De República Dominicana a España, la “esclavitud moderna” tiene el rostro de las trabajadoras del hogar
“No se cuida a la persona que realiza el trabajo doméstico”, dice Rafaela Pimentel, una activista feminista dominicana que lleva años liderando el asociacionismo de empleadas domésticas en España. Son 75,6 millones de personas en el mundo las que trabajan en el empleo doméstico, la inmensa mayoría mujeres y migrantes, como confirman los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un empleo “poco valorado”, de “salarios bajos” y “condiciones precarias”, añade Pimentel.
Los trabajos en el hogar y de cuidados son algo “fundamental para gestionar las vidas y sostener la sociedad”, señala la activista, pero que “sigue sin estar reconocido socialmente”. Ese es el sector en el que trabajan Rebeca, Laura y Carolina, nombres ficticios de tres ex empleadas de Julio Iglesias en Punta Cana con las que ha podido hablar elDiario.es y Univision Noticias. Ellas refieren unas jornadas maratonianas, salarios bajos, un régimen interno aislado de la familia y una escasez de libranzas que no solo se dan en República Dominicana.
Rebeca y Laura trabajaban internas para Julio Iglesias, un régimen que abre aún más la puerta a la explotación, según los expertos. Estas mujeres presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por vulneraciones laborales durante su tiempo como empleadas, así como por agresiones sexuales. Esta denuncia fue archivada por la falta de jurisdicción de España sobre el caso. Iglesias no respondió a las preguntas que se le han hecho llegar a él y a sus representantes legales. En un comunicado posterior a la primera publicación de elDiario.es y Univision Noticias, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.
Violencia oculta y normalizada
Hasta 29 asociaciones de empleadas domésticas y de derechos humanos han hecho público un manifiesto en el que aseguran que este caso revela “cómo la violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada, sigue siendo un tabú y muchas víctimas no se atreven a hablar”. “Se aprovecha la indefensión de las víctimas, siempre cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras”, dicen organizaciones como Servicio Doméstico Activo (Sedoac), Oxfam Intermón, la Asociación Mujeres Cuidadoras Sin Papeles o Territorio Doméstico.
Aunque en los últimos años el activismo ha presionado para que España apruebe mejoras para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar al del resto de sectores, la informalidad y la precariedad sigue siendo la norma. También el acoso, las faltas de respeto o la violencia. España ratificó el convenio 189 de la OIT, que obliga a los países firmantes a ampliar sus derechos, por ejemplo, el de paro, que apenas se ha puesto en marcha en nuestro país.
Un informe de Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer muestra que el 49% de las trabajadoras que encuestaron en España afirmaba haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria laboral y el 70% conocía algún caso cercano. El 49% había vivido exceso de control mediante cámaras de vigilancia, llamadas y mensaje constantes, incluso durante el tiempo libre. El 48% ha recibido faltas de respeto, insultos y discriminación. El 17% ha recibido proposiciones de naturaleza sexual, y el mismo porcentaje ha sufrido violencia física. El 8,5% ha recibido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento.
“Las consecuencias de las condiciones en las que trabajamos son cuerpos rotos, muchas mujeres enfermas, mujeres migrantes empobrecidas que trabajan para sobrevivir, muchas situaciones complicadas de salud mental, internas a las que no empadronan o trabajadoras a las que no dan de alta en la Seguridad Social, que no tienen vacaciones o tiempo libre. Seguimos luchando para que, por ejemplo, se nos reconozcan las enfermedades profesionales”, critica Rafaela Pimentel.
Por eso, las asociaciones destacan que no puede entenderse el acoso y la violencia sexual que viven las trabajadoras de hogar sin señalar “la precariedad estructural del sector; la vulnerabilidad jurídica, económica y social de las mujeres migrantes en España, el régimen de explotación y abuso que significa la disponibilidad las 24 horas del día los siete días de la semana de trabajadoras internas, y de condiciones y horarios abusivos de trabajadoras externas”. “La inestabilidad laboral y las condiciones abusivas no son un accidente, son el terreno que facilita y perpetúa la violencia”, subrayan. Denunciar esa violencia es tremendamente difícil, prosiguen, una circunstancia que se agrava porque la relación laboral se desarrolla en este caso en el ámbito privado del domicilio, “donde existen relaciones de poder, dependencia económica y emocional, y una fiscalización limitada, lo que incrementa el miedo a represalias, despido o pérdida de derechos”.
En República Dominicana
Aunque el Gobierno dominicano está dando pasos para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, estas seguirán por detrás en derechos en comparación con otras profesiones. Y sin duda lo estaban entre 2021 y 2023, los años en los que trabajaban en la casa de Julio Iglesias en Punta Cana mujeres como Rebeca, Laura o Carolina (nombres ficticios), a las que este diario ha podido entrevistar.
Sin la obligación de contratarlas, sin inscribirlas en la Seguridad Social, sin derecho a indemnización por despido, plan de pensiones, subsidio de desempleo ni preaviso. “Hablamos de la esclavitud en pleno siglo XXI”, define la dominicana Kathy Cabrera, del área de Juventud de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca). “Y esa esclavitud moderna tiene rostro: el de las trabajadoras del hogar”, reitera. “Puedes durar 30 años trabajando en una casa y cuando dices que te vas, te vas con lo mismo que llegaste. Al no estar regulado ante la ley, no existe”, añade esta defensora de derechos de las mujeres.
Cuando hablamos de trabajo interno, como sucede en las mansiones del cantante, las mujeres duermen en la casa familiar y sus horarios no se concretan o se desdibujan según las necesidades de la casa: comienzan pronto en la mañana y terminan cuando la familia se acuesta. Cuando trabajan para familias con alto nivel adquisitivo, a veces las acompañan en cruceros y otro tipo de viajes, donde la atención a sus empleadores se vuelve casi permanente. En el caso de Julio Iglesias, dos de sus empleadas domésticas de Punta Cana eran seleccionadas para viajar a Málaga durante el mes de vacaciones del cantante y su familia, según ha podido comprobar elDiario.es, al menos en 2020 y 2021. De cara a ese traslado, no se mejoraban sus condiciones laborales ni mucho menos se equiparaban a las que tienen las trabajadoras del hogar en España.
La escasa regulación del trabajo doméstico en República Dominicana garantiza únicamente los descansos: deben tener nueve horas ininterrumpidas entre jornadas. El resto del tiempo, cumplirán el horario que acuerden con su empleador. Semanalmente, deben descansar un periodo ininterrumpido de 36 horas cualquier día de la semana, que si no se determina, comenzará el sábado al mediodía. Por lo que explican las antiguas empleadas del cantante, el acuerdo de libranzas cada tres semanas que había en la casa tampoco cumplía el Código de Trabajo. Los extensos horarios en la casa de España, según relata Carolina, que atendió a la familia Iglesias durante un mes de verano, que empezaban a las seis de la mañana y terminaban después de cenar y recoger —podían ser las diez, las once o las doce de la noche—, tampoco.
Intentos de mejora
República Dominicana lleva varios años trabajando sobre una reforma del Código de Trabajo, que data de 1992. Entre 2020 y 2022 comenzaron las reuniones entre el Gobierno, la patronal y los representantes de los trabajadores para modernizar este estatuto laboral. La incorporación del teletrabajo era un objetivo prioritario y de consenso pero también se contemplaba la mejora del trabajo doméstico, adaptando el Convenio 189 de la OIT, que se promulgó en 2011 y que Dominicana ratificó tan solo dos años después. Pero los trámites para mejorar las condiciones del trabajo doméstico por esta vía no están siendo nada fáciles.
Javier Suárez es un abogado dominicano que participó en el equipo técnico-jurídico que armó el Ministerio de Trabajo para impulsar la reforma: “Se hablaba de los descansos, de respetar su dignidad, de su seguridad y salud en el trabajo. O sea, se adecuaba el Convenio 189 de la OIT a la legislación nacional”. En el informe en el que él participó se regulaba la jornada y los descansos de las trabajadoras domésticas, también se abordaban temas como la seguridad y la salud. Unos abogados plantearon un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dictaminó que una resolución del ministro de Trabajo no era la forma legislativa de impulsar esa reforma, sino que había que modificar la ley. La reforma volvía al punto de partida y debía iniciar un nuevo camino por las cámaras alta y baja.
Finalmente, el 16 de octubre del pasado año, el nuevo texto que actualiza el Código de Trabajo ha saltado del Senado al Congreso, y se espera una pronta aprobación. Incorpora mejoras en el trabajo del hogar, pero no tantas como se esperaba.
No obstante, el debate social para regularizar mejor a las trabajadoras del hogar ha sido bronco. Uno de los puntos que hizo “implosionar a la sociedad”, en palabras del abogado Javier Suárez, fue que se pretendiera limitar la jornada de la trabajadora doméstica a ocho horas, si no duerme en el centro de trabajo, y a diez si es interna, a quienes se les reconoce “una intermitencia”. Se propuso que la jornada semanal fuera de un máximo de 44 horas, con un descanso de 12 horas entre jornadas si duerme en su casa o de 54 si lo hace en la residencia de su empleador. Además, reconoce el derecho a un preaviso de cinco días antes de un despido y, mientras que en el Código de Trabajo de 1992 se permitía que en el pago del salario se incluyeran la alimentación o el alojamiento, estos beneficios ya no se considerarán parte del sueldo.
El texto que ha aprobado finalmente el Senado recoge todas estas mejoras. No obstante, deja fuera una que impide que las trabajadoras del hogar se equiparen al resto de profesiones: no incluye indemnización por despido (denominado cesantía en República Dominicana) ni subsidio de paro, en un sector que supone la tercera rama de actividad económica más importante para las mujeres en el país (ellas realizan el 92,31% del servicio doméstico, según datos del Gobierno dominicano recogidos en 2021), y que además es un sustento de cuidados para que otras muchas personas puedan acceder al mercado laboral.
Informalidad
Pero la foto real del trabajo en el hogar ajeno ahora mismo es el retrato de la informalidad, una situación en la que se mueve la práctica totalidad de sus trabajadores (el 94,8%,según la misma fuente). Hablamos de contratos verbales (tan solo un 5,3% son escritos), de que solo cuatro de cada diez mujeres tienen las vacaciones pagadas, de que sus sueldos están un 57% por debajo de la media y de que el pago de las horas extras es un unicornio que solo han visto el 0,31% de las más de 245.000 empleadas que componen esta fuerza de trabajo.
Para Estephany Encarnación, experta en incidencia y políticas del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), una ONG feminista dominicana, hay una evidente “traba cultural” que ha impedido conseguir mejores avances para las mujeres en la negociación que ha llevado al poder legislativo hasta ese punto, pues se trata de un país “muy machista” que evita identificar los problemas de las mujeres
Cabrera, que dentro de dentro de Conamuca trabaja en la asociación Eufemia Rodríguez, de Semana Santa, una comunidad rural cercana a Yaguate, al sudoeste de Santo Domingo, conoce bien a qué se enfrentan las mujeres en su país, en especial en el campo. Y, por ello, explica la cadena de explotación y vulnerabilidad que se genera a partir del trabajo doméstico. “Encontramos en la mayoría de las comunidades a niñas de 15 años cuidando niños para que mamá salga a trabajar a la ciudad. Niñas que tienen que salir de la escuela a cocinar, a fregar, a trapear, a limpiar”, señala. “Entonces tenemos una mamá violentada en un trabajo con un salario mínimo paupérrimo, que no da para las canastas básicas y unas niñas que se quedan a cargo de sus hermanos y que son vulnerables a sufrir violencia sexual o a terminar en uniones forzosas con hombres que les llevan diez o veinte años”, añade la defensora. Y si esas circunstancias interseccionan con los cuerpos migrantes, el riesgo de violencias y vulnerabilidades es aún mayor.
“La realidad es que en República Dominicana el doméstico es un trabajo que tiene casi características de trabajo esclavo”, remata Estephany Encarnación, coincidiendo con Kathy Cabrera, y señalando que en su país, “el tema de la violencia sexual tiene características de pandemia”, con cerca de 70.000 denuncias por año de violencia sexual, y la estimación “de un subregistro de estas denuncias cercano al 95%”