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292 millones en subvenciones, ejecutivos en Andorra y un agresivo ERE: las cifras de la quinta teleco española

Avatel

Antonio M. Vélez

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292 millones de euros en subvenciones del Gobierno español, bonus millonarios para el “personal clave” y subida del sueldo del 75% para la cúpula en 2023, con dos de sus tres principales ejecutivos afincados en Andorra.

Son datos que retratan a Avatel, consolidada en poco tiempo como quinto operador del sector de las telecomunicaciones en España y líder en el segmento rural. La compañía, que podría acabar en manos de un competidor o de un gran fondo, acaba de presentar un agresivo expediente de regulación de empleo (ERE) para 849 personas. Lo ha justificado porque llega una “fase de ajuste y consolidación” tras una etapa de crecimiento basada en una carrera de adquisiciones (más de 150) de otras operadoras locales de telecomunicaciones de menor tamaño.

Una etapa regada además con ingentes ayudas públicas, aprovechando los fondos europeos para extender la banda ancha, y que podría acabar con la venta de la compañía a un tercero. Según informó el pasado viernes la agencia Bloomberg, Telefónica y el fondo estadounidense H.I.G. Capital figuran entre los posibles postores que han sido invitados a adquirir la empresa, junto a otros nombres como PAI Partners y Searchlight Capital Partners. Se baraja un precio de 700 millones de euros, deuda incluida.

“Ahora se inicia el proceso para corregir el sobredimensionamiento de la estructura de Avatel con el objetivo de reducir ineficiencias, así como unos niveles insuficientes de productividad”, ha trasladado para justificar el ERE la empresa, cuyo consejero delegado, Ignacio Aguirre, se mostraba el año pasado dispuesto a hacerse con activos resultantes de los compromisos impuestos por las autoridades de la Competencia para autorizar la fusión resultante entre Orange y MásMóvil. Una posibilidad que descartó tras conocerse las condiciones en febrero pasado. También cerró un preacuerdo con Lyntia Access para adquirirla por 1.000 millones en agosto de 2022. 

Ahora su destino parece ser una venta que en cualquier caso llegaría después del anuncio de ERE. Este drástico recorte se ha presentado tras el traslado a Luxemburgo, a finales de diciembre, de las dos sociedades que, según comunicó en octubre la compañía a Bolsas y Mercados Españoles (BME), controlan al 50% el accionista único de Avatel. Se trata de la andorrana Drako SL (50%) y la española Tizona Inversiones Sur.

Según documentación oficial depositada en el Gran Ducado, dos de los tres principales accionistas y ejecutivos de la compañía, incluyendo a su consejero delegado, tienen su residencia fijada en Andorra. El principado es famoso por haber atraído en los últimos años a muchos famosos youtubers españoles por sus bajos impuestos.

A finales de diciembre, el CEO de Avatel, que nació en Soria hace 50 años, trasladó a Luxemburgo la española Retama Telecom, con la que Aguirre controla el 25% de la teleco. En la documentación en el Registro del Gran Ducado se indicaba que el ejecutivo reside “profesionalmente” en Encamp, Andorra. A más de 600 kilómetros de las oficinas centrales de Avatel, ubicadas en la Avenida de la Transición Española de Alcobendas (Madrid).

El mayor accionista de Avatel y actual vicepresidente, Jorge Gómez, también tiene su residencia “profesional” en Andorra, según diversos documentos oficiales remitidos al registro de Luxemburgo. En concreto, en una lujosa urbanización cerca de la estación de esquí de Grandvalira. Gómez, madrileño de 47 años especialista en asesoría fiscal, controla el 50% de Avatel a través de Drako, de la que tiene un 5% a título personal y otro 95% a través de Aquila SL (95%), trasladada asimismo desde Andorra hasta el Gran Ducado.

Relación histórica

Avatel, que ha declinado hacer comentarios, tiene una histórica relación con Andorra. Allí apenas cuenta con una filial, Aw Telecom, y nueve empleados, el 0,43% de su plantilla. El 99,57% restante está en España, según sus últimas cuentas. Pero su relación con el principado viene de atrás.

La compañía, que en 2020 trasladó su sede desde Marbella hasta Alcobendas, tuvo como accionista hasta hace un lustro al Gobierno de Andorra. La estatal Andorra Telecom tenía un 37% de Avatel que vendió a finales de 2019 con fuertes plusvalías. En dos años duplicó su inversión inicial de 16 millones.

Creada en 2012 en la Costa del Sol para dar servicio a segundas residencias y nuevas urbanizaciones nacidas al calor del boom inmobiliario, la compañía ha anunciado el ERE tras haber “liquidado completamente” el primero de los tres planes trienales de incentivos para determinado “personal clave” (2021-2023) que ha puesto en marcha en los últimos años. La empresa tiene un consejo de administración formado por solo tres personas, Aguirre, Gómez y el presidente, Víctor Rodríguez. Este último sustituyó hace unos días al CEO de Avatel como administrador único de Arriba España Telecom SL, domiciliada en Marbella.

En 2023, los tres principales ejecutivos de la teleco se repartieron 4,89 millones entre sueldo y bonus, un 75% más que en 2022. En los tres últimos ejercicios han recibido 10,28 millones. Sumando alta dirección, la cúpula se ha embolsado en este trienio 23,8 millones.

Los otros dos planes de incentivos de Avatel cubren los periodos 2022-2024 y 2023-2025 y se van devengando en un 40% en el primer año, un 30% el segundo y un 30% el tercero. A cierre de 2023, Avatel cifraba en sus cuentas en 28,9 millones “la obligación estimada pendiente, tanto la devengada y pendiente de liquidar” por esos tres planes.

Ese despido colectivo va a afectar al 45% de su plantilla de 1.886 empleados, un recorte que, en porcentaje, es de los mayores de la historia del sector en España. Va a llegar en vísperas de esa posible venta y tras ese movimiento de sociedades desde Andorra hasta Luxemburgo. La ejecución de ese primer bonus llega también tras realizar la empresa 160 compras de pequeños operadores locales desde 2016: 155 hasta el cierre de 2023 y otras cinco en el arranque de 2024. Solo en 2023 fueron 28 compras por importe de unos 82 millones, según sus últimas últimas cuentas. En 2022 fueron otras 54. Y en 2021, otras 52.

En esos tres ejercicios, y según datos del Ministerio de Hacienda, la compañía ha cobrado 291,8 millones en ayudas públicas con cargo al Plan de Recuperación. Es uno de los mayores receptores de subvenciones de España.

Avatel registró en 2023 unas pérdidas de 22 millones, frente al beneficio de 5,9 millones de 2022. Los ingresos consolidados alcanzaron 316 millones y el beneficio bruto operativo (Ebitda) fue de 91 millones, similar al de 2022, según sus cuentas.

Las cifras proforma estimadas considerando la incorporación de los operadores adquiridos en 2023 “suponen ingresos totales de 339 millones de euros y un EBITDA ajustado de 133 millones”, dice en su último informe de gestión. A finales de 2023 acumulaba un patrimonio negativo de 3,4 millones, pero ha formulado sus cuentas bajo el principio de empresa en funcionamiento al disponer de 69,2 millones de efectivo, 16 millones de una línea no dispuesta de pagarés, un tramo de un préstamo sindicado de 23,4 millones y diversas líneas de confirming.

A ello se suma una nueva inyección de subvenciones públicas: “Con fecha 5 de enero de 2024 se cobró el importe relativo a la ayuda para la realización de proyectos del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión-Banda Ancha en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan Único 2023) por importe de 61,8 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023”. 

Esas ayudas han sido una constante en los últimos años, como muestran los datos de Hacienda. Avatel ha sido adjudicataria de las tres convocatorias del plan UNICO para extender la banda ancha ultra rápida (más de 100 Mbps) en España, “siendo uno de los tres operadores de telecomunicaciones que han obtenido más ayudas”, destaca. 

En 2021, el Ministerio de Asuntos Económicos le adjudicó 24,6 millones en ayudas para seis zonas (Badajoz, Guadalajara, Albacete, Zaragoza, Córdoba y Málaga); en la segunda convocatoria (2022), otros 73,07 millones; y en 2023 “logró el 46% de las ayudas de la tercera oleada”, 61,8 millones, para desplegar infraestructuras que darán conexión a internet de alta velocidad en zonas rurales a más de 180.000 hogares, explica en sus cuentas.

En total,159,47 millones en subvenciones con esas tres convocatorias para conectar más de medio millón de hogares y empresas sin internet de banda ancha en más de treinta provincias españolas. A esa cifra se suman otros 132 millones en ayudas del Programa Único-5G Redes Blackhaul, para impulsar la conexión de 5G en zonas rurales. En julio, Avatel recibió casi el 30% de las ayudas de este programa para el despliegue de una red de enlaces backhaul de fibra óptica para conectar en 30 provincias 2.697 torres, todas en emplazamientos con menos de 5.000 habitantes.

La compañía tiene abierto desde febrero de este año un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un posible incumplimiento de la ley de Telecomunicaciones. En concreto, por “aportar información inexacta o falsa ante la Administración”. Se trata de una infracción grave que, de confirmarse, puede ser sancionada con hasta 2 millones.

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