Enfrentamiento entre policías y trabajadores de prisiones en Badajoz
Agentes de la Policía Nacional y trabajadores de prisiones han protagonizado esta mañana un enfrentamiento a las puertas del Centro Penitenciario de Badajoz, durante una concentración contra la brecha salarial que existe entre las cárceles españolas.
Según ha explicado el responsable del Sector de Prisiones de UGT en Extremadura, Roque Gómez, el modo de actuar de los agentes ha sido “desproporcionado”, ya que han empujado y pegado “gomazos” a varios de los concentrados.
Gómez ha asegurado que ha habido golpes a tres personas, al menos; a una mujer en el cuello, espalda y brazo, a otra en la espalda, y a otro trabajador.
El sindicalista ha criticado que les ha querido acotar en un espacio delimitado por vallas y que solo dejaban que una pancarta reivindicativa fuera sostenida por cuatro personas.
Una pancarta que sí se ha permitido desplegar dos horas después de estos hechos, añadía.
Lo sindicatos convocantes, CCOO, UGT y ACAIP, pretenden mantener una reunión con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, para denunciar estos hechos.
“No les hemos provocado”
En un comunicado conjunto, han afirmado que “no responden al espíritu reivindicativo de los trabajadores penitenciarios, y que no se ha provocado en ningún momento”.
“El jefe del dispositivo policial, en una jerarquía mal entendida, ha ejercido una acción desproporcionada contra los manifestantes, utilizando unos medios coercitivos que no respondían en absoluto a las fuerzas que allí estaban concentradas, cargando contra varios trabajadores y provocándoles daños físicos de diferente consideración”, han asegurado.
Por su parte Herrera ha declarado a los medios que la Policía Nacional ha actuado para evitar que las personas concentradas cortaran la carretera con una sentada, y a raíz de ello se ha producido un forcejeo “sobre todo con una persona”, aunque “no ha llegado a más el tema”.
Se ha procedido a la retirada de esas personas, ya que esa sentada “no estaba autorizada”.
Los sindicatos han denunciado que el Gobierno central pretende ahorrarse más de 115 millones de euros al dejar vacantes 3.393 plazas.
De ellas, 38 vacantes en la cárcel de Badajoz, de una plantilla de 326, y 75 en la de Cáceres, de una plantilla de 295 trabajadores.
