El Gobierno extiende hasta 2023 el blindaje antiopas para empresas estratégicas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes extender hasta el 31 de diciembre de 2022 el blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo 'antiopas', a través de un Real Decreto-Ley que incluye la extensión de otras medidas para responder a la pandemia e “impulsar la recuperación” de las empresas “viables”, según una nota del Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Ejecutivo extiende así la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras que puso en marcha tras la pandemia, que implica que debe autorizar las inversiones foráneas en empresas estratégicas cotizadas, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

“La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos”, señala el ministerio.

El Ejecutivo también ha ampliado hasta el 30 de junio de 2022 la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y empresas, así como excepciones en curso para la aplicación de regímenes concursales y la ampliación, también hasta junio, del plazo para solicitar ayudas al fondo de rescate de grandes empresas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el de compañías medianas que gestiona Cofides.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el objetivo es que las empresas “puedan mantener su ritmo de crecimiento y mantener la seguridad jurídica”, tras el visto bueno de la Comisión Europea a la prórroga de estas ayudas. 

El decreto amplía la vigencia hasta el 30 de junio de 2022 de las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), “un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo” que hasta el 18 de noviembre ha permitido movilizar casi 134.000 millones de euros en 1,13 millones de operaciones en las que se han avalado 101.945 millones.

Asimismo, se amplía hasta esa fecha la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, “con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español”.

Además, se amplía al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas.