La tasa de pobreza de las empleadas domésticas duplica la del resto de trabajadores
La crisis sacó a la luz y recrudeció un signo de precariedad del mercado laboral español: tener trabajo no siempre impide caer en la pobreza. Algunas profesiones se ven especialmente abocadas a la exclusión. Una de cada tres trabajadoras domésticas en España vive en hogares en riesgo de pobreza, un 34,3% del total. Un estudio de Oxfam Intermón y del Laboratorio del Derecho Social del Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos III denuncia la gran precariedad que afronta este colectivo. Su tasa de pobreza supera en más del doble la media de los trabajadores asalariados (16,3%).
Jessica Guzmán, de 50 años y nacida en Chile, llegó hace diez años a España, donde trabaja desde entonces en el cuidado de personas mayores en casas. La mujer, presidenta de la organización Malen Etxea, cuenta a Oxfam que aunque ahora tiene contrato de trabajo y cotiza en la Seguridad Social, ha trabajado por 500 euros brutos al mes sin contrato en momentos de gran vulnerabilidad de su vida. “La desesperación que vivimos se traduce en que solemos aceptar trabajos muy precarios. Te acabas cogiendo el empleo que encuentras, con tal de tener algo para comer y tener un techo”, explicaba a este medio Edith Espinola, que llegó de Paraguay en 2009 y también se ha dedicado al trabajo doméstico.
La vulnerabilidad económica de estas trabajadoras se plasma en todos los indicadores de condiciones de vida analizados por los responsables del estudio, que se basa en los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la de Condiciones de Vida y los datos de afiliación de la Seguridad Social. Una de cada tres empleadas domésticas vive en hogares en los que llegan a fin de mes con “dificultad o mucha dificultad”, mientras que esa situación la viven un 23,7% de la población asalariada, y el 12,6% ha sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca en los 12 meses previos (casi el doble que el resto de trabajadores).
El perfil de Jessica y Edith, como mujeres y migrantes, es de los más frecuentes en la profesión, en la que trabajaban 631.700 personas, según los datos anuales de la EPA de 2017. Pese a formar parte de una población muy invisibilizada, por su entorno de trabajo en el interior de las casas y la escasa valoración social de sus tareas, suponen un colectivo muy numeroso. Son el 3,4% del total de trabajadores en España, mientras que los ocupados en la construcción de edificios suponen un 2,3% y los que se dedican al sector de actividades financieras y de seguros, un 2,4%, por ejemplo.
Y en las estadísticas no están todas las que son, reivindica Rafaela Pimentel, trabajadora doméstica y activista por los derechos laborales del colectivo en la organización Territorio Doméstico. “Hay muchas trabajadoras migrantes que están invisibilizadas, mujeres sin papeles para trabajar durante tres años a las que atraviesa la Ley de Extranjería y que están empleadas de manera informal. Esas mujeres están ahí”, sostiene Pimentel.
Se suele hablar de empleadas domésticas en femenino porque la inmensa mayoría (casi 90%) son mujeres. En el colectivo también destaca la presencia de personas de origen extranjero, un 56,4% según el estudio. Su porcentaje ha disminuido en los últimos años, ya que muchas mujeres nacionales optaron por esta profesión durante la crisis económica, explica Liliana Marcos, especialista en política laboral de Oxfam Intermón. Las trabajadoras domésticas internas en hogares son en su inmensa mayoría mujeres migrantes, un 81,8%.
Un 25% sin protección social
Una de las razones que empujan a las mujeres a la precariedad y la pobreza es la gran incidencia de la economía sumergida en este sector, en el que los empleadores son familias en sus hogares y tienen a trabajadoras sin contrato. “Es aún común considerar normal la informalidad de un trabajo que se desempeña dentro del hogar”, denuncia el estudio. El número de trabajadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social –y por tanto no cotizan ni cuentan con ninguna protección social– ha disminuido en los últimos años, pero aún suponen un 25% del total de trabajadoras. Una de cada cuatro.
Desde 2015, se ha frenado la reducción de las trabajadoras domésticas que no están dadas de alta –calculadas como la diferencia entre las que afirman en la EPA que se dedican a este sector y aquellas afiliadas medias como tal en la Seguridad Social– y en 2017 su número llegó a aumentar un 9%, hasta las 163.925.
Además, Oxfam subraya que dentro de las mujeres que tienen contrato de trabajo, existe mucho trabajo sumergido: los responsables del estudio realizaron una encuesta entre 205 empleadas del hogar, de las que solo 18 (el 8,8%) cotizaba por todas sus horas de trabajo.“Conocemos casos de mujeres que llevan años trabajando con contratos de 30 o 40 horas semanales y cuando iban a buscar la vida laboral estaban dadas de alta solo por dos horas. Es una irregularidad que está ahí y lo sangrante es que muchas mujeres estaban descontándose del salario ese dinero” que supuestamente cotizaban, explica Rafaela Pimentel.
Líderes en precariedad laboral
El cóctel que alimenta la alta tasa de pobreza de estas trabajadoras pasa por una elevada precariedad en todas sus formas: una de cada tres empleadas domésticas (excluidas las internas) tienen contratos temporales, mientras que entre el conjunto de asalariados la temporalidad afecta a uno de cada cuatro; la proporción de estas trabajadoras con jornadas a tiempo parcial cuadruplica la del resto de trabajadores, y también supera con creces (80% frente a 55%) la parcialidad involuntaria, según los datos del estudio.
Las trabajadoras internas destacan por su exposición a las largas jornadas: un 16,5% declaran que trabajan más de 70 horas semanales y un 4,5% asegura que sus jornadas superan las 90 horas a la semana, lo que para Oxfam es una muestra clara de la ilegalidad respecto a los descansos reconocidos en la normativa laboral.
En Oxfam Intermón subrayan que parte de las condiciones precarias de estas trabajadoras se debe a la normativa actual, en la que las trabajadoras no cotizan por su remuneración real, ni cuentan con derecho a paro y afrontan una fórmula de despido casi sin causa, llamada de “desistimiento”.
Por ello, la ONG llama al Gobierno de Pedro Sánchez a que mejore las condiciones de este colectivo, “es un problema de voluntad política”, sostiene Liliana Marcos. La ONG sugiere dos primeras líneas de acción: por un lado, la lucha efectiva contra la informalidad, agilizando los trámites para dar de alta a las trabajadoras y aumentando las subvenciones del Estado a las cuotas de la Seguridad Social, siguiendo el modelo de Francia. Y por otro, con la ratificación del Convenio 189 de la OIT para equiparar los derechos de las empleadas domésticas al resto de trabajadores, que el Ejecutivo ya se ha comprometido a suscribir en 2019.
Los responsables del estudio y Rafaela Pimentel también exigen colaboración y responsabilidad al conjunto de la sociedad. “No hay servicios públicos suficientes de cuidado, pero no podemos descargarlos en las espaldas de las mujeres con condiciones lamentables”, sostiene la trabajadora doméstica.
