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Cumplir la ley

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

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Este martes pude ver la excepcional ‘En los márgenes’, la película dirigida por Juan Diego Botto sobre los desahucios, que no puedo más que recomendar. Es la historia de una vergüenza nacional: de esa España que abolió las leyes del mercado para salvar a la banca, pero no hizo lo mismo con tantas familias que se quedaron en la calle por no poder pagar. No es algo del pasado. “La gente piensa que los desahucios ya no ocurren, pero hay cien al día”, recuerda Botto. Es una herida abierta que, con la subida de las hipotecas, se va a recrudecer. 

“Hay que cumplir las leyes”, dicen quienes argumentan a favor de una violencia así –¿hay algo más violento que dejar en la calle a una familia?–. Pero la dureza del imperio de la ley con los más débiles contrasta con la laxitud con la que la ley, en España, se suele incumplir.

Dos ejemplos recientes. Hay muchos más.

1. Las leyes están para cumplirse. Pero el 90% de los colegios concertados se saltan esa ley que les prohíbe cobrar a sus alumnos. Se supone que la educación concertada es gratuita porque está pagada ya: cobran de los presupuestos públicos. La realidad es que esa prohibición solo la cumple uno de cada diez colegios. Saltarse la ley es la norma, no la excepción.

Cobrar a los alumnos supone segregar: dejar fuera a los pobres y también a aquellos estudiantes con necesidades especiales; usar los escasos recursos públicos para subvencionar a quien menos lo necesita. En algunos casos más extremos, es Robin Hood pero al revés: robar el dinero de los pobres para dárselo a los ricos. Como ocurre en el exclusivo colegio St. Paul's de Barcelona, donde el “extra” que pagan los padres por cada alumno es de 923 euros al mes. ¿Necesita subvenciones públicas una familia capaz de pagar eso por la educación de cada uno de sus hijos? Es obvio que no.

El año pasado ya informamos de esta situación. Entonces era un poco menor el porcentaje de los concertados que se saltaba la ley: el 87%. Ha pasado un año sin consecuencias. Se saltan la ley sin que pase nada. Obviamente irá a peor.

2. Las leyes están para cumplirse. Como deberían saber en el Consejo General del Poder Judicial, donde una serie de vocales –jueces y juristas de “reconocido prestigio”– se han convertido en insumisos antisistema que se saltan un mandato legal porque no están de acuerdo con él. En este largo artículo expliqué al detalle la situación.

Hace ya meses que el Parlamento, por mayoría absoluta, legisló y les obligó a nombrar a los magistrados que les toca en el Tribunal Constitucional. El plazo expiró el 13 de septiembre y cada día es más obvio que no tienen intención alguna de cumplir la ley, ni siquiera con algo de retraso. 

Las últimas excusas son ya insultantes para cualquiera que haya seguido este asunto con un mínimo interés. Dicen los vocales en rebeldía que no han encontrado a nadie a quien nombrar, a pesar de su “intensa búsqueda”. Entre todos los jueces de España, no han encontrado un solo magistrado conservador que les guste para ir al Constitucional. Es de aurora boreal. Y es evidente también cuál es el plan: bloquear los nombramientos hasta que lleguen las elecciones, a ver si para entonces ya ganan los suyos, el Partido Popular. Son auténticos ‘okupas’ del Poder Judicial.

¿Consecuencias de saltarse la ley? Ni una sola. Ni siquiera políticas. Menos aún judiciales. Y habría materia para una denuncia porque lo que está pasando bordea la prevaricación. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya estableció que es posible prevaricar por omisión. En 1992 un alcalde del PP se negó, con excusas peregrinas, a convocar una moción de censura que lo iba a destituir. No prevaricó en el sentido estricto, “dictar una resolución injusta a sabiendas”, porque su pecado fue justo el contrario: no tomar ninguna decisión, a pesar de que estaba obligado a ello. Es un ejemplo muy parecido a lo que está ocurriendo hoy. Y la sentencia del Supremo que condenó a este alcalde no es la única que va en esta dirección.

Les cuento todo esto para que entiendan que la ley está para cumplirse, pero que también se suele interpretar. En el Gobierno no creen que una denuncia contra los antisistema del Poder Judicial pudiera prosperar. Argumentan que serían los jueces del Tribunal Supremo –la mayoría de ellos nombrados por esta misma derecha judicial en rebeldía– los que les tendrían que juzgar. Así que dudo que vaya a pasar.

Las leyes están para cumplirse. Pero, ¿a alguien le sorprende que estos vocales en funciones y con el mandato caducado incumplan la ley cuando el partido que les nombró, el PP, lleva más de tres años saltándose la Constitución?

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