Puigdemont abre una negociación difícil pero no imposible

Toda negociación política tiene siempre algo de ‘las siete y media’, ese popular juego de cartas. Gana el que más se aproxima, pero sin pasarse, al máximo que la otra parte puede aceptar. 

Eso solo ocurre, claro está, cuando todo el mundo en la mesa quiere pactar. Y siempre que tal cosa sea posible. Porque si el mínimo que uno exige está por encima del máximo que el otro puede aceptar, el acuerdo nunca llegará. 

Siempre hay una alternativa: romper la negociación. Por eso los pactos solo llegan cuando el resultado para todos los negociadores es más beneficioso que no acordar. 

Pero vayamos a lo concreto, a las condiciones que este martes ha puesto sobre la mesa Carles Puigdemont. El expresident catalán ha hecho públicas las líneas maestras y sus reivindicaciones para esta negociación. Ha sido un discurso interesante, donde lo más relevante no es solo lo que se exige, también lo que se deja de pedir. Aquello que queda por encima de esas ‘siete y media’ que el PSOE puede aceptar.

Puigdemont no renuncia a un referéndum ni al derecho a la autodeterminación –no lo hará jamás–, pero lo ha colocado en una segunda etapa: no como un requisito imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez. También ha hablado de una amnistía, pero sin cerrarse a otras posibilidades con efectos equivalentes. Quiere que se acepte la legitimidad del independentismo y se abandone “la represión”. Y pide un mecanismo de seguimiento de los acuerdos y garantías, por medio de un relator.

También exige un “compromiso histórico” por parte del Estado, pero esta parte la podemos interpretar como un ejercicio retórico; Puigdemont no puede proponer otra cosa, aunque sus posturas sean más pragmáticas de lo que algunos esperaban. Es algo inconcreto, una valoración subjetiva. Es más concreto cuando habla de buscar un acuerdo compatible con la Constitución. 

Que el líder de Junts dé por bueno este límite, el de la Constitución, no es un asunto menor. Porque es el mismo marco donde ha situado Pedro Sánchez cualquier acuerdo. El presidente en funciones y los demás portavoces socialistas, de forma muy medida, han respondido con el límite constitucional cada vez que les han preguntado por esa posible amnistía, que es de lo que va esta negociación. Ambas partes están aceptando un mismo marco, aunque es obvio que los límites constitucionales no se ven de la misma manera desde el PSOE que desde Junts.

Por ahora la negociación de fondo no ha arrancado aún. Y en su discurso Puigdemont dejó abierta la puerta al otro posible novio, Alberto Núñez Feijóo, que después de unos primeros coqueteos con ese partido de “larga tradición y legalidad” –como les llamó González Pons– ha decidido (al menos por ahora) dar marcha atrás. 

La negociación está en sus primeros pasos. Pero uno de los escollos más importantes ha aflorado ya: no sólo está en el ‘qué’ sino en el ‘cómo’. En ese pago por adelantado que quiere Puigdemont: que la amnistía o equivalente se empiece a tramitar en el Congreso antes de que se vote la investidura de Pedro Sánchez. Algo que desde el PSOE dicen no estar dispuestos a aceptar.

Para entender esta petición en particular hay un contexto que no se puede olvidar. Que el partido de Puigdemont lleva cinco años orillado, mientras quien negociaba con el Gobierno era ERC. La rivalidad y competencia entre las dos grandes formaciones independentistas es imprescindible para interpretar no solo lo que pasó el 1 de octubre de 2017, sino también lo que está ocurriendo hoy.

En esos años de aislamiento político, Junts ha criticado duramente dos cuestiones que, a su juicio, hizo mal ERC. Que les daban gato por liebre, y de lo prometido con fanfarria (la mesa de diálogo, ponen como ejemplo) luego no quedaba casi nada. Y que buscaban soluciones individuales para sus líderes –como a su juicio fueron los indultos– en vez de una solución global al problema, como argumentan sería la amnistía: arreglar la situación no solo de Puigdemont o Comín, sino de cientos de personas más.

La eterna rivalidad dentro del independentismo, las críticas previas de Junts a ERC, en parte, explican las posiciones de hoy de Puigdemont. Por eso exigieron que el compromiso de defender la oficialidad del catalán, el euskera y el galego en Europa no fuera solo una promesa: que la carta del ministro Albares pidiendo formalmente esa medida a Bruselas se presentara antes de la votación de la mesa del Congreso. Es la misma lógica –el pago por adelantado– por la que ahora quieren que la amnistía empiece a correr antes que la propia investidura. 

Cumplir con ese ‘pago por adelantado’ no solo tiene sus aristas legales, sino también políticas. Porque una de las líneas rojas para el PSOE es evitar el peor escenario posible cara a una repetición electoral: que el Gobierno ceda ante Puigdemont y ni siquiera así se logre un acuerdo. Ir a nuevas elecciones en esas circunstancias sería terrible para las expectativas de Pedro Sánchez. 

En Junts llevan años preparándose para esta negociación. Y parten de una premisa muy pragmática: pedir al Gobierno lo que no te quiere dar, pero no aquello que no te puede dar. Eso no significa que esta negociación empiece y acabe con una amnistía. Quieren también hablar del fondo del asunto: la situación de Catalunya y su realidad nacional. Queda la duda de qué margen tiene el Gobierno para ello, dentro de la Constitución. 

Desde el lado del PSOE, el interés en pactar es sin duda muy alto. Saben que una repetición de las elecciones es un riesgo enorme porque, en el mejor de los casos, probablemente quedarían en un escenario muy similar al actual. 

No creo que Junts tenga miedo a una repetición electoral. Pero eso no significa que no tengan incentivos para pactar, lo que siempre significa renunciar a las posiciones maximalistas. Si no hay acuerdo, y se repiten las elecciones, Puigdemont también puede perder esa carta tan valiosa con la que juega hoy. Si la derecha y la extrema derecha suman, no tendrá nada con lo que negociar.