La ley mordaza, las pelotas de goma y las contradicciones de la izquierda

Mariano Rajoy ha tenido una victoria póstuma en el Parlamento. Como el Cid, después de muerto. Su ley mordaza seguirá en vigor una legislatura más, por la incapacidad de los distintos partidos que sostienen al Gobierno para acabar con esta norma, a pesar de contar con una mayoría parlamentaria más que sobrada y de coincidir, todos ellos, en que se trata de una ley represora. Es un fracaso importante, llamativo, sintomático. Que sirve para explicar algunas cosas. 

Les resumo la situación y los antecedentes. En 2015 el Gobierno de Rajoy reformó la ley de seguridad ciudadana con la nada oculta intención de reprimir las protestas, o al menos desalentarlas. Venían escaldados del 15M, de las manifestaciones contra los recortes y de los numerosos vídeos donde se documentaban un sinnúmero de abusos policiales –a cuyos responsables después condecoraba el exministro Jorge Fernández Díaz–.

Aquella ley fue una respuesta a esas protestas y a ese trabajo de la prensa. Fue una reforma que limitó gravemente varios derechos fundamentales y que dio a los cuerpos policiales la capacidad para sancionar con cuantiosas multas a aquellas personas que, a su juicio, les hubieran faltado al respeto. Son sanciones administrativas, en gran medida arbitrarias. Masivas: en su cuantía y en el número de personas multadas. Y donde la policía ejerce de juez y parte.

Hoy Rajoy es historia. Jorge Fernández Díaz se enfrenta a una petición de cárcel de 15 años por el espionaje a Bárcenas. La izquierda hace ya un lustro que gobierna y que cuenta con mayoría parlamentaria más que sobrada. Pero ni siquiera así los partidos implicados en esta causa –PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y PNV– han podido pactar un acuerdo para mandar esta ley reaccionaria a la basura. ¿El resultado? Que la mordaza seguirá intacta, tal cual la dejó Rajoy. Por muchos años.

Es un terrible agujero en esta legislatura, como bien argumenta Isaac Rosa en este artículo. Porque la ley mordaza, en manos de un gobierno autoritario como el que puede llegar a final de este año, será una herramienta muy peligrosa. Si PP y Vox ganan las elecciones –imaginen a Ortega Smith como ministro del Interior– sin duda todos los que hoy le han dado nueva vida a la mordaza lo lamentarán con creces.

La manera en la que la norma ha descarrilado es aún más frustrante. PSOE, Unidas Podemos y PNV habían pactado ya una propuesta bastante avanzada, y que lograba un equilibrio más democrático entre el derecho a la protesta y la seguridad de los ciudadanos. Si tienen curiosidad por los detalles concretos, les recomiendo este artículo que publicó hace unas semanas en elDiario.es el negociador por parte de UP, Enrique Santiago, donde se explica esa ley punto a punto. 

¿Se podía haber ido más lejos? Sin duda. Siempre se puede. “Pero lo que ha avanzado el PSOE en estos dos últimos años ha sido inimaginable”, asegura Enrique Santiago, que sigue defendiendo la ley hoy abortada y critica duramente a ERC y a Bildu por haber descarrilado del todo la reforma antes siquiera de que llegara al pleno. “Los sindicatos policiales, la derecha y la extrema derecha están brindando”, resume el secretario general del Partido Comunista de España.

Porque este martes, en la Comisión de Interior del Congreso, no se votaba la reforma de la ley en los términos actuales. Se votaba si seguía el trámite parlamentario. Y hoy, ERC y Bildu no han dicho exactamente ‘no’ a esta propuesta en concreto –habría bastado con su abstención para seguir negociando–. Han dicho ‘no’ a la posibilidad de que se siguiera negociando: la propuesta actual o cualquier otra. 

Los principales escollos han sido dos. Uno un pelín exagerado. Otro bastante más real. 

ERC y Bildu consideraban imprescindible prohibir las pelotas de goma. Lo que es un fin muy loable y que desde luego comparto. ¿El problema? Que esos dañinos proyectiles que tantos ojos han costado nunca han estado en esta ley de seguridad ciudadana ni en las anteriores, como también recuerda Enrique Santiago. No hay una sola coma en la ley mordaza de Rajoy sobre las pelotas de goma; ni se las menciona. 

Así que es falso que vetar las pelotas de goma sea imprescindible para eliminar “los aspectos más lesivos de la ley mordaza”, como argumenta ERC. Porque su uso no depende ni ha dependido nunca de esta norma. De prohibirse, debería ser en otras leyes: en la de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la ley de policías del país Vasco y la ley autonómica que regula a los Mossos.

Tampoco es verdad que las balas de goma estén prohibidas legalmente en Catalunya, por mucho que se repita. 

El Parlament catalán, a raíz del ojo arrebatado a Esther Quintana, aprobó en 2013 una resolución prometiendo una reforma legal que después nunca hizo. El veto a estos proyectiles se quedó en un protocolo de los Mossos: fue un acuerdo parlamentario pero sin rango legal alguno –la ley autonómica es esta, y ahí no se prohibe nada–. Para mayor contradicción, esa fuerza policial que hoy dirige ERC sustituyó las balas de goma por proyectiles foam, que han seguido sacando ojos de manifestantes. 

Lo que sí seguía en la reforma legal propuesta por el Gobierno eran las devoluciones en caliente. Que el propio PSOE prometió derogar y que también llevó al Tribunal Constitucional. Pero que hoy –en un momento en el que el PSOE busca el voto del centro– no ha querido abordar en esta reforma. “El acuerdo inicial de los partidos era cambiar este asunto en la ley de extranjería”, asegura el diputado Rafael Simancas, el principal negociador por parte del PSOE.

Y este asunto, el de las devoluciones en caliente, desde luego es relevante. Hablamos de derechos fundamentales. Y de cumplir con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

“Son discrepancias legítimas” –argumenta también Simancas– “¿pero de verdad eso justifica que toda la ley se tire abajo?”.

En el fondo, el resultado de esta votación no es muy distinto a lo que hubiera pasado con la reforma laboral de no ser por la oportuna pifia de Alberto Casero, ese diputado del PP que de milagro salvó los derechos de cientos de miles de trabajadores. Entonces, igual que hoy, ERC y Bildu consideraron que pese a que se trataba de una reforma en la buena dirección, no era perfecta. También entonces había argumentos; los hay siempre. Aunque el resultado práctico de su ‘no’ habría sido catastrófico para muchísima gente.

El debate entre pragmatismo e idealismo es consustancial a la izquierda. Pero ninguno de los votantes del PSOE, de Unidas Podemos, de ERC o de Bildu se merece que esta ley nefasta vaya a sobrevivir a un parlamento que pudo haberla derogado.

Lo resume Javier Pérez Royo en este otro artículo que hoy publicamos: Lo mejor es enemigo de lo bueno. Me temo que lo lamentaremos.