Bruselas denuncia a España ante el Tribunal de la UE por no recuperar ayudas ilegales a la TDT

La Comisión Europea (CE) ha anunciado este martes que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no recuperar cerca de 300 millones de euros en ayudas estatales ilegales que concedió en 2005 para la expansión de la televisión digital terrestre (TDT) en Castilla-La Mancha y en otras zonas de España, y no haber suspendido el pago para su operación y mantenimiento.

La CE declaró en 2013 y 2014 que las ayudas que España concedió para la expansión de la TDT en zonas remotas de España y de Castilla-La Mancha, respectivamente, eran incompatibles con las normas europeas y le obligó a recuperar 260 millones de euros en el primer caso y 43,8 millones en el segundo.

El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que a día de hoy “las autoridades españolas solo han recuperado una pequeña fracción de la ayuda”, en concreto 5,5 millones de los 260 que debían por la decisión referente a España y nada hasta el momento de la cantidad prevista en el caso de Castilla-La Mancha.

“España también sigue pagando para la operación y mantenimiento de partes de la red de TDT, en contra de las decisiones”, añadió.

La CE subrayó que “como resultado del retraso en la implementación de estas decisiones continúa la distorsión de la competencia en los mercados relevantes”, y destacó que “está particularmente preocupada porque continúen los pagos de los subsidios ilegales en detrimento de otros operadores”.

En consecuencia, indicó, ha decidido remitir el caso directamente al Tribunal de Justicia por la violación de las reglas comunitarias en materia de ayudas de Estado.

La CE recordó que, de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica, la financiación pública debe estar disponible para todos los tipos de transmisión -incluyendo terrestre, por satélite, cable o internet-, y apuntó que España violó este principio al otorgar subsidios solo a la TDT.

“Discriminación” entre operadores

Además, señaló que se dio una “discriminación” entre operadores terrestres, por lo que algunos recibieron una “ventaja selectiva” sobre sus competidores, así como que las restricciones pudieron privar a los consumidores de ciertos beneficios, como precios más bajos.

Por todo ello, Bruselas ordenó en su día a España que recuperase de los beneficiarios las ayudas incompatibles.

En 2015 el Tribunal General de la UE rechazó los recursos presentados por España y los beneficiarios para anular la decisión de la CE sobre la extensión de la TDT en España, y en 2016 se opuso también a los recursos para invalidar la decisión referente a Castilla-La Mancha.

El Tribunal de Justicia de la UE, máxima instancia judicial comunitaria, aún debe resolver las apelaciones que se presentaron contra estas sentencias, pero en todo caso España sigue obligada a recuperar las ayudas y anular los pagos.