El Gobierno reparte 100 millones de euros entre las Comunidades contra la pobreza infantil y 51 millones de ayudas al empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto por Comunidades Autónomas de 100 millones de euros de créditos para la protección a la familia y contra la pobreza infantil así como subvenciones directas para el empleo, de 42 millones de euros para el desarrollo del Plan de Empleo de Canarias y de otros 9,46 millones en políticas activas de empleo con entidades de la Administración General del Estado, para financiar “servicios y programas dirigidos a personas demandantes de empleo como a personas ocupadas”, informa el Ministerio de Trabajo en una nota de prensa.

La Vicepresidencia de Derechos Social que dirige Pablo Iglesias ha informado en un comunicado del desglose de los 100 millones de euros en créditos destinados a las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla para la realización durante 2020 del Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil.

El importe se distingue en tres bloques:

En primer lugar, 45 millones de euros para la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, que “no requiere de cofinanciación” de las Comunidades Autónomas, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, Maria Jesús Montero, que ha precisado que estos fondos se destinan a familias con privación material severa o en riesgo de pobreza y exclusión.

En segundo lugar, créditos por un importe de 15 millones de euros para el programa específico para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral, que tampoco requieren de cofinanciación por parte de las autonomías.

En tercer y último lugar, créditos por valor de 40 millones de euros para prestaciones básicas de servicios sociales, dirigidos a mantener la Red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales. De esta forma, se cofinancian proyectos de información y orientación, ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia, alojamiento alternativo y de prevención e inserción social, recoge la agencia Efe. En este caso, las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben complementar aportando “al menos una dotación de igual cuantía” que la del Gobierno, ha explicado Montero.

El Consejo de Ministros también ha acordado la distribución del crédito para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, con una dotación de 412.500 euros. en el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno en la Estrategia Nacional para la Inclusión de la población gitana en España 2012-2020. Para estos proyectos, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán aportar esas administraciones al menos, dos tercios de la cantidad financiada por el Gobierno central.

42 millones para Canarias y casi 10 de subvenciones al empleo

El Ejecutivo también ha dado luz verde este martes a un real decreto del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con subvenciones directas para el empleo por valor de más de 51 millones de euros. Se componen de una partida mayoritaria de 42 millones de euros prometidos a Canarias para el desarrollo de su Plan Integral de Empleo de 2020 y, por otro lado, 9,36 millones para políticas activas de empleo del SEPE con organismos de la Administración General del Estado, por los que se financiarán “servicios y programas dirigidos tanto a personas demandantes de empleo como a personas ocupadas, para la mejora de su ocupación”, explica el Ministerio de Trabajo en un comunicado.

El Real Decreto incorpora el fundamento del Plan Integral de Empleo de Canarias 2020, con la subvención de 42 millones de euros que permitirá un convenio del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) con esta Comunidad para el desarrollo de acciones para la defensa del empleo. Canarias, catalogada como “región ultraperiférica”, ha sido especialmente castigada por el impacto de la COVID-19, ya que su fuente principal de actividad económica es el turismo, muy afectado por la pandemia. En el decreto se especifica que las subvenciones podrán dar cobertura “en especial” a Planes de Formación Específicos para los sectores económicos más afectados por la crisis del COVID-19, turismo, transporte, comercio, o de carácter intersectorial como formación en idiomas o competencias digitales“.

Por otro lado, los casi 10 millones de euros de subvenciones para organismos de la Administración Pública estatal se distribuyen así entre las siguientes entidades:

Las entidades beneficiadas por esta importante inversión, que supera los 51 millones de euros, son:

— El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (6,5 millones de euros).

— La Jefatura Central de Tráfico (216.000 euros).

— La Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación (57.000 euros).

— El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (150.000 euros).

— El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (105.000 euros).

— El Instituto de la Juventud (1 millón de euros).

— El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (282.000 euros).

— La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (1,15 millones de euros).