El Gobierno aprobará antes del 2 de agosto que los contratos de los transportistas tengan que ser por escrito

Nuevas medidas para el sector del transporte, que esta primavera convocó un paro de prácticamente dos semanas que golpeó, sobre todo, a la industria y a la distribución. Este jueves, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto aprobar antes del 2 de agosto un Real Decreto Ley de Apoyo al Transporte, en el que se incluirá una nueva regulación “para garantizar un precio justo” a los transportistas y evitar que trabajen a pérdidas y cobre menos de lo que les cuesta trabajar. También, que los contratos que sellan sean siempre por escrito.

El texto, asimismo, incluirá un nuevo paquete de ayudas directas por valor de 450 millones, que incluye también al transporte urbano de autobús. Las ayudas irían repartidas de la siguiente manera: 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias).

“El proyecto no puede esperar, tenemos perfilado el documento y lo vamos a tramitar de forma urgente para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto”, ha asegurado Sánchez. “Este nuevo texto va a recoger disposiciones para que el precio del transporte sea igual al coste y se va a recoger la obligación de que los contratos sean por escrito”, ha indicado. “Medidas para que la subcontratación sea justa, que no perjudique al último eslabón que es el más débil”.

En la nueva normativa se introducirá una habilitación para que todas aquellas administraciones que así lo deseen puedan realizar un reequilibrio de sus contratos de transporte por autobús para poder compensar los costes extraordinarios, aplicable a los que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano y al transporte de uso escolar o sanitario. 

En la estela de la Ley de la Cadena Alimentaria

De esta forma se podrán en marcha un tipo de 'Ley de la Cadena del Transporte', siguiendo el modelo de la Ley de la Cadena Alimentaria, que busca que no se vendan alimentos por debajo del coste de producción.

Por ello, Raquel Sánchez ha adelantado que habrá “mecanismos para reforzar la inspección de transporte para que los transportistas puedan denunciar, de forma anónima, y reforzar así los sistemas de inspección para que las medidas sean efectivas”.

Ya este lunes, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -con quien se reúne el Ministerio y donde no está representada Plataforma, la que convocó la huelga de primavera- avanzó nuevas negociaciones con el Ministerio. Este Comité, indicó que la cartera encabezada por Sánchez se había comprometido a presentar en las próximas semanas la nueva regulación del sector. En este caso, aseguró CNTC, “el objetivo es limitar la cadena de subcontratación y evitar que las empresas y autónomos del sector trabajen por debajo de costes”, indicó en la misma línea.

Esa nueva regulación también era una de las reivindicaciones de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. A finales de junio, sus integrantes votaron en contra de reactivar los paros, a la espera, precisamente, de ver cómo se concretaban las nuevas medidas que iba a anunciar el Ministerio. En este caso, Sánchez ha indicado que no ha habido reuniones con Plataforma pero sí se ha informado a esta organización sobre el Real Decreto que se aprobará antes del parón vacacional de agosto.

Nuevo plan de ayudas

En cuanto a las ayudas directas para el sector, encaminadas a mitigar el impacto de la crisis derivada de la guerra en Ucrania, las subvenciones directas se darán por número y tipo de vehículo.

Incluyen como novedad, indica Transportes, que serán extensibles a los autobuses urbanos, con 950 euros de ayuda por vehículo. En los demás tipos de vehículos se seguirá el esquema aprobado en la edición anterior, en el paquete de medidas anunciado en marzo. Los taxis y las VTC podrán recibir 300 euros por vehículo.

Por su parte, los camiones, (mercancías pesados), 1.250 euros por vehículo; furgoneta (mercancías ligero), 500 euros por vehículo; autobús, 950 euros por vehículo y las ambulancia, 500 euros.

Además, se introduce una “habilitación para que todas aquellas administraciones que así lo deseen, para garantizar la prestación de los servicios de transporte, puedan realizar un reequilibrio de sus contratos de transporte por autobús para poder compensar los costes extraordinarios que la subida del precio del combustible ha originado en estos contratos, aplicable tanto aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario”, resume el Ministerio.