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La guardería que la CNMC adjudicó a una empresaria imputada en Lezo cierra tras meses de impagos

Sede de la CNMC en Barcelona. Foto: Cc Zarateman / Wikipedia

Antonio M. Vélez

Los padres de los cerca de veinte niños que todavía acudían a la guardería de la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en Barcelona se han quedado este viernes sin poder dejar a sus hijos en el centro. La guardería, cuya concesión prorrogó el verano pasado la CNMC a Grupo Mis Pollitos SL, propiedad de una empresaria imputada en la operación Lezo, ha cerrado tras meses de impagos y retrasos en los pagos a empleados y proveedores.

El organismo ha puesto la situación en conocimiento del Consorci d´Educació de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, para tratar de buscar una solución para los afectados de aquí a final de curso. Según la CNMC, ya ha asignado el caso a una inspectora para reubicar a los afectados en guarderías próximas. Tendrán preferencia los niños cuyos dos padres trabajen.

El centro, ubicado en la sede de la CNMC en el distrito tecnológico 22@ (que alberga a numerosas empresas), está abierto a personas ajenas a la autoridad de la Competencia y de hecho, según fuentes del organismo, los trabajadores de la entidad ya habían sacado de allí a sus hijos hace tiempo, a medida que el deterioro del servicio era evidente.

Uno de los padres afectados cifra en 22 el número de niños que seguían matriculados (según la CNMC, son 15) y explica que los problemas de impagos a los trabajadores comenzaron en diciembre. La CNMC reconoce que las primeras señales de alarma llegaron en noviembre, semanas después de que eldiario.es informara de la adjudicación del contrato a Grupo Mis Pollitos, cuya administradora única, Carmen Pilar Pazos Bejarano, está imputada en Lezo y fue socia de Lourdes Cavero, la esposa del expresidente madrileño Ignacio González.

Sin aviso previo, Mis Pollitos decidió subrogarse en el contrato (sin comunicarlo a la CNMC) a una tercera empresa, Dream Maker Consulting SL ,que fue constituida el pasado 1 de septiembre y tiene como administradora única a María Victoria Pazos Carrión. La CNMC lleva semanas intentando localizar a ambas empresas, sin éxito, y estudia emprender acciones legales. Da el contrato por “rescindido” ante los reiterados incumplimientos.

En diciembre, solicitó la baja el director de la guardería, que desde entonces funcionaba con tres monitoras, hasta que en enero se despidió una de ellas. Mientras continuaban los impagos (también a la empresa de catering que daba de comer a los niños, entre otros proveedores) se han dado de baja más de una decena de niños, a medida que la situación se deterioraba.

El contrato consistía en una “concesión demanial” (utilización privada de bienes públicos, previa autorización del Ministerio de Hacienda) para la explotación de una Escuela Infantil de Primer Ciclo (de cero a tres años) en un espacio de aproximadamente 259,55 metros cuadrados construidos en la sede de la antigua Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en Barcelona.

La concesión inicial fue adjudicada a Mis Pollitos por concurso público en régimen de concurrencia competitiva a través de una resolución firmada el 18 de junio de 2015 por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. En la licitación, el 60% de la valoración se otorgaba al precio y el 40%, a juicios de valor. Tras expirar este año el plazo del contrato inicial sin quejas sobre el servicio, los servicios generales de la CNMC decidieron en junio pasado prorrogarlo un año más.

La concesión original abarcaba los cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017 y fue adjudicada a Mis Pollitos a cambio de un canon mensual mínimo de 300 euros mensuales por los primeros 21 alumnos y de 600 euros a partir de esa cifra. La CNMC asumió como titular del inmueble los costes de limpieza diaria, consumo de electricidad, agua, climatización y teléfono fijo y mantenimiento general del edificio, de acuerdo con el pliego de condiciones. En todos estos meses, no ha habido impagos del canon que pagaba la concesionaria a la CNMC por utilizar las instalaciones, según Competencia.

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