Bruselas apuesta ahora por abandonar el tratado que blinda las inversiones en energías fósiles

Bruselas prepara el terreno para la salida de la UE del Tratado de la Carta de Energía que blinda las inversiones en combustibles fósiles y que está desfasado. Primero fueron países como España, Francia, Italia o Países Bajos los que anunciaron su retirada y después los 27 no fueron capaces de llegar a un acuerdo para modernizar el tratado, que quedó en el aire. Ahora la Comisión Europea ha enviado un non-paper -documento de trabajo en la jerga comunitaria- en el que plantea a los estados miembros los escenarios que quedan abiertos dadas las circunstancias, aunque apuestan ante los infructuosos intentos por llegar a un acuerdo por la salida coordinada y conjunta del tratado.

El tratado se puso en marcha en el año 1994 para proteger las inversiones en infraestructuras energéticas en los países postsoviéticos, concediendo amplias protecciones a los inversores frente a las intervenciones públicas. El pasado año llegó el momento de su modernización y fue imposible que los socios alcanzaran un acuerdo. Algunos países comenzaron a descolgarse, como España, que argumentó que el acuerdo era “decepcionante”. Ante la falta de entendimiento en el seno del Consejo y con una resolución del Parlamento Europeo -aprobada por socialistas, verdes, izquierda y liberales- en la que reclamaba a la Comisión preparar la salida coordenada, el gobierno comunitario, que sí era partidario de la modernización, reconoce que el proceso de modernización “no parece factible” ante el fracaso de las negociaciones y la retirada unilateral de siete miembros por lo que apunta a que la salida de la UE y Euratom de ese tratado “parece inevitable”, según adelantó Politico y ha confirmado elDiario.es.

“Un Tratado de la Carta de Energía sin modernizar no está en línea con la política de protección de inversiones de la UE o con el pacto verde. Dado que no es factible asegurar una mayoría en el Consejo para adoptar un tratado modernizado, consideramos que la UE, Euratom y los estados miembros deberían llevar a cabo una salida coordinada del Tratado de la Carta de Energía”, señalan fuentes de la Comisión Europea. Esa esa la opción que el gobierno comunitario defenderá este martes en una reunión de trabajo con los estados miembros antes de comenzar una discusión formal con el Consejo y el Parlamento.

Esa posición llega después del envío de un documento de trabajo en el que esbozaba los tres escenarios posibles, aunque el texto advertía de que no había una decisión tomada y que, por tanto, no se podía tomar como una visión oficial del gobierno comunitario. La primera posibilidad es la salida coordinada de la UE, los estados miembros y Euratom de ese tratado. La Comisión explica que el mecanismo sería el mismo que se adoptó para entrar: un acuerdo por mayoría cualificada en el Consejo y la ratificación por parte de la Eurocámara. “Dada la posición tomada en la resolución del 24 de noviembre de 2022, parece que el Parlamento Europeo daría su consentimiento”, señala el documento. Lo que explica en ese apartado es que, debido a las normas de competencia, los estados que quisieran permanecer necesitarían el visto bueno de los demás socios.

Eso conduce a la segunda opción, que es una retirada de la UE pero con autorización para que algún estado miembro permanezca en un tratado modernizado. Ese visto bueno sería necesario para permanecer y también para aprobar una modernización que no ha sido posible en las negociaciones llevadas a cabo durante meses en 2022. “Esta aproximación podría facilitar discusiones constructivas que podrían permitir un compromiso en el Consejo, pero involucra una complejidad significativa y carga administrativa, donde algunos estados miembros seguirían siendo partes contratantes mientras un número significativos de estados miembros se han retirado”, explica el documento enviado a los 27.

La última alternativa es que el Consejo tomara la decisión de modernizar el tratado y después se produjera la salida coordinada. La propia Comisión admite la dificultad de ese proceso dado que varios países han anunciado ya su retirada.

En el documento enviado a las capitales, Bruselas prepara el terreno para lo que pueden esperar en términos económicos dado que el tratado establece un periodo de 20 años para proteger las inversiones que están bajo el paraguas del tratado. “La mayoría de inversiones en la UE son inversiones dentro de la UE y, por tanto, nunca han estado cubiertas por las disposiciones de solución de controversias del Tratado”, recoge la Comisión. El Tribunal de Justicia de la UE falló que las empresas con sede en la UE no podían utilizar el TCE para demandar a los gobiernos de los 27 cuando tomaban decisiones contra el cambio climático que amenazaban inversiones de combustibles fósiles.

La actuales inversiones en territorio de otras partes contratantes o de terceros en la UE sí que estarán protegidas 20 años después de la expiración del periodo de un año para la notificación de la retirada para que se haga efectiva, según explica la Comisión. Las nuevas inversiones de ese tipo no tendrán esa protección pasado el periodo de un año. “Nuestra evaluación general es que la protección de las inversiones como la que proporciona el tratado no se requiere para atraer inversiones a la UE (...). Por lo tanto, una retirada del TCE no debería tener efectos importantes en las decisiones de los actores de Japón, el Reino Unido, Suiza, Azerbaiyán o cualquier otra Parte Contratante del TCE para invertir en el sector energético de la UE”, agrega el texto. “Las nuevas inversiones de la UE en el territorio de terceros ya no serán protegidas después de la expiración del plazo de un año para la notificación de la retirada para que surta efecto. Las inversiones clave aún podrían beneficiarse de garantías adicionales, incluyendo las consagradas en los contratos entre el inversor y el Estado.

España celebra el viraje de la Comisión

“Este cambio de posición, que supone la aceptación de la retirada del Tratado de la Carta de la Energía como única solución posible, es la que viene reclamando España desde febrero de 2021, cuando, tras constatar la escasa ambición de las negociaciones, remitió la primera carta a la Comisión Europea alertando de la situación. En ella se ponía sobre la mesa la opción de la retirada como única solución viable si no se alcanzaba una auténtica modernización del Tratado compatible con los objetivos del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo, así como con el compromiso europeo de alcanzar una economía neutra en emisiones de carbono en 2050”, señalan desde el Ministerio para la Transición Ecológica que pilota Teresa Ribera.

“Desde España, trabajaremos de la mano de la Comisión y los Estados miembros para alcanzar una salida coordinada de la UE, Euratom y los Estados miembros, al tiempo que continuamos con nuestro procedimiento interno para formalizar la salida del Tratado a la mayor brevedad posible”, argumentan en el Gobierno sobre la salida que se anunció hace ya meses.