Las grandes multinacionales tendrán que revelar cuántos impuestos pagan en cada país de la UE

Las grandes multinacionales tendrán que revelar cuántos impuestos pagan en cada país de la Unión Europea. Una medida de transparencia que persigue el objetivo de atajar la evasión fiscal y que ha sido ratificada este martes por el Consejo de la UE (los 27 Gobiernos). La directiva sobre la divulgación de información sobre el impuesto sobre los beneficios por parte de determinadas empresas y filiales, comúnmente conocida como la directiva sobre presentación de informes públicos país por país (CBCR), ha sido adoptada tras el acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo en junio pasado.

La directiva CBCR, así, “tiene como objetivo mejorar la transparencia corporativa de las grandes empresas multinacionales”, afirma el Consejo: “Exigirá a determinadas empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros que divulguen públicamente el impuesto que pagan sobre sus ganancias. Por primera vez, las multinacionales no europeas que operan en la UE a través de filiales y sucursales también deberán cumplir con las mismas obligaciones de información que las empresas multinacionales de la UE”.

La información deberá facilitarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del balance del ejercicio en cuestión. La directiva establece las condiciones en las que una empresa puede aplazar la divulgación de determinada información durante un máximo de cinco años, y también estipula quién tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la obligación de informar.

En virtud de la nueva directiva, que fue presentada por primera vez por el Ejecutivo comunitario en 2016, las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales durante dos años consecutivos estarán obligadas a declarar cuánto ganan en beneficios, cuánto pagan en impuestos y cuántos empleados y empleadas tienen en los países de la UE, así como las jurisdicciones que figuran en la lista negra y la lista gris de jurisdicciones no cooperativas de la UE.

Según fuentes de la Eurocámara, ha sido el Consejo el que ha rechazado el desglose global para introducir una cláusula de salvaguardia que podría permitir a determinadas empresas eludir sus obligaciones de información. Así, el texto final introduce otra cláusula de revisión de estos elementos.

Ibán García del Blanco, eurodiputado socialista y negociador del Parlamento, afirmó cuando se cerró el acuerdo con la Eurocámara: “Si bien lamentamos profundamente que el Consejo haya rechazado nuestras persistentes demandas de un informe mundial, país por país, desglosado, el acuerdo es un paso importante hacia una mayor transparencia empresarial y contiene una serie de mejoras. Durante las negociaciones logramos incluir el requisito de que las empresas deberán informar a todos sus empleados de tiempo completo y listar todas las subsidiarias. Esto hará que sea mucho más difícil para las empresas soplar humo y ocultar sus actividades económicas reales en cada país”.

El eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun, ponente de los Verdes/ALE para el informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ha afirmado: “El CbCR público significa que la gente podrá saber cuántos impuestos pagan las grandes empresas y dónde. Se trata de una victoria para los ciudadanos y ciudadanas y demuestra que la UE puede actuar en cuestiones que preocupan a la gente. A largo plazo, la justicia fiscal será esencial para que la ciudadanía confíe en la capacidad del proyecto europeo. La información pública ayudará a que las multinacionales pongan fin a las prácticas agresivas de planificación fiscal, al dumping fiscal y al traslado de beneficios. Ayudará a poner fin a los acuerdos desleales que ponen a los Estados miembros en una carrera a la baja a expensas de los ciudadanos. Esto es vital en tiempos en los que nuestras economías están sufriendo la pandemia de la COVID-19”.

Chiara Putaturo, experta en impuestos de Oxfam EU, reaccionó con críticas: “Este acuerdo no está a la altura de las expectativas. El acuerdo no obliga a las empresas a proporcionar informes reales país por país, ya que deja fuera de la lista a más de las tres cuartas partes de los países del mundo. En cambio, los legisladores de la UE han brindado a las corporaciones multinacionales muchas oportunidades para seguir eludiendo impuestos en secreto al trasladar sus ganancias a paraísos fiscales fuera de la UE, como Bermudas, las Islas Caimán y Suiza. El acuerdo también deja a los países más pobres en la oscuridad al no arrojar luz sobre las actividades de las multinacionales en sus países”.

Rosa Pavanelli, secretaria general de Public Services International, lamentó: “Es más que una oportunidad perdida para la UE, es la UE defendiendo los intereses de las grandes corporaciones por encima de sus ciudadanos”.

El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura el 27 de marzo de 2019.Las negociaciones entre los colegisladores comenzaron en marzo de 2021 y dieron como resultado un acuerdo provisional el 1 de junio de 2021, cerrando puntos como el período de transición y la cláusula de salvaguardia.

El siguiente paso antes de que la directiva pueda entrar en vigor es la aprobación formal del acuerdo provisional por parte del Parlamento Europeo. La directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros dispondrán de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la directiva para incorporarla a la legislación nacional.