Los cinco frentes del Gobierno en el debate sobre las pensiones
Bilbao, Madrid, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria... Miles de personas han salido a las calles este jueves para defender “unas pensiones dignas” en el sistema público, al grito de “ladrones”, “manos arriba, esto es un atraco” y “dimisión”. Las críticas de los manifestantes se dirigían contra el Gobierno y el Partido Popular, que mantienen en las personas mayores un sector clave de su electorado. Los sindicatos advierten de que la movilización en la calle seguirá si el Ejecutivo no acepta modificar la reforma que llevó a cabo en 2013. El debate sobre cómo deben ser esas modificaciones es complejo y está todavía atascado en la Comisión del Pacto de Toledo.
Algunos de los frentes más destacados que enfrenta Mariano Rajoy y su equipo son los siguientes:
Críticas al 0,25%
La reforma de 2013 incluyó dos elementos clave. Uno de ellos es el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que desindexó las prestaciones por jubilación de los precios y estableció por ley una subida mínima del 0,25%, dependiendo de la situación de las cuentas de la Seguridad Social. La nueva fórmula de revalorización marca, además del mínimo de 0,25%, un máximo: el IPC más un 0,50%. Ante la situación de déficit de las cuentas de la Seguridad Social, las pensiones han subido el mínimo en los últimos cinco ejercicios, lo que ha ocasionado una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en el último año y el inicio de este 2018.
El 0,25% se ha convertido es el principal enemigo y el protagonista de las últimas manifestaciones de pensionistas.
El factor de sostenibilidad
Es prácticamente un misterio, una fórmula indescifrable que alimenta la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones. Se trata del segundo elemento estrella de la reforma del PP de hace cinco años. El factor de sostenibilidad incluye la esperanza de vida al cálculo de la pensión de los futuros pensionistas, aquellos que se jubilen más allá de enero de 2019. Se revisará cada cinco años y busca equiparar las prestaciones entre generaciones diferentes. La idea es que, a iguales contribuciones al sistema, los pensionistas cobren lo mismo: como cada vez viven más, esa cuantía debe expandirse a lo largo de más años (y, por tanto, se reduce en cada ejercicio).
La ministra Báñez aseguró a finales de enero que no sabía cómo afectará a las pensiones con su entrada en vigor, en menos de un año. La oposición lo tiene claro: bajará las pensiones y lo hará de una manera “demasiado agresiva” en las próximas décadas, según varias estimaciones, de la OCDE, los sindicatos y, entre otros, un reciente informe de Afi para la Asociación Empresarial del Seguro.
Ofensiva parlamentaria contra las reformas
Los grupos de la oposición han cerrado filas, aunque con diferentes críticas y propuestas, contra la reforma del Gobierno de 2013. Los partidos políticos afean al Ejecutivo que “rompiera el consenso del Pacto de Toledo” y sacara adelante un nuevo modelo de sistema sin contar con el resto de fuerzas políticas y sin los agentes sociales. Los grupos han presentado varias proposiciones de ley y no de ley en el Congreso, con la petición de derogar la reforma del PP. Algunas han logrado el respaldo de la mayoría de la Cámara. La última presentada es una proposición no de ley del PDeCAT para derogar el factor de sostenibilidad, en concreto.
Los sindicatos mantendrán el pulso en la calle
Los “Mariano Corleone nos roba las pensiones” y “el rescate de las autopistas para los pensionistas” pueden alargarse en el tiempo. CCOO y UGT han enfatizado que, si el Gobierno no da un paso atrás en su reforma de 2013, la presión social en la calle se mantendrá. UGT tiene una campaña abierta, el Lazo Marrón, con un lema claro: “La subida de las pensiones es una mierda”. Además de las concentraciones y marchas que se han celebrado en los últimos meses, con la del 22 de febrero como fecha grande, los sindicatos citan a los pensionistas de nuevo “el 1 y 15 de marzo y habrá más fechas en abril”, adelanta Carlos Bravo de CCOO.
La Comisión del Pacto de Toledo con meses de retraso
La ministra Fátima Báñez ha afirmado este jueves que confía en que la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, que diseña unas recomendaciones para el futuro del sistema público, llegará a un pacto “de aquí a la primavera”. Lo mismo dijo el pasado año. Aunque hay avances, los partidos aún no llegan a acuerdos en las cuestiones más delicadas, según diputados miembros de la comisión, y critican al Gobierno por lanzar “globos sonda” como la propuesta del PP de ampliar la vida laboral para al cálculo de la pensión. Los partidos además defienden que el Ejecutivo no tiene que esperar a que las fuerzas políticas lleguen a un pacto y puede adelantarse con propuestas para negociar.
