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ENTREVISTA | Ministra de Trabajo y Economía Social

Yolanda Díaz: "La desigualdad retributiva será calificada como una sanción muy grave"

La ministra de Trabajo explica en esta entrevista la futura legislación contra los falsos autónomos y la crisis del Gobierno de coalición por la Ley de Libertad Sexual: "Es la primera vez que aparecen unas observaciones técnicas en los medios de comunicación. No me gustan estas cosas"

VÍDEO Y AUDIO | Aquí puedes ver y escuchar la entrevista completa

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la redacción de eldiario.es.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la redacción de eldiario.es. Marta Jara

La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha parado de "correr" desde que llegó al Consejo de Ministros hace algo más de un mes. "Y tengo muchas leyes sobre la mesa pendientes", dice la abogada, que recuerda sin cesar su procedencia gallega y del mundo del Derecho. Sorprendió a su llegada con un acuerdo en cuestión de días sobre el salario mínimo al que logró incorporar a los empresarios, pese a los recelos mostrados por la patronal a la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y desde entonces su ministerio ha sido uno de los más activos: comenzó a desarticular la reforma laboral de 2012 con la derogación del despido por bajas médicas y su siguiente objetivo es combatir los abusos sobre los falsos autónomos.

Díaz, de militancia comunista y muy activa hasta ahora en las movilizaciones sociales, ya fuera con los pensionistas o los trabajadores de Alcoa en las calles, es optimista con poder lograr más pactos con los empresarios y sindicatos. "Me parece que hay margen para el encuentro con la patronal en la subcontratación", asegura. 

Le ha recibido mejor la patronal que la oposición política. Con la patronal ha podido firmar un pacto del salario mínimo, pero la oposición ha sido descarnada. ¿Se esperaba este recibimiento?

No, estoy sorprendida. Tenemos a una oposición desubicada. Estamos ante una extrema derecha que no han entendido que no tiene acogida en el siglo XXI. España es un país moderno, que quiere soluciones y no quiere ruido, y lo que está haciendo la derecha es puro ruido.

Ayer, en el Senado iba a responder a una interpelación de Ciudadanos sobre un tema central que son las personas autónomas en nuestro país y me quedé perpleja. Realmente venían a hacer ruido, les importaba bien poco los problemas de los autónomos. Y necesitamos un PP centrado y no secuestrado por Vox.

Usted ha estado muy vinculada al mundo sindical. Su padre es un histórico de Comisiones Obreras en Galicia. ¿Cómo es ahora la relación con los sindicatos desde el Gobierno?

Intento mantener una relación institucional, sobre todo por mi procedencia. La ministra de Trabajo es la ministra de un Gobierno de España y ha de jugar el papel que tiene que jugar: una posición entre los sindicatos de clase y las patronales, siempre en el marco de un programa ideológico.

La patronal ha dicho que no hablará de cambios en el tema de la subcontratación, aunque sí de la prevalencia del convenio sectorial sobre la empresa y de la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Va a ceder Trabajo en el tema de la subcontratación? ¿Cuáles son sus planes con este tema?

La subcontratación permite una forma de precariedad muy fuerte. Por poner un ejemplo: permite que en una empresa las trabajadoras y los trabajadores que están desempeñando las mismas funciones tengan cuatro o cinco convenios colectivos, incluso más. Es decir, que tengan una disparidad entre sus condiciones laborales.

No quiero intervenir en las posiciones que se están discutiendo, pero me parece que hay margen para el encuentro en una salida a un problema que también las patronales reconocen. Las patronales saben que el nivel de precariedad que hay en nuestro país no es soportable y que es una forma de competencia desleal.

Han anunciado que muy pronto habrá una legislación contra los falsos autónomos. ¿Cómo se puede evitar desde la ley que tenga lugar este tipo de abusos? ¿Tienen pensado sanciones más duras a las empresas que los utilizan?

Sanciones hay. De hecho la Inspección de Trabajo está operando y han hecho un trabajo magnífico que ha aflorado un montón de puestos de trabajo fraudulentos. Hay una parte de la producción, y sobre todo en las plataformas digitales, que huyen del derecho laboral. Ahora para que un trabajador o una trabajadora tenga los derechos que le corresponden tiene que interponer acciones ante los tribunales.

¿Qué vamos a intentar? Legislar para que no tengan que acudir a los juzgados. Hay bastante evidencia sobre lo que es y no es una relación autónoma, muchísimos tribunales de toda España han resuelto muy bien esta cuestión..

Ha mencionado en concreto las plataformas digitales. ¿Va a negociar con empresas como Glovo y Deliveroo sobre estos cambios?

Me voy a sentar a hablar con todo el mundo. ¿Eso quiere decir que vayamos a renunciar a posiciones frente a una vulneración flagrante de derechos? Ya anticipo que no. Comprendemos perfectamente lo que pretenden, pero hemos sido claros desde el Gobierno en que la propuesta del TRADE digital no se va a producir.

Siempre pongo un ejemplo: un joven o una joven con una bicicleta y con un teléfono móvil no es un autónomo. Una profesional en un despacho elige el precio, las horas de trabajo, los asuntos que trata, los clientes... Esto no existe en ninguna de esas relaciones.


Ha afirmado que en breve aprobarán dos reglamentos que desarrollen el decreto de igualdad laboral que aprobó el Gobierno anterior. En su día se renunció en ese texto a incluir sanciones a las empresas que incurren en brecha salarial. ¿Las pueden desarrollar en los reglamentos o van a renunciar también a sancionar?

El Gobierno del PSOE optó por el denominado modelo francés. Nosotras teníamos una ley de igualdad retributiva más avanzada y nos situaba en la vanguardia europea, pero es perfectamente válido el canal empleado.

Tenemos ya listo el reglamento de la igualdad retributiva. Por la propia aplicación de las normas actuales, en el caso en el que se advierta una discriminación por desigualdad retributiva, que existan indicios de desigualdad en los promedios en las categorías y grupos profesionales, será calificado como una sanción muy grave, que puede oscilar entre 6.000 y 180.000 euros.

Preparan también una ley de trabajo corresponsable para mejorar la conciliación y la igualdad. ¿Qué medidas concretas va a incluir esa ley?

Creo que es una de las leyes más necesarias en nuestro país. La sociedad española tiene que abordar un enorme debate: qué hacemos con los cuidados. Esta ley va a poner los cuidados en el centro del mundo del trabajo.

Hasta ahora se han legislado las ausencias, sobre todo, de la mujer, que pueden llegar hasta los 12 años de edad de un menor o más si tiene una persona a su cargo. Es muchísimo tiempo. ¿Qué va a hacer esta ley? No regular las ausencias, ni extraer a la mujer del mundo del trabajo, sino que va a regular la presencia de hombres y mujeres incorporando elementos de corresponsabilidad.

¿Cómo se aplica esto en la práctica?

No es comprensible que si nuestros hijos enferman no podamos tener un permiso justificado de ausencia en el trabajo. Hay que incorporar medidas de flexibilidad a disposición de los trabajadores, que podamos organizar nuestra jornada, cumpliendo con el horario y manteniendo los niveles de productividad. 

Unidos Podemos proponía en su programa electoral la reducción de las jornadas laborales 34 horas semanales, ¿es una meta de su ministerio para esta legislatura?

Es lo que defendía Unidas Podemos, pero no está recogido en el acuerdo de gobierno. Nos debemos, y en esto quiero ser muy escrupulosa, al acuerdo firmado.


Ha habido mucho debate sobre si se deroga o no se deroga la reforma del Partido Popular. Usted ha defendido que sí, pero por fases y que no se puede derogar todo y menos de golpe. ¿Cree que se han prometido a las militancias de manera poco realista que se podía tumbar de un día para otro por completo la reforma laboral?

Creo sinceramente que no. Antes de ser ministra y después siempre tuve claro que no se podía derogar una norma del Partido Popular que ha invadido más de 20 preceptos y cinco leyes, cinco reales decretos, varias directivas europeas... Es cierto que cuando vamos a los mítines todo es mucho más escueto y decimos "derogar la reforma laboral".

¿Cuál es la síntesis? Vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular y la vamos a hacer técnicamente como debe de hacerse. En el artículo 52 d) se ha dictado una norma que decía derogamos, pero hay otras muchas cuestiones en las que no derogamos sino que vamos a legislar ese precepto en cuestión. No es tan sencillo.

¿Está de acuerdo todo el Gobierno en ese objetivo? ¿Usted y Nadia Calviño?

Totalmente, sin lugar a dudas. Estoy convencida de que vamos a cumplir el acuerdo de gobierno y que lo vamos a hacer con diálogo social. Esto es muy importante. La legitimidad que se adquiere cuando utilizas el canal democrático adecuado es muy fuerte. El diálogo social culminará o no con acuerdo, pero tiene que existir.

¿Qué tal es la relación dentro del Gobierno entre los miembros de PSOE y Unidas Podemos? ¿Cómo es su relación con Nadia Calviño, por ejemplo?

Yo aprendo todos los días de Nadia Calviño, que procede de un mundo ajeno al mío. La relación es muy positiva. Tenemos debates, a veces intensos, pero se dan en el propio seno del PSOE. También es algo histórico, siempre ha habido disputas entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía, tanto con el PP como el PSOE. Y en el seno de Unidas Podemos también hay matices, afortunadamente. 

Hay otro tema en el que también tienen un debate interno en el Gobierno, que es la mochila austriaca. Usted la descarta y la vicepresidenta Nadia Calviño dice que es una de las medidas que va a estudiar el ministro de Seguridad Social.

No está en el acuerdo de gobierno, por tanto, cumplamos el acuerdo. Me deja muy sorprendida esta afirmación porque hubo una comisión de expertos al máximo nivel para plantear el abordaje de la mochila austriaca en nuestro país. Las conclusiones del informe de la patronal es que no se puede aplicar o que aplicándola tendría ciertos costes. Incorporar la mochila austriaca es un elemento disruptivo en el mecanismo laboral y de protección social constitucional.

Son hitos ideológicos, hasta hace poco lo veíamos con el contrato único o que el salario mínimo era malo.

Los defensores del contrato único sí argumentaban un dato objetivo, que es la enorme temporalidad que hay en España respecto a otros países europeos y la diferencia entre indemnizaciones entre los trabajadores que tienen contrato indefinido y los que no lo tienen. ¿Esto cómo se soluciona?

Esto es una realidad. España tiene tres graves problemas. Uno, es el paro. Dos, es la precariedad, la temporalidad, con un 26,6%. Es insoportable. Y en tercer lugar, una desigualdad que es galopante. Esto tiene que ser corregido y lo que pretende el contrato único de alguna manera es unificar todo y, como siempre, a la baja. No se trata de esto.

Si me preguntan ¿tiene que haber un contrato único en España? Digo no. El contrato ordinario que tiene que haber en nuestro país es el indefinido, pero tiene que haber contratos temporales para una sustitución, porque enfermamos, tenemos hijos y las empresas y las administraciones públicas van a tener que sustituir a esos trabajadores.

¿Pero por qué tenemos tantísimos contratos temporales? ¿No puede ser porque el contrato indefinido tiene una indemnización laboral en España muy superior a la media europea y el contrato temporal no, por lo que muchos empresarios recurren a la temporalidad para ahorrarse futuros costes de despido?

Llevamos 52 reformas laborales. En materia de contratación, treinta y tantas. Somos un país que ha ‘hiperlegislado’. Hay un problema en el mercado de trabajo y se reacciona ad hoc creando una fórmula contractual. Esto tiene que ser subsanado: vamos a reducir estrepitosamente las modalidades de contratación. El marco es el de estable e indefinido, pero tanto por las sustituciones como por elementos de producción habrá temporales. Tenemos que actuar con urgencia en la contratación a tiempo parcial, que es un nicho de precariedad, de fraude y de empobrecimiento de las mujeres.

¿Qué están pensando para la reforma del trabajo a tiempo parcial?

Tenemos algunas obligaciones ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le ha sacado al Reino de España los colores en dos ocasiones recientes. Hay una cadena de desprotección, como el caso catalán de una trabajadora de la limpieza que tendría que trabajar cien años a tiempo parcial para devengar una prestación de jubilación. Se ha corregido una parte, pero aún tenemos a las mujeres, mayoritarias en el tiempo parcial, sin proteger.

Hay elementos que corregir: se ha dispuesto en el artículo 12 las horas complementarias, que es una manera eufemística de extender la jornada laboral, y tenemos que abordar lo que realmente debe ser un trabajo parcial de manera real y voluntaria. Lo vamos a abordar con un sesgo de género fuerte y una respuesta rápida. 

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el centro de Madrid.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el centro de Madrid. Marta Jara

¿Siente la presión de Bruselas, que recientemente ha avalado algunos recortes de Rajoy en la reforma de pensiones y laboral?

En absoluto. Estoy deseando ir a Europa y conocer a mi homólogo. He leído con muchísima atención el informe y, lejos de lo que se ha traducido en titulares de prensa, el informe de la Comisión tiene razón: es brutal la precariedad, la temporalidad, la rotación en el empleo, el uso del tiempo parcial y el impacto de género, pero también dice que se están produciendo cambios, algunos muy positivos y que veremos los impactos. 

¿Van a recuperar la autorización administrativa previa en los despidos colectivos que eliminó el PP? En 2019 se han disparado después de seis años de caídas.

Este es un tema de una enorme relevancia. Todos esos ERE están afectando sobre todo a sectores industriales, por tanto, perfiles del mercado de trabajo masculinizados y con una edad en la mediana de la vida. Es preocupante que estos ERE están agudizando el mayor problema que tenemos entre los parados: la mitad son de larga duración. Vamos a intentar dar una salida a los parados de larga duración, que son un colectivo prioritario en la Ley de Empleo.

En segundo lugar, en el abordaje de la reforma laboral del PP vamos a plantear refuerzos en el control de las autorizaciones administrativas. Hay una directiva europea que también tenemos que cumplir, pero vamos a mejorar lo que tenemos. Hoy, el papel del Ministerio de Trabajo en los ERE es ninguno como consecuencia de la reforma del PP.

Usted ha sido abogada laboralista y muchos de sus antiguos compañeros piden la recuperación de los salarios de tramitación. ¿Se está pensando en recuperar los salarios de tramitación previos a la reforma de 2012?

Estamos pensando en algo más grande. ¿Qué nos gustaría en el Gobierno? Acabar rápido con el pasado, que es el PP, y empezar a abordar y definir el trabajo en el siglo XXI. Ahí es donde tenemos que legislar, con toda la inteligencia, los aspectos de las relaciones laborales a día de hoy. Aunque hay un texto refundido del 2015, la norma es de Marcelino Camacho, de los años 80, con todo el cariño para Marcelino Camacho es una norma con ciertos tintes autoritarios.

Así que vamos a redefinir todo y hablamos del Estatuto del Trabajo, porque el trabajo es lo que tradicionalmente en el siglo XX se entendía como las relaciones asalariadas, pero también el trabajo autónomo y el trabajo que no es retribuido.

La Ley de Libertad Sexual ha destapado algunas diferencias de criterio entre el PSOE y Unidas Podemos respecto a esta con respecto a esta materia. ¿Existen tantas diferencias entre PSOE y Unidas Podemos sobre feminismo?

Creo que no. Este gobierno no solo va a durar una legislatura, sino que va a dar una sorpresa y cambiar nuestro país. En escaso mes y medio la ministra Ribera ha declarado la emergencia climática en España; hemos revalorizado las pensiones que había dilapidado el PP; hemos atendido a las reclamaciones de los de los empleados y empleadas públicas y hemos atendido con urgencia a un problema estructural gravísimo en el campo.

Es legítimo tener diferencias. Yo soy forofa de las diferencias. Tenemos que ir aprendiendo a conocernos, a ser muy respetuosas entre nosotras. Este Gobierno, con el presidente a la cabeza, es feminista.

Pero ¿qué ha pasado en ese conflicto entre la ministra de Igualdad y la vicepresidenta Carmen Calvo con la tramitación de esta ley y con sus equipos? ¿Tuvo realmente la vicepresidencia que corregir la Ley de Igualdad?

Todas las leyes entran en un carril administrativo, todas se someten a consideraciones administrativas y tienen observaciones de los restantes ministerios.

Me he quedado un poco perpleja porque es la primera vez que aparecen observaciones técnicas en los medios de comunicación o que se diga que hay redundancia en algún precepto... Todas las leyes redundan en preceptos. Hay discusiones jurídicas que son legítimas, pero sinceramente esto pasa en todas las leyes. Es un debate legítimo porque el feminismo es rico, los feminismos son ricos, son plurales y son diversos.


Pero el hecho de que se conozcan esas modificaciones, que evidentemente solo han podido salir del Gobierno, y las declaraciones de Pablo Iglesias hablando del machismo frustrado, que muchos medios relacionaban con el ministro de Justicia. ¿No hay una grieta con este tema dentro del Gobierno?

No. Creo que Pablo Iglesias dijo una verdad, que yo también sufro: se plantean objeciones con presunta neutralidad, pero que tienen tintes machistas. Yo estuve en el Consejo de Ministros, no puedo revelar lo que allí se debatió, pero eran posiciones legítimas, políticas. Dentro de Unidas Podemos tenemos distintas posiciones en el feminismo. Es un tema muy controvertido.

Lo digo con franqueza, creo que hay que tener tranquilidad, serenidad. Es la primera vez que aparecen unas observaciones técnicas en los medios de comunicación. No me gustan estas cosas.

¿El debate de fondo es una cuestión sobre distintas maneras de entender el feminismo o sobre cuándo se hacía esa reforma y quién tenía más protagonismo? Porque tengo entendido que uno de los debates, lo que planteaba Justicia, es que esto fuera a la vez que la reforma del Código Penal, que incluirá la rebaja de los delitos de sedición, mientras que Unidas Podemos quería que esto fuese una ley específica del Ministerio de Igualdad y que se aprobase antes del 8 de marzo. Es decir, que gran parte del debate era por quién se ponía la medalla, ¿o no era así?

Creo que tiene razón, hubo un poco de todo. Pero me quedo con que esta ley está recogida en el acuerdo de gobierno y con que el Gobierno quiere la ley que salga adelante.

¿Cómo deben conjugar los socios de gobierno la competición electoral con la connivencia y la complicidad en el Ejecutivo?

Lo estamos haciendo estos días. Le comentaba en La Rioja al presidente Pedro Sánchez que nos volcáramos en Galicia y me decía: ‘Yolanda, lo voy a hacer yo y lo vas a hacer tú’. Esto también es nuevo y hemos de ponerlo en valor. Somos dos organizaciones diferentes, con valores diferentes y que vamos a ir a un escenario de elecciones electorales, las dos son muy relevantes, pero como gallega creo que hay partido. Tenemos que ser especialmente hábiles para ser respetuosos entre las formaciones de las distintas izquierdas para derrotar a Feijóo.

Este miércoles eldiario.es publicó una encuesta que dice que está al alcance, por muy poco.

Hay partido, sin lugar a dudas. Por eso le he pedido al presidente que se vuelque y yo también me voy a volcar.

¿Cuánto se juega usted en estas elecciones gallegas?

Me juego algo muy importante. Me acuerdo de Emilio Pérez Touriño, pero hablar de Galicia es hablar siempre del Partido Popular. Hago un llamamiento a la ciudadanía progresista de Galicia para que nos movilicemos porque va en serio, podemos ganar. Nos jugamos todo.

Ese último gobierno progresista en Galicia en parte acabó perdiendo las elecciones por las disputas internas entre los dos socios. ¿Sacaron un aprendizaje que pueden llevar hoy al Gobierno de España?

He defendido yo más al bipartito que el propio bipartito. El arma más letal que tenemos son las diferencias, que son legítimas y han de ser de la intensidad que sea necesaria, pero  exponerlas donde hay que hacerlo.

En este escenario, sin mayorías absolutas, ¿esta coalición va a ser un gobierno a largo plazo? ¿Puede durar más de una legislatura?

Estoy segura que va a ser así. España ha cambiado, no quiere ruido. España no quiere representantes que vulneren los derechos fundamentales, como estamos escuchando a la extrema derecha con las mujeres. El Partido Popular está desconsolado, tiene un problema severísimo. La gente es moderna, quiere tranquilidad, quiere respuestas a los problemas de nuestro país.

¿Teme el impacto de coronavirus en el empleo?

Estamos preocupados. Tenemos ya la guía para actuar. Hay que pedir prudencia, estamos en un momento de transición. Todo el Gobierno, con el presidente a la cabeza, estamos actuando de manera rápida. Quiero destacar el gran trabajo que está haciendo el Ministerio de Sanidad. Es extraordinario, está siendo emulado en otros muchos países.

Quiero ser prudente. Estamos analizando el impacto económico. Estamos mirando los datos a diario para saber si puede haber problemas de envergadura.

Yolanda Díaz, en un momento de la entrevista con eldiario.es.

Yolanda Díaz, en un momento de la entrevista con eldiario.es. Marta Jara

Está dando mucha visibilidad a las muertes de trabajadores. ¿En qué medidas concretas se va a traducir esa denuncia sobre la siniestralidad laboral?

La van a conocer también en seguida, porque se va a reunir el Consejo Rector de la Inspección de Trabajo y vamos a desarrollar un Plan directo contra la siniestralidad. Es insoportable. En España dos personas diarias mueren en el trabajo y no hablo de enfermedades profesionales. Me decía la consejera vasca de Empleo, y voy a estudiar la propuesta, que llevaba todas muertes que hay en el País Vasco a su consejo a dar cuenta y visibilizarlas.

En el Gobierno, en el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos, recoge una subida del IPREM, clave para las ayudas sociales. Desde la vicepresidencia de Pablo Iglesias se ha dicho también que se va a subir. Con la subida tan alta del 22% del año pasado del salario mínimo, ¿debe haber una subida muy contundente del IPREM en estos Presupuestos?

Está el Gobierno trabajando, con la ministra de Hacienda a la cabeza, para hacer una subida plausible. No puedo anticipar la cuantía. Debemos ir con parámetros que sean asimilables, pero el IPREM lleva sin actualizarse muchísimo tiempo.Cada punto del IPREM son 80 millones de euros y tiene un impacto muy fuerte en las prestaciones.

¿Una subida plausible está por encima de la subida del salario mínimo de este año? ¿Cercana? 

Soy prudente. Me parece que es factible el incremento del 5,5%, pero no quiero dar un titular porque se está trabajando. Cuando el Gobierno resuelva, daremos la cifra.

Anunciaron esta semana que van a ratificar el Convenio 190 de la Ley contra el Acoso y la Violencia en el Trabajo. Está pendiente la firma del 189 de empleadas domésticas, que es una promesa desde hace muchos años y que reclaman las organizaciones de trabajadoras. ¿Para cuándo? ¿Este año? 

Para ya, estamos empeñados tanto mi ministerio como el ministerio de Igualdad. El trabajo en el hogar tiene que ser bien definido. Ha habido reformas que han sido muy positivas, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno, pero luego el PP lo entorpeció. Hay que con urgencia ratificar el artículo 189, no podemos tener a una parte de las trabajadoras privadas de un montón de derechos.

Hemos ratificado el 190 con carácter anticipado sencillamente porque necesitamos un segundo país para desplegar sus efectos de aplicación. Lo tenemos en Uruguay y nos parecía que era una apuesta firme de España incorporarse.

En la oposición pidió al Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio que no ampliara la exposición a sustancias cancerígenas como el sílice en la transposición de la directiva europea. ¿Qué van a hacer ustedes el Ministerio? ¿Van a impedir ese incremento?

Está todo el equipo trabajando en esta cuestión. Las directivas son de mínimos, pero incorpora una realidad: hay trabajos que matan y lo dice una ministra que viene de una zona en la que tenemos 5.000 afectados por amianto. La directiva da un paso firme al entender que es muy grave el manejo de estas sustancias como el sílice.


Una última pregunta fuera de su departamento. La Fiscalía suiza está investigando un presunto donativo de 65 millones de euros del rey emérito Juan Carlos de Borbón a Corinna. ¿Le preocupa desde el Gobierno al Gobierno esta investigación de cuentas en Suiza del ex jefe del Estado?

No conozco este tema. No se ha planteado en el Gobierno. Lo que sí que creo que la sociedad española quiere transparencia, quiere saber qué ha pasado y ejemplaridad.

¿Me diría usted lo mismo si no estuviera en el Gobierno?

Diría lo mismo. Voy a poner un ejemplo: no sé muy bien por qué tengo una parte de la agenda que es pública y otra privada. Yo creo que los españoles tienen derecho a saber qué hago yo desde las 8 de la mañana.

¿Pero qué le parece que el jefe del Estado pueda tener cuentas en Suiza?

Me parece mal. Creo que a todos los españoles y las españolas les parece mal. Que el jefe del Estado o cualquier patriota  tenga una cuentas en Suiza me parece fatal.

Tenemos que aprender de otros países. De mi aprendizaje de haber sido diputada en la legislatura anterior, que he estado en varias comisiones de investigación, son muy diferentes a las que hay en otros países. España va lenta en este tipo de cuestiones.

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