Las denuncias por tortura en México se disparan: “Subían la música y me daban descargas eléctricas”
“Pasé un año sin saber de él, es muy difícil no pensar lo peor”. Una carta rompió la incertidumbre que se había instalado en la vida de July Baltazar: Ángel Amílcar Colón, su marido, no estaba muerto. Ángel había salido de Honduras a principios de 2009 y durante dos meses cruzó Guatemala y México con el fin de llegar a los Estados Unidos, donde esperaba encontrar un trabajo que pudiera mejorar la condición económica de su familia y facilitarle el tratamiento médico a su hijo mayor, enfermo de cáncer. El destino se le torció en Tijuana.
Ángel Amílcar Colón fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI) el pasado mes de julio. El suyo es uno de los más de veinte casos que se recogen en el informe presentado este jueves en el Distrito Federal, 'Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México'. En él, la organización denuncia el uso sistemático de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad y el clima de impunidad y tolerancia imperante. Según AI, el número de denuncias (1.505) se ha multiplicado por seis entre 2003 y 2013. Sin embargo, entre 2005 y 2013 tan solo se tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura y de ellos únicamente siete resultaron en condenas a los torturadores.
Engañado por un traficante de personas, un coyote, y posteriormente arrestado por la policía, este defensor de derechos humanos en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), miembro de la comunidad garífuna, asegura que sufrió todo tipo de torturas y malos tratos durante las 16 horas posteriores a su detención, tras las cuales se auto-declaró culpable de un delito inexistente.
Fue ingresado en una cárcel de alta seguridad, el CEFERESO (Centro Federal de Readaptación Social) de Tepic, en el estado mexicano de Nayarit, donde permanece a día de hoy, donde supo que su hijo falleció y donde este lunes, por primera vez, recibió la visita de su mujer, July, que, al otro lado del teléfono, no puede ocultar una emoción nerviosa. “Hacía casi seis años que no lo miraba”, cuenta con un hilo de voz a eldiario.es. Prácticamente seis años resumidos en un encuentro de dos horas y cuarto, un “hola”, un abrazo, un niño que “ni siquiera podía decir papá porque es una palabra que no está acostumbrado a decir” y “un quedarse mirando así como que…”.
La investigación de Amnistía Internacional refuerza las denuncias efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, tras su visita al país en abril y mayo de este año. En su informe, Méndez constataba la existencia de un “notorio patrón” en cuanto al abuso de estas prácticas consistente en la intrusión en domicilios o arrestos sin orden previa, robo de pertenencias, golpes y amenazas, traslado a otros lugares, torturas, fabricación de evidencias y exposición ante los medios de comunicación como criminales.
Denise González, abogada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se encarga de la defensa de Ángel Amílcar. Acompaña a July y a Álex, el hijo menor del matrimonio, y abandona el coche en el que se encuentran antes de comenzar a relatar el calvario particular de Ángel. “Su caso es especial -dice al otro lado del teléfono- porque él, además de ser víctima de lo que sufren muchas personas en México, debido a su origen garífuna padeció una tortura con una carga de discriminación racial muy fuerte. Tras ser detenido lo obligaron a caminar de rodillas por una loma 500 metros cuesta arriba. Después fue trasladado a diversos centros de detención. En uno de ellos lo encierran en un baño, con un fuerte olor a orín y sangre. Allí le colocan una bolsa en la cabeza varias veces hasta quedar inconsciente para hacerlo volver en sí a base de golpes”.
“Le preguntaban: ”¿Dónde están las armas?, ¿dónde está la droga“. Le decían que no los iba a engañar ”pinche negro colombiano“. Posteriormente lo exhibieron ante los medios de comunicación con armas y drogas, como si fuera un delincuente”, explica Denise y prosigue: “Cuando ya estaba puesto a disposición del Ministerio Público, que debería haberlo llevado a un lugar adecuado y garantizarle una serie de derechos, Ángel fue trasladado a instalaciones militares donde volvió a ser víctima de torturas. Lo obligaron a bailar frente a otras personas, jugaron a la gallina ciega con él, le taparon los ojos, le tocaron el cuerpo, los testículos, todo entre risas, burlas e insultos por el color de su piel”.
Todos estos abusos tienen la finalidad de “romper la fuerza de la persona, hacerla incapaz de resistir y, en el caso de Ángel, obligarle a firmar una declaración fabricada”, explica. La abogada afirma que se encuentran en la última parte del proceso una vez presentadas todas las pruebas y espera que en los próximos dos meses o bien la Procuradoría General de la República (la Fiscalía) retire los cargos o, en caso contrario, que el juez dicte una sentencia absolutoria. “Ya yo estoy segura de que él sale de ahí pronto”, se despide su esposa.
¿Consecuencias de la guerra contra el narco?
Desde Ciudad Juárez, Carlos Murillo, portavoz del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, coincide con las denuncias de Amnistía Internacional. “La práctica de la tortura ha aumentado en México, especialmente desde finales de 2007 hasta la fecha. Todo esto tiene que ver con la llamada Iniciativa Mérida, que no es más que una copia aplicada a México del Plan Colombia, es decir, una militarización o paramilitarización de la seguridad pública en el marco de la guerra contra el narco. Esto ha conllevado un incremento del abuso policiaco en todas las ciudades”.
Según Murillo, existe un sector de la población especialmente vulnerable: “Si eres joven y pobre eres candidato a que la policía te pueda detener bajo cualquier pretexto. Solo en los seis primeros meses de la actual administración que tenemos ahora, la policía municipal detuvo a 50.000 personas por delitos de todo tipo”.
Denise González es clara al respecto: “El error está en pensar que el Estado, que tiene el deber de garantizar toda una serie de derechos a los ciudadanos, está cumpliendo al detener a personas que no tienen nada que ver, a migrantes, indígenas, a gente de escasos recursos… Pretende simular que hace su trabajo deteniendo a personas de manera indiscriminada”.
Las trabas a la investigación son uno de los principales obstáculos que denuncian las organizaciones de derechos humanos. Según Amnistía Internacional, pese a estar prohibido, el sistema de justicia sigue admitiendo pruebas obtenidas tras una detención arbitraria o tortura, como en el caso de Ángel Amílcar. Y además de ser escasas, cuando tienen lugar, las investigaciones sobre tortura y otros malos tratos no siempre cumplen con la normativa internacional, como el Protocolo de Estambul, conocido como el Manual de la ONU para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
“El Estado mexicano no permite peritos externos, cuando se hace la denuncia envía a sus propios médicos y psicólogos para realizar el examen y, curiosamente, siempre sale positivo, es decir, que no hubo tortura”, destaca Murillo. De las 1.219 investigaciones sobre tortura abiertas entre 2006 y 2013 por la PGR solo se han presentado cargos en 12 casos. Amnistía Internacional sitúa el índice de sentencias condenatorias en un 0,006 por ciento.
“No me voy a quedar callada”
Claudia Medina Tamariz sigue esperando que se haga justicia. Ella es una de las más de 7.000 personas que desde 2010 y hasta finales de 2013 impusieron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “La presenté en octubre de 2012, ya tienen todo y hasta ahorita no ha salido nada”, reclama.
Cuando Claudia se acostó en su casa de Veracruz la noche del 7 de agosto de 2012 era incapaz de imaginar lo que estaba por venir. “Eran las tres de la madrugada cuando escuché ruidos. Le dije a mi esposo que nos habían entrado a robar y me levanté. Preguntamos quién era y de un golpe abrieron la puerta y se metieron en la habitación unos hombres de la Marina Armada. Nos tiraron al suelo, nos vendaron los ojos y las manos, y nos sacaron. Yo iba descalza, en ropa de dormir, con un bóxer y una blusa”.
Fue conducida a una base naval. “Me pasan al área médica y una doctora empieza a preguntarme si sufría alguna enfermedad y me dice: ”Te voy a quitar la venda, mira al frente, si te volteas habrá consecuencias“. Entonces me destaparon los ojos, me hicieron una foto y me volvieron a poner la venda”, recuerda la joven de 34 años. “Me suben a otro piso y escucho a un hombre que le dice a otro que yo pertenecía a un cártel, les digo que no, que yo me dedico a la venta de productos naturistas, que investiguen y el hombre me bajó la blusa y me empezó a jalar los pezones”.
Claudia cuenta que escuchaba música alta y gritos. Tras las acusaciones persistentes de pertenencia a banda criminal recibió el primer golpe en la nuca. “Empecé a llorar. Me sentaron en una silla metálica y me amarraron los pies a cada pata y los dedos a unos cables -prosigue más despacio y con un tono de voz cada vez más bajo-, entonces me echaron una cubetada de agua y subieron la música. Cuando subían la música me daban las descargas eléctricas, así media hora o cuarenta minutos”.
Su voz se va entrecortando mientras rememora lo que siguió, cómo le enrollaron todo el cuerpo con un hule, la tiraron al suelo, la patearon, le tiraron agua y salsa picante por las fosas nasales, le empezaron a meter los dedos en la vagina… y el silencio se traga durante unos segundos lo que sucedió después.
“Posteriormente, me ataron a una silla y me dejaron expuesta a un sol muy fuerte toda la tarde. De ahí me llevaron a que me bañara, delante de ellos, y me tuvieron esperando en un área hasta que fui llevada a la Procuradoría General de la República y me quitaron las vendas. Me amenazaron con que si hablaba iban a ir contra mis hijos y me expusieron ante los medios de comunicación. Me presentaron como la más delincuente del mundo, perteneciente a un cártel, había droga, armas y de mis cosas pude ver mi laptop y una billetera”.
Claudia fue obligada a firmar una declaración sin leerla bajo la coacción de un “o tú ya sabes” y el 11 de agosto ingresó en el centro penal femenino de Cieneguillas-Zacatecas. Dos días después compareció ante el Juzgado Tercero del Distrito de Veracruz. “Ahí ya empiezo a narrar los hechos. Antes no lo había hecho por temor, por vergüenza de lo que me había pasado”. Se le retiraron todos los cargos salvo el de posesión de arma ilegal y quedó en libertad bajo fianza a la espera de un juicio que todavía no se ha celebrado.
Poco después, en septiembre de 2012, solicitó ante el juzgado que lleva su causa una ampliación de su declaración. “Ahí es cuando agarro valor y me digo que no me voy a quedar callada después de todo lo que me hicieron. Cuento el abuso sexual y el psicológico y solicito que declaren mis testigos y se abra una investigación de los hechos. El juez ordena a la PGR que inicie una investigación pero nada. Apenas la semana pasada es cuando la PGR me da fecha para que me presente a ratificar la denuncia de 2012. ¿Cuántos años tienen que pasar para que le puedan hacer justicia a uno?”, se pregunta.
Experiencias como la que ha vivido Claudia conllevan un trauma difícil de superar. “Al principio no podía dormir, pensaba que iban a volver a entrar en mi casa. Además me afectó mucho a nivel social. Cuando los medios de comunicación la ponen a una como delincuente la gente le hace mucho caso a eso. El trauma es muy fuerte. Es un daño que me tocó sin saber, al principio me decía que mejor me hubiera muerto en ese momento, porque es duro. Lo que me sucedió es una cicatriz que te marca para toda la vida, es algo que va a estar ahí siempre, y en cualquier momento, porque me pasa a menudo, vuelve, me acuerdo de cómo me detuvieron, todo me vuelve a la mente… Es una cicatriz que se queda en tu alma y en tu cuerpo”.
Claudia resume lo que sucede en su país como una enfermedad. “Siento que México tiene un cáncer, un mal que va avanzando sin control y, lamentablemente, todos tenemos miedo de hablar por las consecuencias. Yo me muero de miedo, pero igual me esté muriendo de miedo estoy dispuesta a seguir luchando y a no quedarme callada ante la impunidad”. Antes de colgar da las gracias a todos los que la están apoyando y confían en ella. “Yo sé que no hice nada y estoy en mi derecho de pedir justicia”.
