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De Guindos se garantiza un mercado regulado a su gusto al menos dos años

Economía se arroga la facultad de nombrar a los nuevos consejeros del superregulador que supervisará la competencia de los mercados.

El sector tiene críticas feroces contra el nuevo órgano del que dicen que está hecho a medida de Telefónica y que fue durantemente perseguido por Bruselas

Despojado de sus dos organismos estrella, la Comisión Nacional de la Energía y la de las Telecomunicaciones, Soria se conforma con aumentar sus atribuciones en vetar fusiones de empresas en "sectores estratégicos"

La eurozona fijará un límite de hasta 60.000 millones para la recapitalización

Luis de Guindos fue responsable de Competencia en los primeros años de Gobierno de Aznar

El ministro de Economía, Luis de Guindos, tiene un pasado. Su currículum no pasa solo por su celebrado puesto en Lehmann Brothers o por haber sido segundo a las órdenes de Rodrigo Rato en el Ministerio durante la época de Aznar. La carrera pública De Guindos –del cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado– comienza en un puesto que es una golosina para un liberal: la regulación y defensa de la libertad de los mercados.

Entre 1996 y 2002, Guindos fue el encargado de gestionar la competencia desde el Ministerio de Economía. El ministro tendrá un buen elenco de nombres de viejos conocidos que aflorar cuando le toque proponer a los diez nuevos consejeros que gestionará, a partir de octubre, al nuevo superregulador de los mercados que con tanto mimo ha logrado reformar.

La llamada Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha sido una de las principales apuestas, a la par que quebradero de cabeza, del responsable del ramo. El superregulador fusionará bajo su paraguas las competencias que hasta ahora tenían repartidas organismos tan poderosos como la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Entre las muchas novedades que presenta el nuevo organismo está la de reducir a la mínima expresión a sus consejeros, pasando de los 50 altos cargos actuales a diez, incluidos el presidente y vicepresidente que aún no se han nombrado.

Los nuevos diez consejeros se nombrarán a propuesta de Economía al Parlamento, asumiendo así la decisión que antes se hacía de forma colegiada al afectar a varios ministros del área económica. Los mandatos serán de seis años, para no coincidir con la legislatura, pero al poner el marcador a cero, la ley ha tenido que preparar una salvedad para la primera decena de cargos que tomen las riendas de la nueva comisión. Así, tendrán que sortear quiénes estarán dos años en el cargo, quiénes cuatro y quiénes seis, con el fin de comenzar la alternancia necesaria en el pleno del organismo.

Así, y a expensas de lo que decida la suerte, De Guindos se garantiza una comisión hecha a medida durante un mínimo de dos años. Si el azar juega de su parte, puede durar hasta seis. Entre la decena de cargos designados, al menos seis tendrán el sello del Partido Popular, dos del PSOE y otros dos por CiU y PNV. La composición par del pleno del organismo da, además, un voto de calidad a su futuro presidente, lo cual pone en grave riesgo su independencia. (Como es lógico es mucho más sencillo presionar a una sola persona que a diez). El Parlamento tiene derecho de veto en los nombramientos, pero con una mayoría absoluta como la actual no se va a ejercer.

Siguiendo con el juego de los números pares, el diseño del organismo obliga, por así decirlo, a que esta sea la condición numérica del número de consejeros si se quiere tener el control de las decisiones. El truco radica en que la CNMC estará formada por dos salas, una que se encargue de la regulación y otra de la competencia, y los consejeros se repartirán entre ambas (incluidos el presidente y vicepresidente).

El organigrama de la cúpula del organismo es lo más criticado por los expertos y también por la Comisión Europea, que llegó a amenazar duramente al Gobierno de España con posibles sanciones si no cambiaba el reglamento. La frugalidad en los cargos exige que los diez consejeros sepan tanto de regulación como de derecho de la competencia, algo que según las fuentes consultadas, es prácticamente imposible. La principal dificultad es que en aras de la independencia, los consejeros rotarán de una sala a otra, por lo que será casi imprescindible tener altos conocimientos de ambas materias.

El pleno del organismo, esto es, los diez consejeros y las dos salas, solo se reunirá "en caso de graves discrepancias" que se votarán en pleno. En caso de que no haya acuerdo, queda claro que la discrepancia se salvará con la opinión del presidente del organismo, cuyo nombre se conocerá en unas semanas.

Hasta ahora, las principales discrepancias provenían de los sectores reguladores, especialmente de las telecomunicaciones. Las batallas que Telefónica libra airosamente en la CMT (encargada de la regulación), las tiene mucho más complicadas ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que defiende la competencia y es conocida por su exigencia y decisión en la última etapa.

Precisamente, el órgano nace con la escandalosa sospecha de estar dictado, directamente, por los designios de Telefónica. Según publicaron diversos medios el año pasado, el anteproyecto del regulador tenía frases "idénticas" a una propuesta que la consultora PriveWaterHouseCoopers había elaborado para la operadora española sobre el nuevo órgano regulador que necesitaba España. Se da la coincidencia, o no, que en el pasado de Luis de Guindos también figura su desempeño como asesor en la consultora estadounidense después de dejar el Ministerio de Economía con Rato.

Economía se estaría haciendo un órgano a la medida que, aseguran fuentes del sector, "va a quitar mucho trabajo a los despachos de abogados", porque se le presupone muy permisivo hacia las prácticas de defensa de la competencia. Solo un elemento en la nueva configuración se ha vuelto más restrictivo: el de la posibilidad de vetar la compra o fusión de compañías españolas en sectores estratégicos.

Esta capacidad, que se conoce como la función 14, aunque popularmente también se la llama "acción de oro", estaba antes repartida en los diferentes reguladores. Una vez que estos quedan fusionados en la CNMC, es Industria la que hereda esta facultad que le permite frenar operaciones sensibles. Al fin y al cabo, bajo la tutela del ministro José Manuel Soria habrían dejado de encontrarse dos de los organismos más poderosos de la gestión pública (la CNE y la CNMT).

Las nuevas capacidades de Soria incluirán el posible veto de empresas petroleras, un añadido que afecta de forma singular a Repsol pero también a Cepsa.

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