Agredir, física o verbalmente, a un sanitario extremeño costará muy caro
Durante el año pasado hubo 22 agresiones a personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud y un caso en el que podría tratarse de todo lo contrario, la agresión de un sanitario a paciente. ¿Con esas cifras resulta necesaria una ley para proteger a los profesionales de la sanidad pública regional de las agresiones físicas o verbales de los usuarios? La consejería de Sanidad cree que es necesario y también están de acuerdo los colegios de médicos, de enfermeros, farmacéuticos y veterinarios.
Con ese respaldo, el consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha presentado la Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura, que castigará con sanciones, incluso penales, a los usuarios que agredan física o verbalmente a los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones, dentro fuera de sus centros de trabajo.
En Aragón y Valencia ya tienen legislaciones similares que incrementan la protección al personal sanitario castigando a los infractores, poniendo en manos de la fiscalía los hechos y ofreciendo ayuda jurídica y psicológica a los profesionales afectados.
Autoridades sanitarias
Carrón ha señalado que la ley que en breve se debatirá en la Asamblea califica de Autoridad Sanitaria a los profesionales del SES y que, por tanto, los reviste de presunción de veracidad cuando realicen una denuncia por esta causa, prevaleciendo de este modo su palabra sobre la del ciudadano denunciado.
Se trata de una ley de amplio alcance, según explicó el consejero, que dará cobertura en torno a 17.000 profesionales, ya que no solo va dirigida al personal médico y enfermero, sino que incluye además al personal estatutario de gestión y servicios y al personal del ámbito social, protegiéndolos en el desarrollo de las actividades realizadas dentro de los centros sanitarios y en aquellas que, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, realicen fuera de éstos.
Además, esta ley implica que las sanciones que recaigan sobre los autores de dichas agresiones sean mayores, al tratarse de un atentado contra la autoridad y, por tanto, de una sanción penal, según explicó Carrón.
“En definitiva, señala Hernández Carrón, estamos ante una ley que busca la tolerancia, el respeto y la adecuada convivencia en todos los centros del Sistema Sanitario Público de Extremadura y que es de justicia, porque equipara en derechos a los profesionales sanitarios con respecto a los profesores, quienes ya estaban amparados por el reconocimiento de su autoridad en nuestra Ley de Educación”.
