Los fondos inmobiliarios amenazan al Gobierno con una caída de las inversiones si lleva a cabo su plan de Vivienda
- El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos aún está pendiente de plasmarse en leyes concretas
Los planes de Vivienda pactados entre el Gobierno y Unidos Podemos cayeron como una bomba entre los promotores inmobiliarios y los fondos de inversión especializados en el alquiler, uno de los negocios más lucrativos que hay en estos momentos en el mercado (roza el 6% de rentabilidad en Madrid y Barcelona).
Medidas como la ampliación a siete años de prórroga obligatoria de los arrendamientos efectuados por personas jurídicas y la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan índices de precios obligatorios en “zonas tensionadas” les parecen “legislar en caliente” y “un atropello”. Alertan de que se va a limitar la oferta y las inversiones en toda España, lo que provocará una subida de los precios para los inquilinos, y así se lo están haciendo saber al Gobierno.
El principal representante de la poderosa Blackstone en España y Portugal, Claudio Boada, se lo advertía esta semana directamente y en público a la ministra de Economía, Nadia Calviño. En un acto de la cámara de comercio estadounidense en España, AmCham, recordaba que este fondo ha invertido 25.000 millones en España “apostando por el país desde los peores momentos de la crisis”.
El gestor estadounidense, considerado el mayor propietario de ladrillo del mundo y uno de los mayores fondos de capital riesgo, entró en España con la compra de activos problemáticos de Catalunya Caixa, pero su operación más conocida, y polémica, fue la adquisición en 2013 de cerca de 1.800 viviendas procedentes del parque público del Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por Ana Botella. Recientemente se hizo con el 50,01% del capital de Testa Residencial, la mayor socimi de vivienda en alquiler de España, pasando a controlar más de 20.000 viviendas.
“Todavía no nos hemos ido”, advirtió Boada, ex presidente del Círculo de Empresarios, pero algunas de sus inversiones podrían retirarse si el Gobierno aprueba la reforma de las leyes de vivienda tal y como están planteadas en la actualidad.
El secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Daniel Cuervo, explica a eldiario.es que consideran un “atropello” que se quiera modificar la legislación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) “en caliente” y en todo el país por una subida de precios del alquiler que tan solo se ha producido, alega, “en algunos barrios de Madrid y Barcelona”.
Achaca dichas subidas, que ya se han “estabilizado e incluso moderado”, dice, a la falta de oferta en las zonas afectadas. Un escenario de falta de oferta que puede empeorar, explica, cuando se apliquen los planes del Gobierno, ya que se pueden paralizar inversiones previstas.
Cuervo tacha además de “desproporcionado” el modo en el que se pretende legislar “muy a favor del inquilino”, con medidas como aumentar los años de contrato o limitar las subidas de precio y las fianzas. “Esto va a ser muy nocivo y perjudicial para el mercado de la vivienda”, asegura. A su juicio, el PSOE “claudica” con estas medidas ante Unidos Podemos y la PAH.
Su organización, que representa a constructoras, socimis y fondos patrimonialistas, está en contacto permanente con departamentos como el de Economía o el de Fomento y con los partidos políticos, a los que hacen llegar sus propuestas y preocupaciones. Al respecto, fuentes gubernamentales corroboran estas conversaciones, que enmarcan en los intercambios frecuentes y ordinarios que mantienen con distintos sectores de la actividad económica, también fondos de inversión e inmobiliarios.
Los cambios aún están por plasmarse
La ofensiva de las promotoras y fondos se produce cuando siguen abiertas las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos para plasmar en textos legales los acuerdos presupuestarios. La política de Vivienda se situó en el centro del pacto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus ahora socios.
El calendario que maneja el Gobierno, tal y como explicó la secretaria de Vivienda, Helena Beunza, es aprobar un paquete de medidas urgentes este mismo año, fundamentalmente las que afectan a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto es, la regulación de los elementos contractuales del alquiler, los plazos y las fianzas. Para una ley en materia de vivienda, que se deja para el próximo ejercicio, quedan cuestiones como la definición de alquiler social y alquiler asequible y la regulación de la vivienda como un bien público. Por su parte, la portavoz en la materia de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Lucía Martín, pone el foco en el establecimiento de índices de precios, con los que se pretende regular los aumentos abusivos. Advierte de que “no vamos a permitir que se reforme la LAU sin introducir la regulación de precios”. Martín concluye: “Hay un acuerdo y hay que cumplirlo”.
