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Los primeros meses de la ley de pagos destapan un nuevo enfrentamiento entre las fintech y la banca

El sector "fintech", la otra cara de la economía argentina

Diego Larrouy

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El 1 de enero echó a andar por completo la ley PSD2, conocida comúnmente como la de medios de pago, que, entre otras cuestiones, abre los datos de los grandes bancos sobre sus clientes a plataformas tecnológicas como las fintech para procesar nuevos servicios como los pagos online o la agregación de productos. La norma nació con las críticas por parte de las grandes entidades bancarias y ahora, dos meses después de su aplicación, las fintech lamentan que los bancos “no cumplen con las exigencias” de la norma.

Así lo ha asegurado este miércoles Arturo González, vicepresidente de la AEFI, la patronal de las fintech e insurtech, en un encuentro del sector para valorar la evolución de esta norma. “Los actores mas importantes no están cumpliendo las exigencias y aquí no pasa nada”, ha señalado durante su intervención. “Todos [las fintech] tenemos nuestra correspondiente licencia y operamos al amparo del supervisor, pero queda mucho por hacer respecto a lo que nos debería dar acceso el club del que nos hemos hecho socios”, ha añadido.

La nueva ley abre los datos de los bancos a terceros, que pueden accedes a través de las conocidas como APIs, que en resumen es la conexión entre dos aplicaciones. Las fintech consideran que los bancos no están abriendo por ahora lo suficiente esta vía de entrada a sus datos. Así lo ve González, quien ha señalado que hay entidades que les han solicitado que reduzcan sus peticiones de información. “El api que plantean a veces no es capaz de aguantar una sesenteava parte de nuestro trafico”, ha señalado, diciendo que las empresas tienen que asumir costes añadidos para conseguir esa información a través de otras vías. Ha puntualizado que esta situación se repite en buena parte de los países europeos, como Francia o Italia.

La norma entró en vigor en 2018, pero contaba con distintas moratorias para algunas partes de la norma y no ha sido hasta este 1 de enero que esté vigente por completo. La ley recibió las críticas del sector bancario desde su tramitación, puesto que les obliga a abrir sus datos a sus competidores sin recibir una retribución por ello. “Es una monstruosidad que las entidades tengan que dar su contraseña a cualquier empresa de fintech, siquiera por una sola transacción, y que con ello puedan tener acceso y capacidad de estructurar toda la información del cliente de un banco”, llegó a asegurar José María Roldán, presidente de la patronal AEB antes de su entrada en vigor.

Otros grandes directivos del sector también se han opuesto a esta normativa. Una de las voces destacadas es la de la presidenta del Santander, Ana Botín, quien apuntó tras la entrada en vigor que “la teoría es buena pero tiene que ser justa y actualmente no es simétrica”. “Nos gusta la competencia, pero la competencia justa”, aseguró en unas declaraciones en el Financial Times.

Ahora, la AEFI dirige la vista al supervisor, especialmente la EBA, para que presione a los bancos a cumplir con la norma. “El regulador no está haciendo un control de la supervisión”, ha incidido Javier Bartolomé, vocal de la patronal de las fintech, quien ha lamentado que no exista una recopilación de datos para saber cuántos operadores han abierto sus datos a terceros.

En este sentido, el vicepresidente de la asociación, Arturo González, ha planteado al Banco de España que abra un foro “formal o informal” para que todos los actores del sector, banca y fintech, puedan poner en común lo que está fallando en aplicar la norma. “Entiendo las visiones de los dos lados, pero si hay unicidad de criterios se beneficiará la actividad. Debemos ser comprensivos, pero seremos mas productivos si nos ponemos de acuerdo”, ha incidido, asegurado que quiere evitar un “enfrentamiento dialéctico” con la banca. Entre sus críticas también ha señalado a Bizum, la plataforma de la banca para hacer transferencias instantáneas. “Es una herramienta fantástica, un caso de éxito, pero me cuesta comprender que no esté abierta para las apis”, ha enfatizado.

Críticas a las moratorias de la ley

González no solo ha dirigido sus críticas a la actuación de los bancos, que ha asegurado que comprende, sino también a las moratorias que ha ido estableciendo el supervisor para que las entidades cumplan con las exigencias de la norma. “Resulta increíble que el guardia, la EBA, diga que va a dejar que los incumbentes —la banca tradicional— incumplan la ley durante un año y medio pero a los nuevos les obligó a sacarse la licencia y desarrollar las apis. Cuanto menos es paradójico”, ha enfatizado. “El coste de esta incertidumbre es muy elevado”, ha señalado.

Más allá de las reticencias de los bancos denunciadas por las fintech, la AEFI considera que la normativa europea PSD2, que a su vez venia a sustituir a una previa de 2007, se ha visto superada por el avance en el sector, al haber tardado seis años desde su aprobación hasta su completa aplicación. “Es un problema genérico al proceso de normas en Europa, pero cuando se aplica a un ámbito que debe ser innovador se nota todavía más. Desde que se anuncia la regulación hasta que se pone en práctica, que van a ser más de seis años, han cambiado muchas cosas”, ha enfatizado Bartolomé.

En el debate organizado por la AEFI ha participado Gregorio Rubio, miembro de la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España, quien ha coincidido en señalar que la normativa ha sido más compleja de aplicar de lo que se había previsto. “La PSD2 debería haber sido un ejercicio de continuidad, de limar algunos errores de la anterior norma, pero se ha derivado en un ecosistema muy complejo”, ha señalado durante su ponencia. “Se crea un nuevo paradigma, el acceso a cuentas de pago a través de un tercero, lo que provoca implicaciones como que se generan actividades entre competidores”, ha subrayado. “Son relaciones asimétricas y había conflictos de intereses que había que manejar”, ha enfatizado, matizando que, aunque todavía es pronto para valorar el impacto de la norma, “ha creado un entorno de colaboración entre intereses encontrados”.

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