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La esclavitud no es un problema del pasado: está aumentando y alcanza a 50 millones de personas en el mundo

El campo es uno de los sectores con más casos de trabajos forzosos; en la imagen, dos jornaleras en Los Nietos (Cartagena).

Laura Olías / Carmen Martínez

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Buscaba personas migrantes en situación vulnerable, les ofrecía condiciones laborales muy ventajosas, con salarios elevados más alojamiento y manutención. Nada era como se vendía. Los empleados se veían sometidos a jornadas de 12 horas, obligados a trabajar bajo coacciones, violencia e incluso, abusos. No se trata de un relato lejano, ni de épocas pasadas. Ocurría hace días en establecimientos de Manacor y el Llevant de Mallorca, como informó la Policía Nacional al detener al empresario acusado de los delitos. Es una de las caras de la esclavitud presente en el siglo XXI, que también está presente en las calles de los países ricos como España. Lejos de reducirse, está aumentando hasta alcanzar a casi 50 millones de personas en el mundo en 2021.

Así lo recogen los datos recién publicados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la ONG Walk Free en sus nuevas Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna. El estudio advierte que “el flagelo de la esclavitud moderna no está en absoluto relegado a la historia” y da cuenta de un aumento desde su último informe, en 2016. En este periodo, el número de personas sometidas a esclavitud se ha incrementado en casi diez millones de afectadas, hasta un total de 49,6 millones en 2021.



¿Qué es la “esclavitud moderna”? El informe recuerda que se utiliza esta denominación para medir a nivel internacional la esclavitud contemporánea, que consta de dos componentes principales: el trabajo y el matrimonio forzosos. “Ambos se refieren a situaciones de explotación que una persona no puede rechazar ni abandonar debido a amenazas, violencia, engaño, abuso de poder u otras formas de coacción”, explican las organizaciones.

Las estimaciones de 2021 apuntan que de los casi 50 millones de personas víctimas de esclavitud, el trabajo forzoso alcanza a 27,6 millones y el matrimonio sin consentimiento, a 22 millones, aunque el estudio advierte que esta última cifra seguramente sea mayor. Ambas realidades registran un aumento en términos absolutos y también relativos, subraya. El trabajo forzoso ha pasado de “una prevalencia de 3,4 a 3,5 por cada mil personas en el mundo” y el matrimonio a la fuerza, del “2,1 a 2,8 por cada mil personas”.

El informe señala algunas causas del incremento de esta lacra, como crisis agravadas por “la pandemia de COVID-19, los conflictos armados y el cambio climático”. Situaciones que “han provocado una perturbación sin precedentes del empleo y la educación, un aumento de la pobreza extrema y de la migración forzosa y en condiciones de inseguridad, así como un incremento de las denuncias de violencia de género, lo que contribuye a aumentar el riesgo de todas las formas de esclavitud moderna”.

Esclavitud en países ricos como España

Además de desmontar que la esclavitud sea un problema del pasado, las organizaciones internacionales tumban también que sea un abuso propio de países menos desarrollados. Especialmente, respecto a la explotación laboral. “Ninguna región del mundo está libre del trabajo forzoso”, avisa el estudio. Tampoco los países ricos, como España. Más de la mitad del trabajo forzoso se presenta en países de ingresos medios altos o altos, cifra la investigación.

En número de personas, la región de Asia y el Pacífico concentra la mayor parte de las víctimas de trabajo forzoso, “más de la mitad del total mundial (15,1 millones)”. Le sigue Europa y Asia Central (4,1 millones), África (3,8 millones), las Américas (3,6 millones) y los Estados Árabes (0,9 millones).

Si se tiene en cuenta el porcentaje de víctimas respecto a la población total, en términos relativos, “el trabajo forzoso es más elevado en la región de los Estados Árabes (5,3 por mil personas), seguida de Europa y Asia Central (4,4 por mil), las Américas y Asia y el Pacífico (ambos con 3,5 por mil), y África (2,9 por mil)”.

El trabajo forzado se produce sobre todo en el sector privado, con el 86% del total de víctimas. El 14% restante afrontan trabajos impuestos por los Estados, sobre todo en centros penitenciarios y también en reclutamientos forzosos. En cuanto a los abusos en el ámbito privado, un 23% de los casos detectados sufren explotación sexual y otro 63% de las víctimas enfrentan otros tipos de explotación laboral. “Casi cuatro de cada cinco personas sometidas a explotación sexual comercial forzada son mujeres o niñas”, destacan los tres organismos.

Aunque se registran casos en muchas actividades distintas, el informe indica que los sectores con más incidencia del trabajo forzoso en adultos son “los servicios, la industria manufacturera, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico”.

Los métodos de coacción para acabar con la libertad de las personas explotadas laboralmente son múltiples. Por ejemplo, la “retención sistemática y deliberada del salario”, utilizada por los empleadores para obligar a los trabajadores a permanecer en un puesto de trabajo por miedo a perder los ingresos acumulados es la forma más común, según el estudio. También destacan otras, como la amenaza de despido en personas muy vulnerables que necesitan el empleo e incluso, métodos más graves de coacción, como el confinamiento forzoso y la violencia física y sexual.

Por su parte, el matrimonio forzado sí está mucho más presente en países con menos ingresos, con gran mayoría de víctimas mujeres. “Está estrechamente vinculado a actitudes y prácticas patriarcales muy arraigadas y depende en gran medida del contexto”, recoge el estudio, que apunta que “la abrumadora mayoría de los matrimonios forzados (más del 85%) fue impulsada por la presión familiar”.

Hay una meta de erradicación en ocho años

Las tres organizaciones responsables de la investigación urgen a los países, así como a la sociedad civil, a tomar medidas contra estos abusos contra la libertad de millones de personas. “Nada puede justificar la persistencia de este abuso fundamental de los derechos humanos”, destacó este lunes el director general de la OIT, Guy Ryder. “Sabemos lo que hay que hacer, y sabemos que se puede hacer. Es fundamental contar con políticas y regulaciones nacionales eficaces”, añadió.

Según los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la ONU, la comunidad internacional se ha comprometido a acabar con todas las formas de esclavitud en ocho años, en 2030. E incluso antes, en 2025, respecto a aquella que afecta a los niños.

Como el ejemplo que encabeza este artículo, y otros detectados como el de este empresario agrícola en Murcia, las personas migrantes están más expuestas a la esclavitud. La prevalencia del trabajo forzoso entre los trabajadores migrantes adultos “es más de tres veces superior” a la de la población autóctona, según las estimaciones publicadas.

“Esto pone de manifiesto que cuando los migrantes no están protegidos por la ley o no pueden ejercer sus derechos, la migración es irregular o está mal gobernada, o cuando las prácticas de contratación son injustas o poco éticas, la migración puede crear situaciones de vulnerabilidad al trabajo forzoso”, advierten la OIT, la OIM y Walk Free. Por ello, las tres organizaciones internacionales dirigen su mirada a la migración segura y con derechos en sus recetas para acabar con estas formas de explotación.

También recomiendan otras medidas como “mejorar y hacer cumplir las leyes y las inspecciones de trabajo”, “poner fin al trabajo forzoso impuesto por el Estado”, “ampliar la protección social” para acabar con situaciones de vulnerabilidad de posibles víctimas, así como “reforzar las medidas para combatir el trabajo forzoso y la trata de personas en las empresas y las cadenas de suministro”, entre otras.

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