El Gobierno rebaja a la mitad el ahorro en la factura de la luz con el tope al gas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una fotografía de archivo. EFE/ Fernando Alvarado

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido este miércoles en el Foro de Davos (Suiza) que el ahorro en la factura de la luz con el límite ibérico al gas será la mitad de lo que en principio se había calculado: de en torno a un 15%, y no un 30%, como se esperaba. “Es un ahorro para todo el mundo, no es el que nos hubiera gustado”, ha indicado la ministra.

El Gobierno aprueba el tope al gas para abaratar la factura eléctrica

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En declaraciones a TVE en el Foro de Davos, Ribera ha defendido que el mecanismo pactado con Portugal y que está a la espera del visto bueno definitivo de Bruselas “produce un ahorro muy importante, un beneficio para todos los consumidores. Puede no ser de las dimensiones que nos hubiera gustado, y esto tiene mucho que ver con el precio del gas, con la secuenciación que hemos acordado con la Comisión Europea”, ha señalado.

Fuentes conocedoras del proceso explican que es muy difícil calcular el impacto final que puede tener la medida. Según los distintos escenarios, la rebaja llega al 30% que se anunció en un principio.

Pero el impacto final dependerá del precio real de la materia prima, de la base de consumidores que en cada momento esté beneficiándose (a más consumidores, el coste se reparte entre más agentes), y porque en un principio no estaba prevista la incorporación de los contratos fijos según fueran venciendo, y que pidió incluir Portugal.

Y lo mismo pasa con la industria: también es muy complicado precisar su efecto porque depende de qué parte de su consumo esté indexado al mercado mayorista de electricidad. En estos días, las comercializadoras están remitiendo millones de contratos con la información detallada de esas condiciones.

Ribera ha señalado que espera que el visto bueno de Bruselas al mecanismo se reciba en cuestión de días. Transición Ecológica confía en que sea un mero trámite, una vez recibida la carta de conformidad de Bruselas, para que el colegio de comisarios confirme que lo que se ha aprobado corresponde con las legislaciones aprobadas por los dos países. En el caso de Portugal, el país vecino ha complementado su decreto con una norma del regulador sectorial, ERSE, mientras que España no lo ha hecho.

La vicepresidenta ha recordado este miércoles que el sistema que finalmente se ha aprobado va a permitir ir integrando a todos los consumidores, respetando el plazo de revisión de sus contratos.

Con ello, ha afirmado, todo el mundo se ve beneficiado, porque de otro modo estos contratos serían revisados con precios más elevados y no va a ser así, lo que da “mucha más solvencia” al mecanismo y supone un “reaseguro” frente a la volatilidad de la cotización del gas provocada por la guerra en Ucrania para el próximo año. Esta semana, la referencia europea para esta materia prima (el TTF) ha cotizado por debajo del nivel previo a la invasión, pero de cara a lo que pueda ocurrir este otoño-invierno, la incertidumbre es máxima.

El mecanismo fue aprobado por los Gobiernos de España y Portugal el pasado 13 de mayo. Fijó un precio medio de 48 euros MW/h durante los 12 meses de vigencia. Aunque ya ha sido publicada en el BOE, aún falta que Bruselas dé luz verde a la medida para que entre en vigor. Finalmente, el tope aceptado por Bruselas fue muy inferior a los 30 euros/MWh que pretendían España y Portugal en un principio y que habría hecho recortar la factura “a la mitad”, según Ribera.

Según estimó el Gobierno cuando aprobó el Real Decreto-Ley hace unos días, el mecanismo provocaría una bajada de casi el 40% en el precio mayorista de la electricidad, hasta unos 130 euros/MWh de media, y los expertos estimaron un ahorro de hasta el 30% en la factura del cliente.

El mecanismo afectará de forma inmediata a consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 10 millones de hogares, y hasta el 70% de los industriales. Los usuarios del mercado libre lo notarán de forma progresiva. Para darle su visto bueno, Bruselas ha exigido a España que reforma la tarifa regulada para hacerla menos volátil y que no esté directamente indexada al pool, como ahora.

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