La batalla por el fondo público para las víctimas del amianto continúa: “Las indemnizaciones son inaceptables”

Esta semana se cumplía un año de un día histórico para las víctimas del amianto. El 5 de octubre de 2022, España aprobó por unanimidad la creación de un fondo público con compensaciones del Estado para las personas afectadas por esta sustancia cancerígena. Un año después, la alegría de los sindicatos y las asociaciones de víctimas ha tornado en “indignación” y “sorpresa”. El Gobierno incumplió de largo el plazo de tres meses para regularlo, pero además los afectados y las organizaciones de trabajadores advierten de que la propuesta que maneja la Seguridad Social es “inaceptable”. Entre otros motivos, por unas cuantías “absolutamente insuficientes”, denuncian.

CCOO, UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) han lanzado un comunicado para denunciar que, un año después de su aprobación, el fondo de compensaciones aún no exista. “Es muy difícil de entender lo que ha sucedido”, denuncia Jon García, portavoz de la federación estatal de víctimas.

En primer lugar, critican el incumplimiento del plazo de tres meses para la regulación del fondo por parte del Gobierno, “al no haber aprobado su desarrollo reglamentario, trámite necesario para su entrada en vigor y cuyo plazo máximo expiró el 17 de enero de 2023”.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social sostienen que la medida es “una prioridad”, en la que se ha trabajado y “dialogado mucho” con los sindicatos y las asociaciones de víctimas, pero que se vio retrasada por el adelanto electoral y ahora no puede salir adelante con el Gobierno en funciones.

Desde CCOO, Mariano Sanz no admite las elecciones como justificación para la demora, ya que tuvieron lugar en julio, seis meses después de que expirase el plazo para aprobar el reglamento. En Fedavica lamentan que las víctimas estén a la expectativa de la aprobación de la medida: “En la Seguridad Social no nos han dicho que no se pudiera aprobar por estar en funciones”.

Víctimas “de segunda categoría”

En segundo lugar, a las víctimas y sindicatos les preocupa sobre todo las propias condiciones del fondo que propone la Seguridad Social, que consideran muy insuficientes y que contradicen “el espíritu de la Ley, entre otras cosas, porque otorga unas indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo de acabar con los largos procesos judiciales”.

Batallas en los tribunales en las que, en muchos casos, los trabajadores afectados por el amianto fallecen por el camino debido a enfermedades muy graves, como el mesotelioma, y cuyas indemnizaciones acaban cobrando sus familias, como en este reciente caso de un soldador expuesto al amianto durante la construcción de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció una indemnización de 400.00 euros para su familia.

La propuesta que lanzó la Seguridad Social a consulta pública a finales de junio recoge indemnizaciones que oscilan entre los 27.359,76 y los 68.399,40 euros, a los que habría que descontar la tributación por IRPF, que en algunos casos pueden llegar al “45% y 54%”, explican los sindicatos.

Estas cuantías sitúan a los afectados por amianto como “víctimas de segunda categoría”, denuncian CCOO, UGT y Fedavica, frente a otras compensaciones del Estado muy superiores.

Citan a las víctimas del terrorismo, que “fija en 500.000 euros la indemnización por fallecimiento”, a personas afectadas por el VIH como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público, de más de 126.000 euros por contagio, o las recientes reguladas para víctimas de la talidomida “que fija la cuantía de las indemnizaciones en 12.000 euros por cada punto porcentual de discapacidad reconocida a la persona afectada, lo que oscilaría entre los 396.000 euros en los casos de 33% de discapacidad y los 900.000 euros en los del 75%”, recogen las alegaciones conjuntas de las tres organizaciones.

Las cantidades son también muy inferiores a las que se acuerdan por los tribunales de justicia, por lo que sindicatos y asociaciones de víctimas temen que los afectados sigan viéndose abocados a las largas batallas judiciales. Eso en caso de tener posibilidades, porque en otras muchas ocasiones las empresas han desaparecido o los trabajadores estuvieron empleados en varias compañías y no es sencillo señalar la responsabilidad, recuerda Jon García.

Mirada a la negociación de investidura

Víctimas y sindicatos reconocen que, en el caso del amianto, las personas susceptibles de beneficiarse de las compensaciones es numeroso, con un mayor impacto económico, pero consideran que esta circunstancia no puede mermar el derecho de los afectados a “indemnizaciones dignas” de forma “discriminatoria”. El acuerdo político para sacar adelante el fondo, tras meses de negociaciones, alcanza a víctimas laborales, así como ambientales y domésticas.

“Aquí el asunto es que la gente ha cogido enfermedades, algunas muy graves, mortales, por la inacción total de los políticos durante años”, condena Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CCOO. “El Estado sabía desde los años 80 sobre las consecuencias de manipular el amianto. Pero no se atrevió a prohibirlo entonces, el lobby de Uralita era muy fuerte en ese momento”, añade Jon García. España no prohibió el uso y la comercialización del amianto hasta 2001.

Jon García trabajó en CAF en Euskadi y está en el listado de trabajadores afectados por la exposición al amianto. En la compañía, “ya hay 61 fallecidos reconocidos, ganados en los juzgados. Trabajé en una sección donde éramos 50, han fallecido cinco. Por desgracia, es un conteo continuo”.

La ley del fondo público recoge que la estimación del “número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades”. A partir del 2023 “se estabilizarán las cifras y se iniciará una rápida tendencia descendente”, añade la norma entre sus previsiones.

La propuesta de la Seguridad Social prevé 89 personas fallecidas desde la entrada en vigor de la ley susceptibles de recibir una compensación, que sumarían un total de 5,41 millones de euros, más unos 17,6 millones de euros anuales en indemnizaciones para los nuevos diagnósticos.

El portavoz de las víctimas sostiene el Gobierno les había dicho que los 25 millones anuales del fondo, pactados con EH Bildu, eran una cuantía orientativa, que no limitaría el derecho a las indemnizaciones. “Pero ahora parece que no es así”, critica Jon García, por lo que en Fedavica y los sindicatos han iniciado las conversaciones con “todos los grupos parlamentarios” para introducir las compensaciones a las víctimas del amianto como condición en las reñidas negociaciones para investir a Pedro Sánchez.

Aunque están hablando con multitud de formaciones, como Junts y ERC o el BNG, las miradas –y las esperanzas– se dirigen sobre todo a las formaciones vascas, EH Bildu y PNV. De Euskadi, con una movilización de los afectados y concienciación de la lacra del amianto más potente, partió la iniciativa legislativa del fondo de compensación. “A ver si pueden cambiar la opinión del Gobierno”, esperan los afectados.