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El Gobierno reconocerá el derecho a paro de las empleadas del hogar

El acuerdo presupuestario con Unidos Podemos incluye el compromiso de ratificar en 2019 el Convenio número 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos

El Convenio reconoce la equiparación de la protección social de estas trabajadoras, que en la actualidad no tienen derecho a paro, que se podrá aplicar "de manera progresiva"

Todas las claves del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos para las cuentas de 2019

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Empleadas de hogar piden que se blinden sus derechos y salir de la economía sumergida

Empleadas de hogar participan en una manifestación por sus derechos laborales en Madrid. EFE

El Gobierno reconocerá el derecho a paro de las empleadas del hogar y de cuidados, que en la actualidad no tienen acceso a esta protección social. Es una de las consecuencias que tendrá la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que queda contemplada en el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos. Aunque  el Ministerio de Trabajo ya había anunciado su intención de ratificar este convenio internacional, el documento pone fecha finalmente: 2019.

El documento que han sellado ambas partes para sacar adelante las cuentas públicas del próximo año incluye el compromiso de ratificar "dentro de 2019" convenios internacionales que aún no han sido suscritos por España. Uno de ellos es la Carta Social Europea revisada en 1996 del Consejo de Europa y el otro se trata del Convenio número 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011.

Se suele hablar de empleadas domésticas en femenino puesto que la gran mayoría de las personas que desempeñan estas tareas profesionalmente son mujeres. De los 635.300 trabajadores domésticos que recoge la última EPA, el 88,9% son mujeres. El número de los trabajadores que están dados de alta en la Seguridad Social es mucho menor: 409.861, según los datos de afiliación medios de septiembre. En este colectivo además hay un gran número de mujeres migrantes empleadas.

Reclamación básica de los trabajadoras

El Convenio 189 es una reclamación fundamental de los colectivos de empleadas domésticas y de cuidados en los últimos años, que ya ha sido ratificado por 25 estados, entre ellos Alemania, Portugal y Bélgica. Fue elaborado en junio de 2011 y busca sentar las bases normativas para que los países mejoren las condiciones de trabajo de las miles de personas que se dedican laboralmente al trabajo doméstico.

Una de las cuestiones más subrayadas del Convenio por los colectivos de trabajadoras es que reconoce la equiparación de la protección social con otros empleados. El artículo 14 recoge que todo estado miembro los trabajadores domésticos deben disfrutar "de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad".

Dentro de esta protección social, destaca el acceso a la cobertura por desempleo, a la que no tienen acceso a día de hoy estas trabajadoras. "Trabajamos en una casa 18 años y no tenemos derecho al paro; hemos entregado toda una vida y no nos queda nada", lamentaba Margarita Martínez, empleada doméstica y miembro del colectivo Territorio Doméstico en mayo a este medio.

Aplicación "progresiva"

El Convenio internacional contempla en ese mismo artículo 14 que los cambios para ampliar la protección social "podrán aplicarse progresivamente", con el asesoramiento de las organizaciones sindicales y patronales, así como con colectivos de trabajadoras domésticas y de los empleadores, si existen.

La reforma legal del empleo doméstico aprobada en España en noviembre de 2011, justo antes de abandonar José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno, ordenó crear un grupo de expertos para estudiar la viabilidad de la protección por desempleo para estas empleadas, pero ese grupo nunca se constituyó durante el mandato de Mariano Rajoy.

Otros derechos que reconoce el Convenio 189 son la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, y una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.

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