Deniegan el indulto al exalcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo
El Consejo de Ministros ha denegado el indulto solicitado para el exalcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo, condenado a 17 años de inhabilitación y a pagar más de 120.000 euros de sanción por delitos de prevaricación urbanística y administrativa.
“No tengo dinero para pagar esa multa, por lo que debo entrar en prisión”, ha dicho el exalcalde de Carcaboso, quien ha apuntado que inicialmente deberá cumplir 525 días de cárcel.
Según ha relatado la decisión se adoptó en el Consejo de Ministros celebrado el 7 de diciembre, mientras que la comunicación de la denegación tuvo entrada en el Juzgado de la Penal de Plasencia el 12 de diciembre. Estos días abordará su ingreso en prisión junto a su familia.
Las condenas
El Juzgado de lo Penal de Plasencia condenó en octubre de 2013 a Cañedo a la pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, relacionado con el incumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso al derecho de información con respecto al Grupo Socialista.
Posteriormente, en octubre de 2015, el mismo Juzgado volvió a condenar al exalcalde a otros ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística, así como al pago de indemnizaciones, una multa de 17 meses con cuota diaria de 12 euros y al abono de las costas procesales.
En la sentencia, la titular del Juzgado consideró a Cañedo autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación urbanística en relación a la promoción de unas viviendas. Sin embargo, Cañedo remarca que su trabajo siempre se ajustó a ley, “mirando por el bien de los vecinos... como siempre, porque siempre me he dejado la piel” por el municipio. “Pensaba que el sistema me protegería y que alguien pondría cordura, pero no”.
“He sido víctima de un entramado burocrático”
Alberto Cañedo subraya que que no se ha llevado dinero, que tiene las manos ‘limpias’ y que ha sido víctima de “un complejo entramado burocrático” que le ha apartado de la política.
Afirma haber sufrido un 'acoso y derribo' basado en “una estrategia de saturación del despacho de alcaldía mediante la petición reiterada de decenas de informes semanales”.
Relata que mientras las instancias municipales estaban “colapsadas” intentaba poner en marcha un nuevo modelo de la mano de proyectos agroecológicos, cooperativas o jardines comestibles. También centros agroecológicos y planes de soberanía alimentaria que buscaban una alternativa a un municipio tremendamente afectado por la crisis del ladrillo.
En solo dos años recibió unos 700 solicitudes de informes que colapsaron un ayuntamiento de 1.200 habitantes. Una veintena al mes en una localidad tan pequeña con un tamaño así, mientras que Plasencia con más de 40.000 vecinos recibe poco más de cinco según advierte. Fue condenado por malversación, por no contestar la documentación requerida.
Tiene otra condena por prevaricación urbanística por la concesión de unas cédulas de habitalidad en unas viviendas que no estaban terminadas. Argumenta que las familias afectadas podrían haber perdido el dinero que habían entregado previamente porque la constructora se dio en quiebra antes de entregarlas, y en caso contrario la viviendo se las hubiera quedado el banco.
Lo que defiende es que él no tuvo un enriquecimiento en este proceso, pero en ningún momento consta en la sentencia que se enriqueciera o que recibiera ‘mordidas’ a semejanza de los casos de corrupción política que llenan los titulares, según traslada.
