El Estado hará de policía antifraude en la banca rescatada
El Gobierno quiere dar un paso más en el lavado de imagen al que está somentiendo a la banca española. Además de las inyecciones de capital, Economía sabe que es vital recuperar la confianza de los ciudadanos y limpiar de polvo y paja las instituciones financieras de los desmanes cometidos en el pasado. Así, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el brazo estatal que gestiona los bancos con ayudas públicas, activará un protocolo para detectar y perseguir el posible fraude cometido en las instituciones financieras en las que participa el Estado.
Hasta ahora, el Frob actuaba en las entidades en las que el Estado es accionista mayoritario, como Catalunya Banc o Novacaixagalicia, pero ahora también activará los mecanismos necesarios para buscar indicios de delito en las que cuentan con ayudas públicas minoritarias, como Bankia o Liberbank.
Según ha anunciado el ministro de Economía esta misma mañana en una comparecencia en el Congreso, el Frob (que representa al Estado en estas entidades), contratará a “especialistas externos” que investiguen los posibles indicios de delito en fraudes cometidos por estos bancos antes de ser rescatados. Estos delitos pueden ser concesiones de crédito a dedo o mala gestión de las entidades en cualquiera de sus vertientes, como sueldos desorbitados o indemnizaciones no justificables.
Además, el Estado contratará a abogados penalistas para que estudien estos casos una vez que se hayan reunido los indicios suficientes, y antes de enviarlos a los tribunales. Algunos casos ya están en los juzgados, como el de las pensiones millonarias de Caixa Penedés, que el juez Pedraz ha visto como posiblemente delictivo, o en las prejubilaciones de Caja Segovia.
De Guindos también ha anunciado que esta misma semana se ha dado orden para que comience el arbitraje en los casos de inversores afectados por las preferentes de Bankia. Al ser una entidad de ámbito nacional, el Insituto Nacional de Consumo será el órgano que tenga la potestad en este caso, y no los órganos de consumo de las comunidades autónomas (que han mediado en los casos de Novacaixagalicia o Catalunya Banc). La auditora KPMG será la encargada de discernir qué casos deben pasar a la fase de arbitraje por tener indicios de mala praxis en su comercialización.
Además, ha asegurado que el banco malo piensa realizar unas ventas este año de 1.500 millones de euros. El titular del ramo no ha especificado si estas ventas serán de créditos en el balance del banco o también de pisos y promociones inmobiliarias.
