¿Quién pagará el bono social?

No tiene pinta de que, como algunos titulares auguran (“El Supremo anula el bono social y obliga a indemnizar a las eléctricas” El País de 26 de octubre), el bono social deje de existir. Lo que está en juego es quién acaba rascándose el bolsillo.

Posiblemente sea más acertado este: “Saltan chispas en el mercado eléctrico por el bono social” del día 28 en Expansión.

Partiendo de la evidente necesidad de reconsiderar los cuatro supuestos que permiten disfrutarlo: 1) contratación inferior a 3 kW; 2) familia numerosa; 3) todos los miembros de la familia en paro; 4) mayores de 60 años con una pensión mínima; porque algunos son más que injustos, y otros no tienen mucho sentido, mi mensaje va en el sentido de negar la mayor: trabajemos juntos para erradicar la pobreza energética de una vez por todas. Si arreglamos el problema, no tendremos que repartirnos los antipáticos subsidios que lo único que hacen es poner una tirita en una herida que hay que coser.

Consideremos estos “pocos” millones de euros que se estiman en 500 desde 2014 (me da vergüenza ajena el ver cómo nadie quiere hacerse cargo de las migajas… sólo se buscan los beneficios infinitos), y todos los que se están utilizando desde distintas administraciones para sufragar las facturas energéticas de los que no las pueden pagar, a base de convenios con las grandes compañías que, con enormes alharacas presumen de hacer algo extraordinario por el bien común, y lo único que consiguen es enjuagar sus impagos con dinero público. Prometen no cortar el suministro si la administración correspondiente les paga la factura. Gran esfuerzo digo yo con pesar. ¡Sólo faltaría que cortasen el suministro después de haber cobrado!

Posiblemente con menos presupuesto podríamos generalizar planes como el de “Energía, la justa” que en Barcelona ha supuesto la actuación en 3.100 hogares y trabajo (experiencia, autoestima e ingresos) por 6 meses a 100 parados de larga duración, sin contar con los ahorros y mejoras obtenidos por dichas actuaciones; o la formación para profesionales y vecinos, llevada a cabo desde 2015 en la Mesa de Transición de Cádiz; o las acciones de la Asociación Intermediación de Toledo que trabajan de forma directa en barrios marginados para que dejen de serlo y se están enfocando en asuntos de energía porque han descubierto que solucionar la pobreza energética es un paso importante para mejorar los niveles de convivencia en las familias que peor lo pasan.

Y la formación que, de forma incipiente se está empezando a impartir en Valencia a Técnicos municipales de servicios sociales por un lado, y a familias en situación de exclusión por otro, para darles la oportunidad de reducir sus costes energéticos y no tener que hacer frente a facturas injustas que, bien contratadas, suponen un ahorro a veces del 50% de la misma.

Al fin y al cabo, planes que ahorran dinero (reducen los ingresos injustos de las grandes compañías) y a la larga son más una inversión que un gasto.

Coordinemos las acciones. Trabajemos con un plan integral que suponga una verdadera evolución en temas de energía. Repensemos nuestra relación con el planeta que nos acoge. Que nadie dude de que hay alternativas a regalar pescado para un día. Podemos enseñar a pescar a todo el que quiera. Y salir de este bucle infinito del “quién paga los subsidios” del que no puede asumir las facturas más caras de Europa en lo concerniente al uso de la energía.

Hay alternativas. Solo falta la voluntad política de llevarlo a cabo, y ya está existiendo en algunas ciudades. Estos días se está celebrando en Sabadell un congreso en el que participarán unas 400 personas con alrededor de 100 ponentes y 70 instituciones interesadas en compartir y aprender juntas cómo avanzar en la solución de tan importante problema.

Que no nos despisten con los repartos del pago del bono social. Solucionemos el problema de raíz.