Competencia extrema la vigilancia al negocio funerario y analizará en detalle la última compra del líder del sector

Empleados de una funeraria / Claudio Furlan

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a analizar en profundidad la última operación de concentración notificada al organismo en el sector funerario. El consejo de la CNMC ha acordado examinar al detalle (en el argot: pasarla a "segunda fase") la compra del grupo vasco Funeraria Vascongada por parte de Mémora, líder de este negocio en España.

La decisión se adoptó el pasado 19 de enero, tras notificarse al organismo el pasado 10 de diciembre la operación, cuyo importe no ha trascendido. Con ella, Mémora busca incrementar su presencia en Gipuzkoa, donde se hizo hace 11 años con los servicios funerarios que hasta entonces prestaba Polloe, la empresa pública que gestiona los cementerios de Donostia. En una nota, Mémora "confirma su voluntad de integrar al Grupo Funeraria Vascongada entre sus cerca de 150 tanatorios", una transacción que "reforzaría su posición como actor clave en la provincia de Guipuzkoa donde pasaría a gestionar 16 instalaciones".

Actualmente, Memora cuenta con cuatro tanatorios en Gipuzkoa, según su web: dos en la capital (Zorroaga, Benta Berri), otro en Zarautz y otro en Rentería. Por su parte, Funeraria Vascongada es un operador histórico en esa provincia, con tanatorios en Donostia (Rekalde, Morlans y Trintxerpe), Tolosa, Hernani, Olaberria y Villabona, y oficinas de atención en Errenteria, Oiartzun, Andoain, según su web. El mayor es el de Rekalde (Donostia), donde está su sede central. Con más de 5.000 metros cuadrados en tres plantas, diez salas y parking, “se trata del tanatorio crematorio más grande de Gipuzkoa”, explica en su web.

Memora, con sede en Barcelona, perteneció durante años a Acciona, que en 2008 se la vendió al fondo 3i, que en 2017 acordó su venta por 450 millones de euros a Ontario Teacher´s Pensión Plan, el gigantesco fondo de pensiones canadiense, con más de 130.000 millones de euros bajo gestión a junio de 2020.

Mémora es el mayor operador de este sector en España, con permiso de la proyectada fusión entre Funespaña (de Mapfre) y Albia (Santalucía). Esta operación fue anunciada en junio de 2019 pero la CNMC no le ha dado todavía su visto bueno, tras detectar el año pasado “graves” problemas de competencia tal y como estaba planteada.

Investigaciones en marcha

En septiembre, la CNMC anunció la apertura de una investigación que afecta a esas dos filiales de sendas aseguradoras ante “la posible ejecución de varias operaciones de concentración notificables sin contar con la preceptiva autorización previa”, así como “la posible coordinación previa entre las empresas partícipes en una de ellas y el suministro a la Comisión de información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa”.

En abril, después de que familiares de fallecidos por coronavirus mostrasen facturas en las que empresas del sector les habían cobrado cientos de euros por servicios no prestados, y de que el Gobierno prohibiera a las empresas subir sus tarifas, la CNMC anunció una investigación tras recibir denuncias de supuestos “acuerdos anticompetitivos entre competidores” y posibles “conductas agresivas desleales” de operadores del sector.

El de los servicios funerarios en España es un sector tradicionalmente atomizado. Hay unas 1.100 empresas privadas y públicas, de las que entre 800 y 900 son pymes que facturan menos de 1 millón de euros. Pero ha vivido un progresivo proceso de concentración en los últimos años espoleado especialmente por las aseguradoras, que ven una forma de cubrir toda la cadena: seguro de decesos, tanatorio, cementerio, atención psicológica, traslado del difunto, flores, lápidas, enterramiento o cremación…

La pandemia ha disparado las defunciones, con un exceso de 68.000 muertes por encima de las esperadas en 2020, el año más mortal de la historia democrática de España. Pero el negocio, según la patronal Panasef, cayó en la primera mitad del pasado ejercicio más de un 40%, con una pérdida de ingresos de unos 329 millones, pese a que el número de fallecidos se incrementó más de un 20%, por los costes adicionales asociados a la COVID-19: cierre de salas, prohibición de ceremonias, compra de equipos de protección y sudarios específicos, refuerzos de plantilla y de horas extras…

Etiquetas
Publicado el
25 de enero de 2021 - 16:42 h

Descubre nuestras apps

stats