Se vende piso barato con orden de derribo: el 'truco' de los propietarios para endosar el coste de la demolición

Si dispone usted de 2.100 euros, sepa que puede adquirir un piso de dos habitaciones y 55 metros cuadrados en Alicante, en el barrio de Nou Alacant. Por 3.000 más tendría uno de tres habitaciones y 60 metros cuadrados en el mismo bloque. El problema es que el edificio tiene una orden de derribo que data de 2015 y no se ha llegado a ejecutar. En las últimas semanas, han salido a la venta dos inmuebles similares en él, que se suman a otro que ya ofertaba la inmobiliaria de Abanca.

“Nosotros vendemos ese activo y usted tendría derecho a algún tipo de compensación una vez se derribe”, explica una comercial. “Quién derribe el edificio, si el Ayuntamiento o la entidad a la que corresponda, es algo que desconocemos. No sabemos ni el motivo ni si se puede construir después”.

Casas con orden de derribo hay muchas en España, principalmente por ser construcciones ilegales. Es conocido el caso de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, que pese a haber sido declarado ilegal se ha librado recientemente de la demolición completa “por no afectar al medioambiente”. El edificio de Alicante, como algunas otras casas en venta a precios irrisorios, está declarado ruinoso. ¿Cuánto vale un trozo de edificio en ruinas y quién lo querría comprar? “El potencial comprador sería un promotor interesado en los derechos edificatorios del solar una vez esté demolido”, indican desde el banco. “Está especificado en el anuncio que tiene orden de derribo y que por ese motivo no se puede visitar”.

Lo que el potencial comprador tiene que hacer son las cuentas, porque sus dos mil euros no se van a quedar ahí. Al valor del pedazo de suelo que le corresponda —lo que está comprando— tendrá que restar el coste proporcional del derribo, que es justo de lo que el propietario se quiere librar.

“El valor de un edificio en ruina es cero”, aclara el arquitecto especialista en urbanismo Luis Romero. “El vendedor no quiere gasto alguno, entre ellos el obligado derribo. Por eso lo vende antes de que llegue la ejecución sustitutoria, que es que el Ayuntamiento derriba y pasa la factura. Los Ayuntamientos tienen tarifas muy altas en estos derribos. Al final, a los propietarios les conviene huir de esto y contratar a una empresa que derribe. Algunos no pueden, o no quieren, y venden”.

Propietarios desalojados tuvieron que pagar su propio derribo en 2014

¿Cuánto cuesta derribar un edificio así? El edificio con pisos en venta, situado en el número 10 de la calle Diputado José Luis Barceló, no es el único de la zona con una situación similar. En el año 2013 los vecinos del número 18 de la misma calle fueron desalojados para la demolición por “ruina inminente”. Según las crónicas de la época, estuvieron 48 horas en un polideportivo hasta ser realojados en pisos municipales de alquiler. Pasó un año hasta que el derribo se ejecutó. El coste fue de 193.500 euros. Los adelantó el consistorio, que después pasó la factura a los propietarios.

“Yo aún debo unos 2.000 euros al Ayuntamiento por la demolición”, recuerda Larisa Prokosheva, una de las desalojadas. El Patronato de la Vivienda le ofreció un piso barato en alquiler, en el que vive desde entonces. Pero además de la deuda por derribo, Prokosheva paga cada año impuestos por el suelo del que es propietaria. La solución que dio el Ayuntamiento a los afectados fue la de agruparse y vender sus suelos a un promotor. “Dicen que todos los que tenemos suelo busquemos a alguien que construya algo y nos pague”, explica. “Aún tengo algo de esperanza, pero.. pff. Escribí por ahí y nadie quería. Y otros propietarios no sé ni dónde están”. Alguno ha puesto el suyo a la venta: este, por ejemplo, lo vende por 2.500 euros.

En el número 10 que ahora está en venta se desalojó a treinta familias, también de forma inminente, en marzo de 2015. Cinco años después, sigue en pie. “Una declaración de ruina puede impugnarse, llevarse a juicio... Y luego hay que ejecutarla. Unos buenos abogados pueden retrasarla mucho”, indica Romero. “Otra cosa es la ruina inminente. Ahí no hay trámites. Se suspende cualquier contrato de alquiler y el desalojo es automático, así como la ejecución municipal”. Aunque el derribo del edificio está adjudicado a Becsa S.A desde 2015 por 114.000 euros, ni desde la empresa ni desde el consistorio han respondido a elDiario.es sobre por qué no se ha ejecutado aún. La teoría de Prokosheva es que el ayuntamiento no puede pagarlo. La del arquitecto Romero, que ahora sí debe estar al caer y que por eso a los propietarios —entre ellos, Abanca— les han entrado las prisas por vender.