El Gobierno envía a Bruselas su reforma de pensiones sin la polémica ampliación del periodo de cálculo a los 35 años

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este martes que el Ejecutivo envió a Bruselas ayer, lunes, por la tarde las dos 'fichas' relativas a la reforma laboral y de las pensiones en relación al Plan europeo de recuperación por la pandemia. Finalmente, ha explicado Montero, el último borrador remitido a la Comisión Europea no incluye la ampliación a 35 años del periodo de cómputo de las pensiones. La medida sí estaba en documentos previos y enfrentaba a los dos partidos que componen el Gobierno, según explicaron fuentes gubernamentales a elDiario.es.

A preguntas de este medio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha respondido que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones “no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe” sobre el cómputo de las pensiones. Es decir, que el Ejecutivo habría decidido no incluir la propuesta de ampliarlo a 35 años, como se debatía internamente. Con la legislación actual, ese periodo alcanzará los 25 años cuando se despliegue del todo la reforma de las pensiones pactada en 2011. En 2021, se toman de referencia 24 años.

Más tarde, en una rueda de prensa sobre el acuerdo para ampliar los ERTE, el ministro Escrivá ha confirmado que la ampliación a los 35 años no se ha incluido en el texto, pero ha precisado que se apuesta por avanzar en la “contributividad” del sistema. Este término suele traducirse en un aumento de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, una medida que se entiende que es más contributiva, ya que el trabajador percibe una pensión más adecuada a la contribución que hizo al sistema como trabajador a lo largo de su carrera.

Este martes por la tarde, el Ejecutivo ha citado a los agentes sociales para abordar de nuevo las reformas que ha remitido a Bruselas, después de que este lunes apenas las detallara en un primer encuentro con los líderes sindicales y patronales. Los sindicatos reclamaron al Ejecutivo la documentación enviada a la Comisión, para conocer en qué terminos se comprometía España con la UE en estos temas.

Oposición frontal de Unidas Podemos

La propuesta de ampliar de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, adelantada por El Mundo a mediados de diciembre, generó un fuerte rechazo dentro del Gobierno, por los ministros de Unidas Podemos, que lo tacharon de “recorte” en las pensiones. Pero también fuera, por parte de los sindicatos, que advertían de que la medida no formaba parte de las recomendaciones recién aprobadas por el Pacto de Toledo.

Fuentes del Gobierno explicaron a elDiario.es que la medida que planteó el ministro José Luis Escrivá tenía como objetivo justificar en Bruselas otras reformas que aumentaban el gasto en pensiones, como el mecanismo de revalorización en base al IPC que sustituiría la fórmula del 0,25% de Rajoy. Nadia Calviño reconoció que el debate sobre la ampliación del periodo de cálculo estaba abierto en el Gobierno y mencionó la posibilidad de permitir que se excluyeran algunos años por parte de los trabajadores.

El ministro responsable de la reforma de pensiones, José Luis Escrivá, ha mantenido cautela hasta el momento en sus respuestas sobre este tema, en los que se remitía a las negociaciones aún abiertas del diálogo social, en las que no se ha planteado la medida dentro del plan del Gobierno para reformar las pensiones. Hasta ayer lunes, cuando Escrivá desgranó en una entrevista en El Periódico sus planes para reformar la legislación sobre pensiones en dos fases este año, una primera que pretende llevar al Parlamento en el primer trimestre del año y un segundo bloque de medidas que encuadra previsiblemente en el segundo semestre del año.

En esa segunda fase de cambios, el ministro reconoció que se abordará la posible ampliación del periodo de cálculo de la pensión, entre otras muchas medidas y aseguró que su equipo aún tiene que hacer cálculos al respecto. Escrivá negó en la entrevista haber propuesto en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de mediados del mes pasado el aumento de este periodo hasta los 35 años, como aseguran en cambio otras fuentes del Gobierno.

Miembros del Gobierno de Unidas Podemos, como el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Yolanda Díaz, habían advertido de que los diputados de su formación no apoyarían en el Congreso la ampliación del periodo de cómputo a los 35 años.

El desmontaje de la reforma laboral rumbo a Bruselas

María Jesús Montero se ha referido también a la 'ficha' sobre reformas del mercado laboral que se ha enviado al Ejecutivo Comunitario. Tras una intensa negociación en el seno del Gobierno entre las dos “almas” del Ejecutivo, ambas lograron un acuerdo en el texto remitido a Bruselas, en el que entienden que se recoge el desmontaje de la reforma laboral del PP de 2012, que la coalición incluyó en su acuerdo de gobierno.

El texto remitido a Bruselas es explícito, con menciones a los elementos conocidos como “más lesivos” de la reforma laboral de Mariano Rajoy, dentro de la “modernización de la negociación colectiva”, como la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa. Además, se aborda también la intención de revisar los descuelgues de los convenios, así como la legislación sobre subcontratación. Otro de los compromisos de la coalición, la regulación del trabajo de los repartidores de plataformas digitales (los llamados 'riders') también queda plasmado expresamente en el documento remitido a Bruselas.

Se entierra así –al menos de momento– otro importante foco de tensión dentro del Consejo de Ministros. La discusión sobre la prometida derogación de la reforma laboral ha contado en los últimos meses con voces como la de la vicepresidenta Calviño, poco partidaria de este tema y que llegó a tachar de “absurdo y contraproducente” reabrir el debate en estos momentos de pandemia, y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que insiste en que se tiene que cumplir el acuerdo de coalición. Díaz apuesta por el desmontaje de la legislación laboral del Gobierno del PP de forma paulatina, en el contexto de reformas de la normativa laboral reclamadas por Bruselas, como la excesiva temporalidad y precariedad.

La ministra portavoz ha afirmado este martes que las reformas trasladadas a Europa “contienen los elementos generales que inspiran la reforma laboral, con todos los elementos más lesivos”, que el Gobierno de coalición incluyó “en el acuerdo de investidura del presidente”. Las medidas tratarán de combatir “uno de los grandes males del mercado laboral”, como es la excesiva temporalidad, ha añadido Montero. Contra la temporalidad excesiva, el Gobierno traslada a Bruselas algunas propuestas, como la reducción de las modalidades de contratos y reforzar las causas de los contratos temporales, para evitar su abuso.

A partir de ahora, ha apuntado la también ministra de Hacienda, “se abre un proceso de diálogo” e intercambio en Europa sobre estas fichas, que Montero ha recordado que habrá que “conciliar” con el diálogo con los agentes sociales. Los sindicatos CCOO y UGT han convocado protestas para el próximo 11 de febrero para urgir al Ejecutivo a que ponga una fecha a la negociación sobre la reforma laboral y a aumentar el salario mínimo interprofesional. La ministra de Trabajo, aunque no ha fijado una fecha en el calendario, ha apuntado que se reabrirá el debate del desmontaje de la reforma laboral cuando concluya la negociación sobre la futura 'Ley Rider'.