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Cesan al presidente del Puerto de Cartagena tras dar una licencia a una firma ligada al jefe Anticorrupción del PP

Destituido el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, tras otorgar una concesión hasta 2030 a una empresa de cuyo consejo es secretario el exdiputado popular Andrés Ayala

El PSOE ha pedido explicaciones sobre la decisión, que beneficia a un empresario vinculado al ‘tamayazo’, íntimo amigo y compañero de máster de Cristina Cifuentes

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras (c), saluda al expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena Antonio Sevilla (i).

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras (c), saluda al expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena Antonio Sevilla (i). EFE

El hasta ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Antonio Sevilla Recio, ha sido relevado de sus funciones unas semanas después de que eldiario.es informase de que este organismo público adscrito al Ministerio de Fomento otorgó una concesión administrativa (hasta diciembre de 2030) a una empresa a la que está vinculado el presidente de la oficina anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala.

Ni el Ministerio de Fomento, ni Puertos del Estado, ni el Gobierno de Murcia (región gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos) han querido comentar las razones del cese de Sevilla,  recogido en el BOE del pasado viernes en una orden firmada por el ministro Íñigo de la Serna.

La destitución del que fue consejero de Obras Públicas durante la última etapa de Ramón Luis Válcarcel se produce a propuesta del Gobierno murciano, que es el que tiene la competencia para ello en virtud de la Ley de Puertos del Estado. En un correo electrónico remitido el lunes por la noche, la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia negó que el cese responda a "una cuestión de confianza" y glosaron la "extraordinaria labor" de Sevilla al frente de la APC.

El pasado 26 de febrero, eldiario.es informó del visto bueno del consejo de administración de la APC a la transmisión de la concesión de explotación de un inmueble de titularidad pública a la empresa Mercado del Puerto de Cartagena SL, cuyo secretario es Ayala. Según este abogado cartagenero, que entre otras muchas cosas es actualmente consejero del gestor ferroviario Adif y presidente de la Oficina del Cargo Popular, " es todo legal".

Un amigo de Cifuentes

La empresa, que va a montar un mercado gourmet en ese espacio hasta ahora ocupado por la Cámara de Comercio de Cartagena, es una 'joint venture' de la que forma parte el grupo murciano de bebidas alcohólicas Diego Zamora, al que Ayala está muy vinculado desde hace años. El otro socio es la inmobiliaria RyA Residencias, que tiene como copropietario y administrador a Dionisio Ramos, ex alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid vinculado al escándalo del ‘tamayazo’. Ramos es íntimo amigo de Cristina Cifuentes, de la que fue compañero de clase en su polémico máster.

El pasado 22 de noviembre, el consejo de administración de la APC dio  luz verde a la transmisión de esa licencia, en una reunión a la que asistió en calidad de invitado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé. Con ese visto bueno, y una vez presentada la documentación pertinente, la empresa a la que asesora Ayala puede subrogarse en la concesión que la APC autorizó inicialmente en 2000 a la Cámara de Comercio de Cartagena para permitirle ocupar durante un plazo de 30 años el edificio. 

Según informa Europa Press, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha preguntado por escrito al Gobierno, entre otras cuestiones, por el canon anual que deberá satisfacer la empresa y por si considera el Ejecutivo "ético" que se haya adjudicado esa licencia a una empresa vinculada al que fue portavoz de Fomento del PP en el Congreso durante varias legislaturas. Según Ayala, "el PSOE miente, es una concesión que ya estaba dada y solo se ha autorizado la compraventa de dicha concesión existente".

El año pasado, Ayala fue noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripollés, que querían promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para privatizar el faro, aunque el plan parece haber quedado en el alero. El visto bueno final, de haber salido adelante, habría dependido, precisamente, de la APC.

El nuevo presidente de la entidad, que ha tomado posesión este lunes, es otro político popular, el exvicealcalde de Cartagena Joaquín Segado, que, según La Verdad, evitó la semana pasada pronunciarse sobre uno de los proyectos más polémicos de Antonio Sevilla, el macropuerto de mercancías de El Gorguel.

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