¿Dónde está el rey? ¿A qué espera para actuar ante el secuestro del Poder Judicial?

La enésima negociación frustrada para renovar el Poder Judicial ha servido al menos para algo: para desnudar al Partido Popular y a su supuesto líder, Alberto Núñez Feijóo. Lo ocurrido en estas pocas semanas en las que parecía que, ya por fin, el PP iba a cumplir con la Constitución, ha dejado en evidencia todas las mentiras de un intolerable abuso antidemocrático: del deterioro institucional que provoca la derecha cada vez que pierde las elecciones y se atrinchera en el Poder Judicial.

Basta con recordar algunos datos básicos de cómo hemos llegado hasta aquí. Hace casi una década que el Parlamento nombró al actual Consejo General del Poder Judicial. Fue en 2013, en la lejana mayoría absoluta de Rajoy. 

En aquel momento, la distancia entre la izquierda y la derecha en el Parlamento no podía ser mayor. Eran los años de los recortes, del rescate a la banca, de los desahucios, de los Papeles de Bárcenas, del “Luis, sé fuerte” y de los sobresueldos de M. Rajoy. Y a pesar de todo eso, el PSOE cumplió con la Constitución sin condiciones ni retrasos. Acordó la renovación del Consejo General del Poder Judicial en tiempo y forma, en un pacto donde los partidos solo negociaron sobre lo que tenían que negociar: quiénes serían los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función de las mayorías parlamentarias. Y nada más.

Lo que es normal cuando pierde las elecciones la izquierda se convierte en extraordinario cuando es la derecha quien debe dejar de mandar. Hace ya casi cuatro años que caducó el mandato del CGPJ. Y desde entonces el PP se ha atrincherado en la cúpula de la Justicia, como hacen siempre que son derrotados en las urnas. 

¿Se imaginan qué pasaría si Pedro Sánchez perdiera las elecciones y se negara a abandonar La Moncloa durante cuatro años? Pues en la práctica es igual, aunque aquí no hablemos del Poder Ejecutivo sino del Poder Judicial. El PP está ocupando la cúpula de la Justicia en contra del mandato democrático, en contra de la soberanía popular. 

Las excusas cambiantes con las que el PP ha intentado justificar este flagrante incumplimiento de la Constitución han ido apareciendo y desapareciendo. Porque ninguna de ellas fue nunca la verdadera razón para no renovar el Poder Judicial. 

En 2018, el PP acordó la renovación. Y después incumplió ese pacto, tras el revuelo que se montó por el ataque de sinceridad de uno de sus senadores, Ignacio Cosidó, jactándose de cómo uno de los suyos, Manuel Marchena, iba a controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “por detrás”. Casado se asustó por la presión de la extrema derecha: dentro y fuera de su partido. Igual que ha hecho esta semana Feijóo.

En 2019 el PP no quiso negociar, porque había varias elecciones. Y, al parecer, es mucho pedir que un partido se presente a las urnas y al mismo tiempo cumpla con la Constitución.

En 2020 el PP se volvió a negar con la excusa de que Podemos era un partido republicano. “No hay pacto posible con quien pide la abdicación del rey”, argumentó el líder del PP.

En 2021 la nueva excusa llegó de Europa y ese invento de que la Unión Europea nos obliga a cambiar la ley para que “los jueces elijan a los jueces” (Enrique Santiago, en este artículo, desmonta este bulo bastante bien). 

Y en 2022 a Feijóo le han temblado las rodillas. Ha dejado claro que no manda ni siquiera en su propio partido. Ha tirado por los suelos su liderazgo y ha salido corriendo, asustado por los insultos de Losantos, la portada de un periódico y un mensaje de Ayuso por Whatsapp.

El acuerdo estaba ya cerrado

Eran apenas doce folios. Tres documentos en total. 

El primero, un documento político: la carta donde se explicaba el acuerdo entre PSOE y PP para desbloquear el Poder Judicial.

El segundo, una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

El tercero, la lista de los 20 vocales y los 12 suplentes del nuevo CGPJ. 

Todos estos documentos, incluidos los nombres de los vocales, estaban ya cerrados, a falta de ínfimos detalles. 

En las propuestas de reformas legales PP y PSOE se comprometían a endurecer los requisitos para saltar de la política a la Justicia. Entre otras cuestiones, que no se pueda pasar del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado, o que los jueces que entren en política no puedan volver a la Justicia hasta dos años después de cesar. 

En la mesa de negociación, según aseguran distintas fuentes, nunca fue un problema ese asunto que el PP había enarbolado en los últimos años como su gran excusa para no pactar: esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que “los jueces elijan a los jueces”. Muy pronto se acordó una salida más o menos digna para el PP: mandatar al nuevo Consejo General del Poder Judicial para que aprobara una propuesta de reforma de la actual ley, y que después decidiera el Parlamento. Esa propuesta de reforma no sería vinculante, y se tendría que aprobar por mayoría de tres quintos en el CGPJ, igual que se hubiera hecho con todos los nombramientos. 

Después de casi dos años negándose a pactar la renovación del Poder Judicial con la excusa de “que los jueces elijan a los jueces”, el PP ha roto otra vez la negociación. Pero por otro motivo muy diferente. 

La excusa pública ya la conocen. Dice el PP que no puede pactar con el PSOE porque el Gobierno planea rebajar las penas por el delito de sedición. Es una falsedad, por tres motivos

El primero, que el propio PP nunca relacionó una cosa con la otra. Fue su propia portavoz, Cuca Gamarra, quien públicamente desvinculó la negociación del CGPJ de la reforma de la sedición. “Son cuestiones distintas”, aseguró.

El segundo, que la reforma del Código Penal no es tampoco una novedad. Está entre los compromisos del PSOE desde que arrancó esta legislatura. Decir que rompes por estos planes de reforma de la sedición es como poner de excusa que Pedro Sánchez gobierna con Podemos: algo que el PP ya sabía cuando se sentó a negociar.

El tercero, que la principal razón para reformar las penas por sedición es que España cumpla con los estándares europeos. Somos uno de los países de Europa con condenas de cárcel más duras por unos delitos que, fuera de nuestras fronteras, solo se castigan cuando existe violencia. Y la prueba de que las penas de sedición son anómalas en España está en las sucesivas derrotas judiciales que ha sufrido el Tribunal Supremo español en Alemania, en Suiza, en Bélgica o en Reino Unido cuando han intentado detener a Puigdemont y compañía.

La razón por la que Alberto Núñez Feijóo ha decidido abortar el acuerdo cuando estaba cerrado no es tampoco que el PP no ganara nada con el pacto. De hecho los compromisos que asumía el PSOE ya eran un triunfo para ellos. ¿En qué otro país se percibe como normal que la oposición se avenga a cumplir la ley solo si logra pactar algunas reformas a cambio? 

Nadie pedía al PP un “pacto de Estado”. No hacía falta. Bastaba con que cumpliera con la ley. Si el PSOE negoció con ellos un acuerdo más amplio fue para darles una pista de aterrizaje, tras cuatro años incumpliendo la ley. Y porque no tenían otra alternativa. 

Que, tras llegar a un acuerdo, el PP lo rompa agregando una condición más (que no se toque la sedición) ya es del todo insultante. Quien reforma el Código Penal, o la Ley Orgánica del Poder Judicial, es la mayoría del Parlamento, no la minoría en la oposición. ¿Por qué habría que dar más caramelitos al PP para que se avenga a respetar la Constitución? 

Y la verdadera razón por la que el PP ha decidido hacer volar por los aires el acuerdo cuando ya estaba todo cerrado y con excusas de mal pagador es tan evidente como imposible de negar. El acuerdo se ha roto por la presión de la derecha reaccionaria: en los medios y en el Partido Popular. Por los planteamientos protogolpistas de una derecha que niega la legitimidad del Gobierno elegido democráticamente por los españoles. Por la debilidad de un líder que, esta semana, ha enterrado toda su credibilidad.

Los mismos medios que mataron a Casado cuando se enfrentó a Ayuso han dejado claro a Feijóo quién manda en la derecha española. La presidenta de Madrid ha vuelto a demostrar quién controla a los medios conservadores de Madrid. ¿Hay algo más humillante que las palabras de Losantos recordando a Feijóo para qué “se le trajo”? Solo una cosa: la exhibición pública de la victoria que ha hecho Ayuso, al filtrar a todos los medios que ella también se lo ordenó por whatsapp. 

Después de esto, ¿qué margen de maniobra en su propio partido le queda a Núñez  Feijóo? ¿Qué discurso? ¿Qué liderazgo puede presentar?

¿Qué supuesto “estadista” es aquel que se salta la ley, y que cede ante quienes se sitúan con su forma de actuar fuera de la democracia, al no reconocer la legitimidad de las urnas más que cuando ellos ganan las elecciones?

Pero seamos sinceros: tras cuatro años de secuestro de la Justicia, llegados a este colapso institucional, no es solo el PP quien está ignorando su mandato constitucional.

La responsabilidad de Felipe VI

Artículo 56 de la Constitución: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.

Definamos “funcionamiento regular de las instituciones”. ¿Se puede calificar como tal una Justicia cuyo máximo órgano de gobierno lleva cuatro años con el mandato caducado por el incumplimiento del PP? ¿A un Tribunal Supremo al borde del colapso porque faltan decenas de plazas por cubrir? ¿A un Tribunal Constitucional también bloqueado por un grupo de vocales en el Poder Judicial que igualmente se están saltando la ley que les obliga a nombrar? 

Hace ya mucho tiempo que la situación de la Justicia en España es del todo intolerable por la irresponsabilidad de la derecha. Se está poniendo en serio riesgo la estabilidad del país, la credibilidad de sus instituciones y la misma esencia de la democracia: el respeto por la soberanía popular, de la que también emana el CGPJ –como asegura el preámbulo de la ley que aprobó el PP–. Y mientras Europa intenta moderar y arbitrar, el jefe del Estado español –quien realmente tiene esa responsabilidad constitucional– no se da por aludido.

Si el PP sigue sin renovar, si no lo hace hasta que por fin gane las elecciones, ¿en qué situación quedaría la Justicia? “Si eso ocurre, el PSOE se negará a renovar el Consejo con otra mayoría distinta a la del Parlamento actual”, aseguran desde el Gobierno. Y no es para menos. Porque si las elecciones son dentro de un año, como parece probable, este CGPJ habría doblado su mandato. Son cinco años y estarían como poco diez.

Los monárquicos dicen siempre esto de que “el rey no debe meterse en política”. Pero es que esto no es política: esto es saltarse las normas democráticas a la torera, con alevosía e impunidad. Esto es alterar el “funcionamiento regular de las instituciones” de forma grave. 

El rey podría haber hecho alguna gestión privada. No consta que tal cosa haya ocurrido. Distintas fuentes del Gobierno y de la oposición aseguran que “no ha intervenido en esta cuestión”. Ni ha estado ni se le espera.

Pero también podría hacerlo en público. Igual que lo hizo con su discurso en 2017, ante la crisis catalana. Aunque parece que la unidad de España es un principio constitucional muchísimo más importante que la soberanía popular.

¿A qué espera el rey para actuar? Con su silencio está tomando partido. Una vez más.

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