Ante el desafío de la emergencia climática, cada vez más gobiernos de ámbito estatal, autonómico o municipal están apostando por la deliberación ciudadana a través de asambleas y otros ejercicios de organización democrática. En Europa, distintos países, entre ellos Francia, Reino Unido, Irlanda, Escocia, Alemania o Dinamarca, han puesto en marcha mecanismos de deliberación para asegurar que la transición ecológica se haga en clave de justicia social.
En el caso del Estado español, la Asamblea Ciudadana para el Clima es una experiencia de democracia deliberativa que ampara la Ley de Cambio Climático de 2021, y cuyo mandato, iniciado en diciembre del 2021 y concluido un año después, consistió en elaborar recomendaciones para “lograr una sociedad más justa y segura frente al cambio climático”. Compuesta por 100 personas seleccionadas al azar para representar a la sociedad, y tras varias sesiones de trabajo, asesoradas por personas expertas, desarrollaron un documento final con 172 recomendaciones que se presentó al Congreso de los Diputados.
Además de la Asamblea Ciudadana para el Clima a nivel estatal, se han llevado a cabo otras asambleas a diferentes escalas, como son las de Illes Balears, de Gipuzkoa y Navarra, la más reciente, y de capitales como Bilbao y Barcelona, entre otras.
Una Asamblea ciudadana climática es un ejercicio de democracia deliberativa que permite escuchar la opinión formada sobre la emergencia climática de una muestra representativa de la ciudadanía que encarna el conjunto de intereses existente en la sociedad, con el objetivo de emitir recomendaciones y/o propuestas de política pública al Gobierno, al Parlamento y a la sociedad en general.
La OCDE, en colaboración con un grupo internacional de importantes profesionales de la administración pública, la sociedad civil y la universidad, ha publicado los criterios de mejores prácticas en los procesos deliberativos de toma de decisiones públicas, algunos de los cuales son:
En lo que respecta a Navarra, la Asamblea Ciudadana del Clima se desarrolló desde febrero hasta mediados de junio del presente año y su constitución es un compromiso recogido en la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética.
La Asamblea Ciudadana del Clima de Navarra, en la que formé parte del Grupo de Personas Expertas (GPE), no cumplió algunas de las características que he señalado anteriormente, aunque en otras sí. Así, por ejemplo, no se contempló que sus decisiones fueran vinculantes, y las 30 personas participantes -en un inicio iban a ser 50- que finalmente representaron la diversidad del territorio en cuanto a edad, género, nivel de estudios o lugar de residencia, no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.
La asamblea a partir de la pregunta “¿qué debemos hacer en Navarra ante el cambio climático de manera efectiva y socialmente justa?”, y a lo largo de once sesiones desarrolló propuestas que tengan en cuenta el cambio climático en áreas como la ordenación territorial, la agricultura y ganadería, el consumo, la movilidad, la energía, la biodiversidad y ecosistemas, la responsabilidad empresarial…, que concluyeron con la aprobación por votación de 106 propuestas. El próximo día 16 de diciembre la Asamblea Ciudadana de Cambio Climático presentará ante el Parlamento de Navarra el informe de recomendaciones y propuestas, y a partir de ahí serán las administraciones quiénes decidan si se aplican o no.
De estas 106 propuestas, se priorizaron quince por su importancia y prioridad, que van desde la reducción del uso de energía, materiales y consumo además de impulsar “políticas de decrecimiento”, hasta la renaturalización y restauración ecológica de espacios degradados, aplicación de una fiscalidad ambiental efectiva mediante impuestos y otras medidas que desincentivan la contaminación y promueven prácticas sostenibles, regulación de explotaciones y macrogranjas, incremento del presupuesto y personal para medio ambiente y biodiversidad…
En lo que respecta a Euskadi, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático, el Gobierno Vasco debe configurar “una Asamblea Ciudadana en Euskadi que sea un foro para generar reflexión y conocimiento colectivo en materia de transición energética y cambio climático”.
La composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana de Euskadi serán reguladas mediante un decreto tal y como establece la ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, y deberá seguir las directrices sobre participación ciudadana de diversos organismos internaciones, anteriormente enumeradas. En este sentido difiere de la Asamblea Ciudadana del Clima en Navarra, en la cual las personas participantes no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.
En lo qué si las dos Asambleas Ciudadanas del Clima coinciden, la vasca y la navarra, es en que las propuestas que se hagan por parte de los asambleístas no contemplan que sus decisiones sean vinculantes, a partir de lograr un nivel de consenso cualificado tal y como reclamaron las organizaciones ecologistas y otros organismos.
Ante el cambio climático, es más necesario que nunca establecer herramientas de participación democrática reales de forma estable, representativas de la diversidad social y con capacidad vinculante. Un espacio institucionalizado donde ciudadanía, actores sociales y comunidad científica diseñen, supervisen y controlen cuestiones tan relevantes como la reducción de emisiones o las políticas de adaptación.
Sobre este blog
Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
0