Si Ayuso fuera catalana

Imaginen, es un suponer, qué ocurriría si el president catalán le dijese a un ministro del Gobierno de España que no es bienvenido en un acto institucional de la Generalitat. Que finalmente aceptara su presencia a regañadientes, cuando el ministro se empeñara en asistir. Que le llamaran ‘okupa’ por presentarse allí. Y que un alto cargo de la Generalitat le bloqueara el acceso a la tribuna oficial, saltándose la ley.

¿Qué leeríamos en la prensa? ¿Qué dirían las tertulias? ¿Qué escucharíamos en el Congreso? ¿Qué plantearían algunos jueces y fiscales si esto lo hubiera hecho la Generalitat de Pere Aragonés, de Quim Torra o de Carles Puigdemont?

Lo que ha pasado este 2 de Mayo en la Comunidad de Madrid puede parecer anecdótico: una nueva provocación electoralista de Isabel Díaz Ayuso; un paso más en su estrategia de confrontación. “No había hueco para todos en la tribuna”, dicen ahora desde la Comunidad de Madrid“ para explicar por qué se cerró el paso al ministro Félix Bolaños, incumpliendo el Real Decreto 2099/1983 que regula el protocolo de todo acto institucional. Y es cierto, no todos cabían, pero quien sobraba en esa tribuna era Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, que nunca tuvo ese puesto de honor el 2 de Mayo cuando era Pedro Sánchez quien ejercía ese papel. Esto es algo que solo ocurre cuando es el PP quien lidera la oposición.

La legislación al respecto es tan clara que no admite mucha interpretación. Tampoco es discutible la intencionalidad política del PP. Lo ocurrido no es un desplante a Bolaños: es un desprecio al Gobierno de España, al que representaba este ministro en ese acto oficial. Un Gobierno que, en este tipo de celebraciones, representa a todos los españoles. Del mismo modo en que Isabel Díaz Ayuso, en su comportamiento institucional, debería representar a todos los madrileños, y no solo a los que votan al PP o a Vox.

Es una nueva deslealtad de alguien que considera que PP y Comunidad de Madrid son sinónimos. Que trata el día oficial de la Comunidad de Madrid como si fuera una fiesta privada del partido, donde está reservado el derecho de admisión. 

Cada peldaño que sube el PP por la peligrosa escalera de la deslegitimación institucional parece pequeño, porque lo comparamos con la provocación anterior. Pero hace tiempo que la derecha española se ha vuelto antisistema y está bordeando una pendiente peligrosa, que dinamita la convivencia y la estabilidad del país del mismo modo en que en Brasil o Estados Unidos lo hicieron antes Jair Bolsonaro o Donald Trump.

Todo apunta en una misma dirección: la del “gobierno ilegítimo”. Un gobierno ‘social comunista’ al que se puede vetar impunemente de los actos oficiales. Un gobierno al que hay que “derogar”, como dice Alberto Núñez Feijóo. Un gobierno capaz de encarcelar a los opositores, como llegó a afirmar Ayuso, y que planea acabar con el orden constitucional. Un gobierno contra el que todo vale. 

El 21 de diciembre de 2022, Alberto Núñez Feijóo se reunió con los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil. Apenas una hora más tarde, y desde la misma sede del PP, esos mismos sindicatos acordaron una serie de movilizaciones contra el Gobierno. Porque no les gustaba una ley.

El 18 de abril de 2023, Feijóo se volvió a reunir, en secreto, con la principal asociación de fiscales. Y seis días más tarde, esa misma asociación profesional conservadora fue una de las principales convocantes de una inédita huelga indefinida de jueces y fiscales. Inédita, porque será en plena campaña electoral. Inédita, porque las asociaciones progresistas de jueces y fiscales se han desmarcado de esta movilización.

Jueces y fiscales tienen razones para protestar. Por la saturación de los juzgados, que en muchos casos están colapsados. O por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial –aunque esa protesta tendría que ser contra el PP y no contra el Gobierno–. Pero es bastante anómalo que esa convocatoria se produzca sin escuchar siquiera al Gobierno, que ha citado a las asociaciones este miércoles para negociar. Es una huelga indefinida como primera medida de presión. Una huelga cuyas prisas solo se explican porque, en cuatro semanas, toca votar.

Aunque en esa reunión con fiscales conservadores que desveló El País lo menos grave es lo que dijo Feijóo. ¿Es normal que un fiscal del Supremo se crea las teorías de la conspiración que alienta la derecha sobre Indra y la manipulación de las elecciones? ¿En qué se basan estos fiscales para cuestionar la legitimidad democrática de este Gobierno por pactar con partidos vascos y catalanes? ¿Qué habría pasado si un grupo de fiscales progresistas, frente a un Gobierno del PP, actuara de esta misma manera?

Pues pasaría exactamente lo mismo que ocurriría si fuera la izquierda quien bloqueara la renovación del CGPJ, incumpliendo la Constitución. O lo mismo que ocurriría si Ayuso fuera la presidenta de Catalunya y vetara al Gobierno de un acto oficial. 

Hay una parte del Estado, colonizado por la derecha, que cree que España es de su propiedad. 

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