Poco después, se enteró de que el Gobierno ordenó la renovación automática de las solicitudes de asilo. “Me enteré por las noticias, en grupos de solicitante de asilo en Instagram de que habían hecho la prórroga. Nadie nos mandó un email ni de que la cita se quedaba cancelada, íbamos a ir, no sabíamos que hacer, pero al final lo vimos en las redes sociales”. 

“Muchas familias lo han pasado muy mal y continúan así. Muchas de estas personas carecen de trabajos estables y viven de la economía informal. Esta situación es preocupante no solo en estos momentos sino también a largo plazo”, advierte María Jesús Vega, portavoz de Acnur. 

Conseguir el permiso de trabajo, transcurridos los seis meses de estancia en España, les dio una alegría en tiempos de malas noticias. Pero buscar trabajo en estado de alarma, sin ordenador y con un teléfono móvil que funciona a regañadientes no es fácil. “He ido a la biblioteca, por si pudiese actualizar el currículum en un ordenador, pero tampoco lo permitía todavía”, cuenta el solicitante de asilo. Está preocupado, pero no le gusta transmitirlo.

“Aunque la normativa en estado de alarma prorrogaba automáticamente la validez de los documentos, que ha sido muy positivo, cuando tienes una documentación como solicitante de asilo caducada y buscas un trabajo, es realmente un acto de fe el que algún empresario te quiera contratar”, indican desde Acnur. “Esta ampliación de validez anunciada no ha evitado que muchos solicitantes perdieran sus trabajos por no contar con papeles en vigor”, señala Vega.

CEAR estima un incremento del número de demandantes de protección que vayan a requerir entrar en el sistema de acogida, debido a la crisis económica provocada por la pandemia. “Normalmente, solo el 30% pide ingresar en el sistema de asilo -el resto tiene medios económicos para salir adelante sin este apoyo- pero va a ir en aumento esa solicitud de ingreso por la falta de recursos generada por la pérdida de empleos” debido a la pandemia. 

Durante el año pasado, España registró 118.264 peticiones de asilo, el doble que su anterior récord de cifras de 2018. Sus principales lugares de origen son Venezuela y Colombia. De este último país huyó Alexander junto a su pareja en noviembre del año pasado. Dar el paso no fue fácil. Lo hizo después de haberse desplazado en el interior del país junto a su familia durante el conflicto armado, después de sufrir amenazas durante años, después del asesinato de su padre: “Mi mamá aún está marcada y mis hermanas están prácticamente escondidas, también tenían amenazas”, relata el joven. 

Leandro ha encontrado trabajo en el estado de alarma

Leandro y Yanine  nunca pensaron que fuese tan difícil conseguir una oportunidad en España. Desde Venezuela, la familia migró Ecuador, donde permaneció los últimos tres años. Aseguran que la vida allí era muy complicada ante “el aumento de la xenofobia” y el rechazo generado hacia la población venezolana en distintos países de Latinoamérica. El 11 de octubre viajaron a España. Tras pasar los primeros días en un hostal y no lograr otro lugar donde hospedarse, llamaron a las puertas del Samur Social de Madrid. 

“No pensamos que iba a ser tan difícil pero, con todo lo que hemos pasado allá, podemos aguantar un poco más”, añadía en octubre Leandro, su marido, minutos antes de acomodarse junto a su familia delante de la verja cerrada del Samur Social para intentar dormir en la calle a pesar de las bajas temperaturas. Leandro y Yanine cedieron las mantas térmicas a sus hijos, y todos muy cerca, con sus gorros y bufandas, pasaron las noche a la intemperie. 

A los cinco días, encontraron una plaza de emergencia en un hostal de Madrid. La llamada de un hombre ecuatoriano que se había enterado de su historia en los medios de comunicación le permitió tener un lugar donde quedarse los siguientes meses. Cuando, en febrero, el señor les pidió que se marchasen, la familia explicó su situación a una conocida venezolana que vivía en Mojácar. Se fueron para allí.

Para muchos solicitantes de asilo y migrantes, contar con redes de contactos en el país de destino es fundamental para salir adelante. La suerte también. Este viernes, Leandro, pletórico, describía por teléfono a eldiario.es su primer día de trabajo. Ha conseguido un contrato en un prestigioso hotel del municipio almeriense. Su mujer lleva unas semanas trabajando en un almacén de tomates. 

“Justo hoy me han llamado de Accem -una de las ONG que forman parte del sistema de acogida estatal-  para que entrara en la primera fase de acogida en León, le dije empecé a trabajar ayer”, afirma Leandro. Su propia oportunidad llegó antes que la atención oficial. Mientras, Alexander espera la suya con escasos recursos a su alcance.