El plan de recuperación prevé introducir el pago por uso en las carreteras de alta capacidad

Imagen de archivo de la autovía A-3.

El Plan de Recuperación del Gobierno rescata la idea de introducir el pago por uso en las carreteras de alta capacidad. “Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”, indica el documento presentado este martes.

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El plan no da más detalles sobre la medida ni precisa cuándo se implantaría. Se incluiría en la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió una consulta pública previa que se cerró en enero.

Esa norma, recuerda el documento presentado este martes, “regulará, entre otras cuestiones, la fiscalidad y la financiación del transporte” y “prevé introducir un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”.

La futura norma incluirá la regulación de actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la fiscalidad, las inversiones, los combustibles alternativos, la tecnología, así como la financiación del transporte en general y el público y urbano en particular.

Su objetivo es “aprovechar las oportunidades de la tecnología en el sector del transporte y la movilidad, para avanzar hacia la descarbonización de la economía”, explica el documento.

El pago por uso es una vieja reivindicación de las constructoras. La patronal Sepan calculó recientemente que el Estado podría ingresar 9.525 millones de euros anuales si el Gobierno apostara por esta opción en la red española de autovías. Una idea que la CEOE lanzó hace años, pero que tiene la frontal oposición del sector del transporte por carretera, que en la cumbre empresarial que organizó la patronal en junio pasado se mostró radicalmente en contra de ponerla en marcha.

La cuestión lleva años sobre la mesa del departamento de José Luis Ábalos. En noviembre, el ministro mencionó la posibilidad de distinguir entre los ciudadanos que circulan por las vías para ir a su lugar de trabajo y las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas, en referencia a las empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera.

“A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras”, indicó Ábalos. Por su parte, el secretario de Transportes, Pedro Saura, supeditó su implantación en febrero a que exista suficiente consenso político.

El plan de recuperación menciona ese pago por uso de forma un tanto confusa entre las medidas de reforma para la “Vertebración territorial y Capital social” y en el capítulo de “infraestructuras sostenibles”.

En este último también se plantea la necesidad de completar los corredores ferroviarios que conectan con el resto de la UE (Mediterráneo, Atlántico) para impulsar el transporte de mercancías alternativo a la carretera o reforzar las redes de cercanías o garantizar la intermodalidad, “por ejemplo, el enlace con los puertos de Bilbao y Algeciras”.

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