Fomento confía en aplazar el cierre de las radiales a dos días de que expire el plazo
¿Cerrarán finalmente las radiales estes sábado 1 de octubre? El futuro cercano de la autopistas R-3 y la R-5 está a la espera de que el magistrado del juzgado Mercantil número 6 resuelva sobre la petición de Fomento para alargar el plazo que vence el sábado. En mayo de este año, el juez emitió un auto en el que dictaba la liquidación de estas radiales tras presentar el concurso de acreedores Accesos de Madrid (la sociedad que las gestiona), algo que ya había ocurrido con otras vías quebradas pero que en este caso incluía una fecha límite. El auto establecía el 1 de octubre como la fecha en la que podían dejarse de explotar las radiales, es decir, cerrarlas en el caso de que sean asumidas por Fomento. El ministerio ha pedido un aplazamiento de 9 meses, un tiempo en el que esperan encontrar una solución “ordenada” y “razonable”.
Por ahora, no hay resolución formal del titular del juzgado, aunque el ministro del ramo en funciones, Rafael Catalá, y el secretario de Estado de infraestructuras, Julio Gómez-Pomar ,se han mostrado “confiados” en que las radiales sigan funcionando el sábado. “Estamos trabajando para que ese servicio público de infraestructuras pueda seguir ofreciendo servicio”, dijo Catalá ayer mismo al ser preguntado por la cuestión en un acto público.
Fomento ha tratado por varias vías de retrasar la decisión del cierre de las autopistas, que llega además con las funciones del ministerio asumidas por el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, después de que Ana Pastor (la anterior titular de la cartera) se convirtiera en presidenta del Congreso. El último movimiento sobre el que esperan recibir respuesta es por el requerimiento presentado al juzgado para que este deje sin efecto la resolución del contrato de concesión, lo que en la práctica significa ganar tiempo para ver qué se hacen con las vías: si se cierran o si las asume el ministerio y cómo. El Gobierno ya había propuesto un plan de rescate para las autopistas, que finalmente no llegó a buen puerto porque no se logró acuerdo con los acreedores.
La respuesta del juzgado a este recurso para aplazar el cierre puede tener una resolución afirmativa, lo que daría tiempo extra al ministerio para encontrar una posible solución. Pero también puede ser negativa. En este segundo caso, la cuestión se elevaría al órgano colegiado del Tribunal Supremo que tendría que decidir quién es competente para acabar con el contrato de concesión. Una situación complicada porque no hay precedentes en algunas de las decisiones, como por ejemplo quién es competente para resolver un contrato de concesión cuando la concesionaria está en concurso. Esta opción complicaría el escenario porque a pesar del proceso la liquidación concursal continuaría, según explican fuentes judiciales.
El Gobierno había intentado ya paralizar la liquidación al presentar una petición expresa para que se suspendiera hasta que se resolviesen los recursos, apuntan fuentes judiciales, que añaden que esta petición fue desestimada y rechazada por el juzgado en julio de este año. Al rechazarse, el Gobierno elevó la solicitud a la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no se ha pronunciado.
La decisión llega en un momento en el que el tráfico de las radiales ha aumentado en los últimos tiempos. Los datos señalan que alrededor 10.500 vehículos circulan cada día por la R-3 Madrid-Arganda, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al año pasado, mientras que en la R-5 Madrid-Navalcarnero tiene unos 7.300 usuarios, un 9,8% más. Unos de las grandes críticas a estas infraestructuras y una de las causas de su quiebra ha sido que las estimaciones de tráfico estaban sobredimensionadas, a lo que se suma que la crisis hizo que el tráfico descendiera más.
Otra de las derivadas de este proceso de quiebra y cierre de vías es la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Las radiales de Madrid son concesiones públicas, al igual que otros proyectos de infraestructuras. Es decir que el Estado concede durante un tiempo y con una serie de condiciones la explotación de estas infraestructuras a empresas privadas que corren con el coste de construcción, con una importante parte de financiación externa (créditos que piden a los bancos). El Estado tiene una obligación de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de algunas de las administraciones y a esto responde la RPA.
En este caso como el Estado recupera la explotación de las autopistas antes del plazo pactado (50 años) debe indemnizar a quien invirtió en construir la autopista, apuntan fuentes jurídicas, que señalan que hay dos versiones respecto a quien debe el órgano que acuerde la resolución del contrato si el juzgado o el consejo de Ministros y por tanto desde cuándo empezaría a contar la RPA.
