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Cinco años de batalla judicial tras una muerte en el trabajo: “No puedes vivir el duelo porque te obligan a pasar por esto”

Núria Barnolas, hija de Lluís Barnolas, fallecido en accidente laboral en 2018.

Laura Olías

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El 29 de marzo de 2018 Lluís Barnolas se fue al trabajo, como de costumbre, pero no regresó a casa. Ese día sufrió un accidente durante su jornada, mientras su compañero y él realizaban la recogida de vidrio en la ciudad de Vic. Murió intentando frenar el camión en el que hacían la ruta, que caía sin control calle abajo tras ceder el freno de mano. Casi cinco años después, su familia ha concluido hace poco la batalla judicial sobre su fallecimiento, con el reconocimiento de una indemnización por el accidente. “Quería terminar, que me dejaran hacer el duelo y poder vivir, porque en este tiempo no vives”, dice su viuda, Roser Noguer.

Este viernes, 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el día para recordar que los empleadores deben proteger la vida de sus trabajadores, pero también para rememorar a los que ya no están. A los trabajadores que murieron a causa de su trabajo, una lacra laboral muy invisible y en aumento en los últimos años.

Más de 41.500 personas han fallecido en España en accidentes laborales en las últimas tres décadas. Como Lluís Barnolas, a los 57 años. Como José Antonio González, el barrendero que falleció el pasado verano tras sufrir un golpe de calor en plena ola de temperaturas extremas. Como Julián Robles, de 25 años, que trabajaba desde hacía pocos días de camarero en el restaurante italiano que se incendió en Madrid.

Roser Noguer y su hija, Núria Barnolas, denuncian el periplo en los tribunales que tienen que afrontar en la mayoría de casos las familias de las víctimas laborales y los propios accidentados, en caso de sobrevivir a los siniestros. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, las víctimas tienen que esperar una media de cinco años para obtener una sentencia en primera instancia. “Una barbaridad”, como calificó Félix Pantoja, al frente de la fiscalía especializada en siniestralidad laboral hasta hace unos meses, en una entrevista con elDiario.es antes de su retiro. Entre las medidas que reclamaba hasta su marcha destaca la creación de juzgados especializados en accidentes de trabajo, que permitan agilizar estas causas.

La familia de Xavi Cayuela, que falleció a los 19 años atrapado por una máquina en la empresa CIDAC, con multitud de deficiencias en seguridad, aún está a la espera de juicio sobre lo sucedido. “Nos dijeron que sería en breve, pero no tenemos fecha”, responde su tío, Paco Marín. En unos días se cumple el segundo aniversario de su muerte, el 30 de abril de 2021.

Largas batallas judiciales para las familias

“Es muy duro tener que luchar con todo esto, que no sabes cómo funciona, y con unas condiciones emocionales que no son las más idóneas para hacer frente a un proceso judicial. Durante estos cinco años, a mí no me han dejado hacer el luto, vivir el duelo. Porque tenía que buscar documentación, luego tenía este juicio o este otro, y con esa espada de Damocles encima de ti todo el tiempo, con el 'qué pasará, qué pasará'... Esto pasa factura, emocional y físicamente”, explica la viuda, que destaca la labor profesional y la “empatía” de su abogado, Miquel Mitjans.

Las dos familiares de Lluís Barnolas son conscientes de que la causa judicial podía haberse demorado mucho más de cinco años. Unos “doce o trece”, pero varios pasos lo impidieron. Lo primero, que lograron que la empresa, VicVerd –con participación mayoritaria del Ayuntamiento de Vic en ese momento–, no recurriera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que reconocía la responsabilidad empresarial en el accidente por “la falta del adecuado mantenimiento” del freno de mano.

“Hicimos mucha presión popular, una recogida de firmas, una campaña en redes sociales, aparición en los medios...”, explica Núria Barnolas, que considera que esta movilización fue determinante para que el Ayuntamiento de Vic finalmente no recurriera ante el Supremo como pretendía en un inicio. “Es triste si lo piensas, tener que hacer todo esto para impedirlo”, añade la hija de Lluís.

Una vez la sentencia del TSJ catalán fue firme, con un reconocimiento del recargo de la pensión de viudedad del 30%, la familia inició el segundo proceso judicial para reclamar a las aseguradoras la indemnización por el accidente. Cuando llegó la fecha del juicio, hace unos meses, la familia llegó a un acuerdo con la compañía para no demorar más el proceso, que podría haberse alargado varios años más.

Esto se debería evitar a las familias. Porque es un 'shock', que se vaya tu marido a las tres y media con buena salud y que a las pocas horas esté muerto... Las empresas no deberían ponerlo aún más difícil

“Pediría a las empresas que no se lo pongan tan difícil a las familias. No digo que 'regalen' o acepten todo, pero que vayan a una mediación, que negocien para que puedan cerrar el tema”, sostiene la viuda de Lluís, que lamenta que el Ayuntamiento y VicVerd no quisieran mediar con ellas, lo que motivó que se embarcaran en el proceso judicial. “Decían que era un accidente de circulación, no laboral”, condenan madre e hija. elDiario.es ha tratado de recabar la versión del consistorio y de VicVerd, pero no han respondido a este medio.

Esperanza Ocaña Castilla, vicepresidenta de AVAELA, Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, señala además a la Seguridad Social por su papel a la hora de reconocer prestaciones. Como oficial de albañil sufrió un accidente de trabajo en 2008 mientras trabajaba en un pantano: “Me cayó una piedra de hormigón de 30 kilos desde 70 metros de altura”. Tras “seis operaciones” y más de tres años de proceso de recuperación, la Seguridad Social le dio el alta y denegó la incapacidad permanente total.

“Me habían quedado secuelas como que no podía subir en andamio, coger peso, agacharme... Era incompatible con mi trabajo, pero me la denegaron así que tuve que poner el caso en manos de abogados”, lamenta. Tras dos años de pelea en los tribunales, “sin ningún ingreso” por su parte, logró que la justicia le reconociera la incapacidad. “En muchos casos la Seguridad Social deja mucho que desear. Incluso con secuelas muy claras, muchas veces recurren las prestaciones”, critica Ocaña.

“La justicia es muy cara”

Roser Noguer y Núria Barnolas relatan que decidieron luchar en los tribunales y llegar “hasta el final” para “limpiar el nombre de Lluís”. Como en tantos otros casos, las empresas y aseguradoras tratan de responsabilizar a los accidentados de su muerte, sin asumir su papel como garantes de la salud y seguridad en el trabajo, ni las compensaciones a los afectados.

En su caso, señalaron la actuación del compañero que conducía el camión, por no meter la marcha atrás, y la conducta del propio fallecido, al querer detener el vehículo en caída, que acabó con su vida. Pero los magistrados del TSJ apuntan que también existe responsabilidad de la empresa, al acreditar solo un control del freno de mano –que fue el que cedió desencadenando el siniestro– cuando la tabla de mantenimiento programado “exigía acreditar al menos 6 revisiones”, recoge la sentencia. La Guardia Urbana ya constató el gran desgaste de este mecanismo justo después del accidente. “Si hubiera estado bien, esto no habría pasado”, lamenta la hija de Lluís.

Núria Barnolas critica además que “la justicia es muy cara”, lo que impide que algunas familias puedan siquiera pelear las negativas de las empresas. “Si hubiera tenido alguna deuda, como una hipoteca, no hubiera podido hacer frente a este coste, es imposible”, critica Noguer.

Ahora que han terminado su proceso judicial, han logrado “respirar más tranquilas”. “Las navidades pasadas fueron las primeras tras cuatro años, no diré que felices, pero más tranquilas. Pudimos respirar. Esto se debería evitar a las familias. Porque es un shock, que se vaya tu marido a las 3 y media con buena salud y que a las pocas horas esté muerto... Pediría que las empresas no lo pongan tan difícil”, afirma Noquer. La viuda y la hija de Lluís Barnolas esperan que su batalla judicial y su denuncia pública sirvan para concienciar sobre esta situación y evitar que “esto vuelva a ocurrir”.

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