Admitida una demanda de la Plataforma Integral del Taxi contra VTC por competencia desleal
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid ha admitido a trámite una demanda de taxistas de la Plataforma Integral del Taxi (PIT) contra empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Entre las denunciadas están Cabify y Uber y las acusan de presunta competencia desleal, según un decreto judicial que cita Europa Press.
“Es solo el principio de lo que supondrá el recorrido legal de esta demanda, pero es un paso imprescindible que todos estábamos esperando, y del que nunca hemos dudado, porque a pesar de las dificultades, trabajamos con grandes profesionales y la razón nos asiste”. Así, a través de un comunicado, ha celebrado la PIT, que coordina a alrededor de 1.900 taxistas demandantes, la admisión de la demanda.
La demanda la firma el exjuex y ahora abogado Elpidio José Silva y, además de a Uber y Cabify, está dirigida contra Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi. El coordinador y portavoz de Élite Taxi y de la PIT, Alberto 'Tito' Álvarez, ha resaltado en declaraciones a Europa Press que solicitan indemnizaciones que en total “rondarán los 100 millones” de euros.
Concretamente, piden “abonar a cada demandante por cada licencia que ostente, solidariamente, la suma de 13.699 euros por concepto del perjuicio causado (daño emergente); más 6.513 euros anuales por cada demandante, por cada licencia que ostente, a computar desde el año 2019, inclusive, hasta la finalización de la competencia desleal”.
Desde la PIT solicitan al juez que se declare que las empresas han realizado actos de competencia desleal consistentes en “la actividad del transporte discrecional de viajeros en las áreas urbanas de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Getxo, Castellón, Barakaldo, Durango, Alicante, Santander, Ibiza, Palma de Mallorca, Vizcaya, Bilbaorui, Guadalajara, La Coruña, Portugalete, Burgos y Toledo, valiéndose de licencias estatales para explotar VTC, desde el año 2014, vulnerando normas jurídicas concurrenciales”.
Y que “dicha actividad de transporte se ha consumado mediante falsos autónomos, o infringiéndose normas tributarias y de la seguridad social, desde el año 2014, vulnerando normas jurídicas no concurrenciales”.
