Se agota el plazo para cobrar lo prometido a los beneficiarios de la amnistía fiscal
- De los cerca de 30.000 amnistiados se conoce una mínima parte gracias a sumarios o investigaciones periodísticas como la de ‘Los Papeles de la Castellana’
Los cerca de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 Cristóbal Montoro pagando, de media, apenas un 3% de lo aflorado, pueden librarse de pagar más a partir de este miércoles, según algunos asesores fiscales y Ciudadanos.
Solo se conoce una mínima parte del total de amnistiados, entre los que hay 705 PEP (Personas Políticamente Expuestas por sus siglas en inglés), correspondientes a cargos públicos o familiares de estos. La treintena de nombres que ha trascendido se conoce gracias a investigaciones periodísticas como la de ‘Los Papeles de la Castellana’, que publicó este diario en colaboración con La Marea y Diagonal gracias a una información remitida al buzón seguro Filtrala, o a sumarios judiciales. El PSOE ha pedido al Gobierno que revele la lista completa, pero el Ejecutivo se niega. Ciudadanos tampoco está por la labor. Creen que iría en contra del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que consagra “la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado”.
Finalmente, y habida cuenta de que ya no queda margen de maniobra, el grupo, liderado en este caso por el portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, ha optado por pedir que se inicien acciones inspectoras extraordinarias a estos contribuyentes que, entienden, son más proclives a defraudar ya que antes de la amnistía tenían dinero opaco. Si el Gobierno obedece al mandato parlamentario, ya no se trataría de recuperar lo no cobrado por los bienes aflorados en la amnistía fiscal, sino de inspeccionar las declaraciones de los contribuyentes en estos años no prescritos, esto es, de 2012 a 2015.
Estos son por ahora algunos de los nombres que se conocen de acogidos a la amnistía:
Los hermanos Gallardo
Jorge y Antonio Gallardo Ballart, principales accionistas de los laboratorios Almirall y propietarios de Vithas, primera empresa de sanidad privada de capital nacional, legalizaron 113 millones de euros con la amnistía fiscal pagando apenas 2,7 millones: el 2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza a través de dos empresas panameñas.
[Vídeo cedido por La Sexta Columna]
Los dueños de Pipas Facundo
El presidente de Facundo Blanco SA y de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, legalizó junto a tres miembros de su familia (su esposa y su cuñado) un patrimonio opaco de más de 11,2 millones de euros que escondían en Suiza. Pagaron 337.405,36 euros, el 3% del dinero aflorado.
Tras más de cinco meses de silencio, Villagrá ha reaparecido para pedir al Gobierno “que no se dé ni un solo paso atrás en la reforma laboral”.
Un bisnieto de Antonio Maura
Borja Pérez-Maura, bisnieto del que fue presidente cinco veces con Alfonso XIII, Antonio Maura, legalizó en la amnistía ocho millones de euros que escondía en Suiza y en una fundación opaca en Liechtenstein. Pagó por ello 112.122 euros, el 1,4%.
[Vídeo cedido por La Sexta Columna]
Los cuatro Borbones
Cuatro Borbones en la línea de sucesión a la Corona regularizaron cuatro millones que tenían en Suiza con la amnistía; la infanta de España Alicia de Borbón Parma, su hijo, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y dos de sus nietos, que escondían dinero opaco en el banco Lombard Odier. Una parte de los fondos tenía su origen en la herencia de la sobrina de Alfonso XIII, María Cristina de Borbón-Parma, fallecida en 2009. Para ocultar ese dinero, utilizaron los mismos testaferros, bufetes y sociedades pantalla que Luis Bárcenas, Rodrigo Rato y la familia Pujol.
El amigo íntimo del Rey Felipe
Pedro López Quesada Fernández Urrutia, empresario de confianza y amigo íntimo del rey Felipe, regularizó junto a sus hermanos y su padre un patrimonio de 1.054.288,92 euros con la amnistía. Declararon 12.423 euros de rentabilidad en los ejercicios no prescritos (2007-2010), e ingresaron a Hacienda una cuota de 1.242 euros (el 10%). El importe abonado a la Agencia Tributaria representó un 0,1% de todo el patrimonio que legalizaron.
[Vídeo cedido por La Sexta Columna]
La hija de un ministro de Obras Públicas del Franquismo
Isabel Fernández de la Mora, hija del exministro Gonzalo Fernández de la Mora, fallecido en 2002, legalizó 642.000 euros pagando un 0,6% a Hacienda. El dinero estaba en cuentas en Suiza que abrió un año después del fallecimiento de su padre. El marido de Isabel Fernández de la Mora, el abogado Antonio Moro, también regularizó otros 368.466 euros con la amnistía.
[Vídeo cedido por La Sexta Columna]
La mujer de Arias Cañete
Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del comisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete, se acogió a la amnistía fiscal y su nombre se encuentra en el listado de PEP que se acogieron a esa medida y que la Agencia Tributaria envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por si el dinero procedía de actividad derivada del político, según avanzó en mayo El Confidencial. El actual comisario no se inhibió en el Consejo de Ministros que aprobó la medida de la que luego se beneficiaría su esposa.
Los imputados
Son varios los empresarios y políticos imputados en casos de corrupción que se acogieron a la amnistía fiscal, aunque en este caso sus declaraciones no habrían prescrito al haberse interrumpido el plazo por hallarse inmersos en esos procesos.
Entre ellos está Luis Bárcenas, extesorero del PP, que regularizó más de 10 millones; su principal testaferro, Iván Yáñez, que legalizó 1,32 millones; el sindicalista y ex líder minero José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,2 millones; el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato, que declaró 115.333 euros; Oleguer y Josep Pujol, hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, que legalizaron tres y algo más de 2 millones, respectivamente; Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin, que regularizó, al menos, 160.000 euros; el arquitecto que reformó en 2006 la sede del PP cobrando en negro, Gonzalo Urquijo, que regularizó junto a su socia, Belén García, 2,18 millones; el constructor Fernando Martín, ex propietario de Martinsa Fadesa, que afloró 3.420 euros; o el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, que legalizó una cuantía indeterminada que escondía en Suiza.
