Paralizada la entrada en prisión de cuatro trabajadores hasta que el Gobierno resuelva el indulto
La entrada en prisión de Ana y Tamara y de Carlos y Serafín, condenados a tres años de prisión por participar en una huelga sectorial y un paro del transporte, respectivamente, se aplaza. Su ingreso en la cárcel era inminente, pero los jueces encargados de los casos lo han paralizado a la espera de que el Gobierno resuelva si concede o no el indulto, solicitado en los dos casos. Sin embargo, en otro de los expedientes más llamativos, el de los ocho trabajadores de Airbus, a la espera de juicio, la fiscal ha ratificado en un escrito sus acusaciones y su petición de ocho años de cárcel para cada uno de ellos.
Es el segundo indulto que solicitan Carlos y Serafín, condenados a tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores por unos hechos ocurridos en una huelga del transporte en Vigo. El anterior les fue denegado y cursaron una nueva solicitud. La jueza aplazó entonces su entrada en prisión, pero la Fiscalía solicitó su ingreso inmediato, una petición que recurrió la defensa de los dos trabajadores.
La jueza desestima ahora la solicitud de la fiscalía y aplaza la entrada en la cárcel hasta que el indulto tenga respuesta. En el escrito, la magistrada señala que las sentencias deben ser ejecutadas “sin perjuicio del derecho de gracia”. “La resolución (...) expresa las razones por las que accede a la petición de suspensión en tanto se tramita y resuelve el indulto solicitado”, dice.
En el caso de Ana y Tamara, la situación es similar: el juez ha paralizado su ingreso en prisión hasta que el Gobierno se pronuncie sobre su indulto. Sí hay una diferencia importante: la fiscalía se ha pronunciado a favor, no solo de la suspensión temporal de la pena, sino del indulto parcial. “A la vista de la hoja histórico penal de la condenada se refleja que la misma carece de antecedentes penales, abonó la responsabilidad civil y concurren razones de justicia y equidad que hacen aconsejable la concesión del indulto parcial de la pena privativa de libertad”, dice la fiscal en un escrito en el que informa a favor de ese indulto.
“Estamos contentas pero contenidas”, explica Ana G. Outerelo, una de las condenadas, que se muestra cauta sobre un indulto incierto y que se puede hacer esperar.
Precisamente, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se reunieron este lunes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para trasladarle su preocupación por los 81 expedientes abiertos contra trabajadores y sindicalistas y pedir un cambio en el Código Penal. Gallardón se comprometió a estudiar los indultos para las seis personas que ya están condenadas y aseguró que no existe una instrucción general desde la Fiscalía sobre como tratar estos casos.
La fiscal del caso Airbus reafirma las acusaciones
Uno de los casos más llamativos es el de los ocho trabajadores de Airbus que se enfrentan a ocho años de prisión por un altercado que tuvo lugar en la factoría de Getafe (Madrid) en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Tanto CCOO y UGT como el abogado de los acusados criticaron con dureza el escrito de acusación de la fiscalía, que expone una "acusación indiscriminada", es decir, no determina de qué se acusa a cada uno de los trabajadores.
Esa fue la razón por la que la defensa de los acusados solicitó en un escrito la nulidad de las actuaciones. A la espera de la respuesta del juez, el fiscal ya se ha pronunciado: ratifica sus acusaciones y se opone a la nulidad planteada. “Parece que el recurrente no se ha leído o no ha entendido bien el escrito de acusación de Ministerio Público, pues es bien claro en la conclusión primera en la que se relatan, detalladamente, los hechos objeto de acusación”, responde.
