El dictamen del Consejo de Estado que PP y Cs acusaban al Gobierno de ocultar pide más controles sobre los fondos europeos pero avala el decreto

El Consejo de Estado ha hecho público su dictamen sobre el Real Decreto que aprobaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que había provocado una oleada de críticas por parte de los partidos de la oposición. PP y Ciudadanos llegaron a acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ocultar el dictamen de 97 páginas que se ha hecho público este lunes, aunque fuentes de Moncloa admiten que fue “emitido el 21 de diciembre de 2020”. En su escrito, el Consejo de Estado señala que “el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable” ,aunque apunta como denominador común “la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”. 

“Lo que no parece acertado es que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos, conforme a derecho y ajustada al marco presupuestario, pareciendo a este Consejo más razonable que, con carácter general, la reforma se centre en una simplificación y agilización de los aspectos procedimentales”, señala el dictamen.

En otro apartado, el Consejo de Estado también apunta a que “no puede emitirse una opinión favorable sobre las excepciones que el proyecto contiene respecto a los diferentes regímenes en materia de autorización previa, a la exigencia de informes preceptivos o incluso al ejercicio de la función interventora”. En el informe se argumenta este tirón de orejas ya que “no pueden merecer una valoración global positiva por parte de este Consejo, en tanto su adopción carece de suficiente justificación en el expediente remitido, más allá de las genéricas declaraciones contenidas en el preámbulo, y no se aportan razones que las vinculen necesariamente a una óptima asignación de los fondos europeos”. 

Además, el dictamen destaca “la ausencia en el expediente consultado de toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control”, de manera que se recomienda como “esencial” que la memoria del análisis de impacto normativo recoja “una explicación detallada de las razones que justifican y de los beneficios” de la flexibilización de los mecanismos de control.

Respecto a las subvenciones, el dictamen recrimina al Ministerio de Hacienda el otorgamiento de subvenciones “en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”. Según los miembros de la Comisión Permanente “plantea algunas dudas la supresión” de este informe, ya que “no puede olvidarse que se trata de uno de los supuestos en que excepcionalmente se admite la concesión directa de las subvenciones; y que, por tanto, cobran todo el sentido los mecanismos de control adicional respecto del régimen general de las subvenciones”.

Fuentes de Moncloa señalaron que el Gobierno “ha recogido numerosas aportaciones del informe para incorporarlas al real decreto de Fondos”. En ese sentido, las mismas fuentes aseguraron que el dictamen del Consejo de Estado “formuló algunas consideraciones vinculadas con determinados controles y garantías previstos en el Real Decreto-Ley. Sugirió que se regularan con mayor precisión los informes preceptivos en materia de subvenciones, convenios administrativos y en la elaboración de disposiciones de carácter general y propuso igualmente mantener algunos concretos mecanismos de fiscalización previa”. Aunque “este dictamen no es preceptivo ni vinculante”, aseguran desde Moncloa, “todas estas consideraciones fueron incorporadas al Real Decreto-Ley antes de su aprobación definitiva”, informa Irene Castro.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha solicitado este lunes la comparecencia “urgente” en el Congreso de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, “para que informe sobre el dictamen del Consejo de Estado relativo al decreto de los fondos europeos”. Según ha señalado en rueda de prensa el portavoz adjunto Edmundo Bal, “el documento que era prácticamente secreto -y que se ha publicado en la página web del propio Consejo de Estado-, es demoledor. Me ratifico en ello”, informa Carmen Moraga.

Otras “preocupaciones” del Consejo de Estado

En su dictamen, el Consejo también muestra su “preocupación sobre la manifiesta insuficiencia de la memoria remitida” ya que el expediente remitido “está integrado únicamente por la versión definitiva del proyecto de Real Decreto-ley sometido a consulta y por una escueta memoria del análisis de impacto normativo de carácter abreviado, cuyo contenido no ofrece información relevante alguna a los efectos de este dictamen”.

También se critica que “la memoria remitida adolece de graves insuficiencias en su contenido” en aspectos como que “el examen de la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad se hace en términos genéricos, sin una referencia concreta a los distintos contenidos de la norma proyectada”, añade que “no se contiene referencia alguna a la circunstancia de que no pocas previsiones del futuro Real Decreto-ley resultan de aplicación exclusivamente al sector público estatal” y “se incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario”.

Aunque los miembros del Consejo de Estado admiten que en las actuales circunstancias de incertidumbre “puede ser difícil cuantificar dicho impacto” presupuestario, también avisan de que “sí se puede indicar la incidencia esperada de las distintas medidas de corte presupuestario que contiene el proyecto y elaborar una estimación aproximada de su repercusión, lo cual es ciertamente relevante para poder valorar el impacto presupuestario del proyecto pues, aun habiéndose flexibilizado ante la crisis las exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria, es importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos”.

También se llama la atención ya que “no se han incorporado al expediente remitido los informes emitidos por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio proponente y por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa”, ya que a juicio de los ponentes “priva a este Consejo de Estado de conocer en detalle los fundamentos de la regulación proyectada y la justificación particular de algunas medidas”.

Respecto a que se haya formulado como Real Decreto, el Consejo de Estado considera que en el presente caso concurre esa “situación de extraordinaria y urgente necesidad” para desarrollar legislativamente mediante es instrumento, ahora bien puntualiza “que no pueden desconocerse los inconvenientes que plantea esta opción desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la técnica normativa” en cuanto a la introducción en un decreto-ley de previsiones que se refieren a la regulación contenida en normas reglamentarias.

El Consejo de Estado se queja de que ha dispuesto “de escasos días para examinar un proyecto normativo tan extenso y de tanto calado, lo que hace muy difícil un estudio pormenorizado del mismo, máxime si se tiene en cuenta que el expediente remitido únicamente contiene la versión definitiva del proyecto y la escueta memoria que lo acompaña”.