Los sindicatos piden a Hacienda que desaloje a cargos de la Agencia Tributaria con viviendas públicas a precio de saldo

UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT), las tres organizaciones sindicales mayoritarias en ese organismo, han pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que desaloje las viviendas que decenas de cargos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ocupan a cambio de alquileres muy por debajo de su precio de mercado.

Se trata de una situación que reveló recientemente elDiario.es y que los tres sindicatos califican, en un escrito a la ministra, de una “ocupación” y un “abuso de poder” a cambio de una renta mensual “ridícula”. “Confiamos en su compromiso ético para poner fin a esta práctica que entendemos poco presentable”, dice la misiva a la que ha tenido acceso este medio. Las tres organizaciones, “como representantes de la mayoría social en la AEAT”, manifiestan a la ministra “la indignación que nos trasladan los trabajadores de la Agencia Tributaria en relación con las viviendas ocupadas por diversos responsables territoriales de este organismo, así como la reserva de uso en exclusiva de plazas de garaje para dichos responsables y miembros de sus familias”.

“Diversos medios de comunicación se han hecho eco de este malestar existente entre los 25.000 profesionales, quienes asisten atónitos y con impotencia a lo que entienden es un abuso de poder: empleados públicos con retribuciones de más de 100.000 € que disfrutan de inmuebles ubicados en las mejores zonas de determinadas ciudades de nuestro país a cambio de una ridícula valoración retributiva en especie cuyo coste real para el beneficiario apenas alcanzaría los 350 euros/mes, mientras el resto de trabajadores tienen que costearse sus viviendas y los suministros de las mismas (luz, agua, etc.)”.

La carta también informa a Montero de que la documentación sobre “esta mal entendida ocupación será remitida a los distintos grupos parlamentarios”. Preguntado por este asunto, el Ministerio ha declinado hacer comentarios.

Los sindicatos recuerdan en la misiva que “en diversas ocasiones” han remitido escritos y “solicitado verbalmente a la dirección de la AEAT poner fin a esta práctica que entendemos impropia de un organismo de referencia en las administraciones públicas de nuestro país”.

“Con fecha 30 de noviembre remitimos un escrito al portal de Transparencia solicitando información sobre las condiciones de uso de dichos inmuebles, obteniendo una respuesta insatisfactoria por parte de dicho organismo en base a un informe elaborado por la propia AEAT”, recuerdan.

32 inmuebles

Según reconoció recientemente la AEAT a este medio en un correo electrónico, en febrero de 2022 eran “32 los inmuebles ocupados” por estos funcionarios, que no son altos cargos y cuyo perfil “es diverso”. De esos 32 inmuebles (en diciembre eran 34), cinco estaban ocupados por delegados especiales y doce, por delegados provinciales, según la AEAT. Otras quince viviendas estaban “ocupadas por administradores, responsables de Aduanas y de Vigilancia Aduanera, porteros…”.

Por tanto, estarían en esa situación casi un tercio de los delegados especiales de la agencia (hay uno por cada comunidad autónoma). Por lo general, inspectores de Hacienda cuyas retribuciones pueden superar holgadamente los 100.000 euros brutos anuales, más que el presidente del Gobierno o cualquier ministro. En muchos casos, se trata de los funcionarios mejor pagados de la provincia.

Esas casas, ubicadas en dependencias de la AEAT, tienen un tamaño medio de 186,48 metros cuadrados. “La superficie máxima es de 423 m2 y la mínima de 40 m2”, según la agencia, que no detalló su ubicación.

Según un listado elaborado por los propios sindicatos, entre los inmuebles ocupados por cargos del organismo a finales de 2021 no había ninguno en las dos grandes capitales españolas, Madrid y Barcelona. Pero sí en dependencias de la AEAT en ciudades muy relevantes como A Coruña, Alicante, Almería, Cádiz, Córdoba, Donostia, Granada, Palma o Vigo.

Y esos funcionarios las ocupan por alquileres tan reducidos porque la ley del IRPF estipula que el disfrute gratuito o por un precio inferior al de mercado de un inmueble para fines particulares es una renta en especie que se valora mediante un porcentaje del 5% o el 10% del valor catastral de la vivienda, en función de si el municipio de residencia ha revisado o no esos valores en la última década.

Pero la valoración que se aplique no puede superar el 10% de la retribución anual del trabajador. Y para un delegado con un sueldo anual de 100.000 euros, la máxima valoración del inmueble sería del 10% de ese importe, 10.000 euros, con lo que el coste para él sería el tipo marginal del IRPF. Suponiendo un tipo del 45%, serían 4.500 euros, que suponen 375 al mes por viviendas cuyo valor de mercado real en régimen de alquiler sería de varios miles de euros.

Uno de los casos más comentados en la agencia es el de Arnaldo Cañellas, delegado especial de la AEAT en Palma desde hace diez años. Este alto funcionario, reconoce la AEAT, reside en la vivienda ubicada en la delegación, un palacete en la capital balear. Al mismo tiempo tiene a su nombre, entre otros inmuebles en la isla, y según la información disponible en el Registro de la Propiedad, dos amplias viviendas en el centro de Palma, a nueve minutos a pie de la delegación.

Los representantes de los trabajadores recuerdan también los más de 48.000 euros que ha destinado la delegada especial en A Coruña, Imelda Capote, a reparar la cubierta del enorme ático en que reside, en la octava planta del edificio que alberga la Delegación, frente a la playa de Riazor.

Otro aspecto polémico son las plazas de garaje en dependencias de la agencia. Según los tres sindicatos, además de ocupar esos inmuebles junto a sus familias, estos y otros funcionarios del organismo también disfrutan de más de medio centenar de plazas para uso particular (alguna de ellas, apuntan, como trastero), situación que las organizaciones sindicales analizan de cara a la posible presentación de una denuncia por presunto uso indebido de bienes públicos.

La AEAT, que está alquilando espacio de oficinas en algunas de las ciudades en las que tiene cedidas viviendas a sus cargos, señala que se ha producido “una reducción importante” del número de viviendas del Estado ocupadas por su personal: “Más de un 20%” desde septiembre de 2018 hasta febrero de este año.

A falta de un reglamento que regule esta práctica, la entidad aprobó una normativa interna en 2020 “para fijar criterios que permitieran orientar las decisiones sobre ocupación y uso de las viviendas”. Con carácter general, serán “espacios a destinar, en el futuro, a usos administrativos”, salvo en Ceuta, Melilla, Algeciras y las cinco islas canarias que no son sede de delegación, para “facilitar la aceptación de destino en estos territorios” por parte de los funcionarios.