Tras cinco días callado, el tantas veces locuaz ministro de Hacienda dio finalmente la cara. No fue para ofrecer una explicación coherente sobre ese extraño “error” con los datos fiscales de la infanta: Cristóbal Montoro asegura que no sabe qué ha pasado y pide un acto de fe en su palabra; que le creamos cuando afirma que en la Agencia Tributaria “no hay fantasmas”. Tampoco fue para pedir disculpas a esos honrados contribuyentes que han descubierto, pasmados, cómo al fisco no se le pasa una… salvo que te apellides Borbón y Grecia.
No. Para Montoro, quien merece una disculpa es “la Familia Real”, y no los ciudadanos.
El ministro de Hacienda, que con tanta alegría acusaba de fraude a todo aquel que le llevase la contraria, ayer no supo contestar a algunas preguntas básicas. La más importante: si Hacienda registró 1,4 millones de euros en supuestas operaciones inmobiliarias a nombre de la infanta, ¿por qué razón no investigó de oficio esos extraños movimientos? ¿Es que acaso ese carné de identidad VIP no aparece en los cruces rutinarios de bases de datos con los que la Agencia Tributaria combate el fraude?
El Gobierno se ha lanzado a la defensa de la infanta Cristina, asumiendo un comportamiento indigno de un país democrático. Ha movilizado a la abogacía del Estado, a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria, que inexplicablemente no ve fraude alguno en la copropietaria de Aizoon, la empresa con la que su marido se dedicó al talonmano.
Tal vez lo ocurrido con el DNI de la infanta sea, en efecto, un error: toda incompetencia lo bastante avanzada es indistinguible de la maldad. Pero es matemáticamente imposible que ese error responda a la única explicación que hasta ahora ha ofrecido la Agencia Tributaria, que responsabilizó del lío a registradores y notarios. Además, de ser un error, el escándalo sería aún más grave porque demostraría un obvio trato de favor: imaginen qué le sucedería a cualquier españolito al que le apareciesen en la base de datos de Hacienda 1,4 millones de euros en ventas de casas que no son suyas.
En un país así, tampoco sorprende que una condenada por fraude fiscal ante el Tribunal Supremo, la tenista Arantxa Sánchez Vicario, sea la portavoz de los Premios Príncipe de Asturias. Sin duda, es la persona más adecuada.
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